Marcela Pagano denunció penalmente a Manuel Adorni por el presunto uso de recursos estatales tras su salida del Gobierno

• Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Manuel Adorni por el presunto uso de recursos estatales tras dejar su cargo.
• La legisladora solicitó que la Justicia investigue la utilización de custodia y vehículos oficiales luego de la renuncia del ex funcionario.
• La denuncia también alcanza a quienes habrían autorizado o mantenido esos recursos desde el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal.
• El escrito menciona de manera preliminar posibles delitos cuya existencia deberá ser evaluada por la Justicia.
• Hasta el momento no trascendió una respuesta pública de Manuel Adorni sobre la presentación judicial.
• La Justicia Federal deberá determinar si corresponde impulsar la investigación y establecer si existieron irregularidades.

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por el presunto uso irregular de recursos del Estado luego de haber dejado su cargo. La presentación sostiene que el ex funcionario habría continuado utilizando vehículos oficiales y personal de custodia después de que se hiciera efectiva su renuncia, situación que, según la legisladora, deberá ser investigada para determinar si existió alguna irregularidad.

La denuncia se conoce en un contexto de fuerte exposición judicial para Adorni, quien dejó la Jefatura de Gabinete el pasado 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Su salida del Gobierno coincidió con distintas investigaciones judiciales impulsadas en las últimas semanas, lo que incrementó la atención sobre su situación.

A través de sus redes sociales, Pagano explicó los motivos que la llevaron a recurrir a la Justicia. La diputada sostuvo que, mientras la población afronta dificultades económicas, no corresponde que un ex funcionario continúe utilizando recursos públicos destinados al ejercicio de funciones oficiales si ya no ocupa un cargo dentro de la administración nacional.

En ese sentido, afirmó que el objetivo de la presentación judicial es que se determine si existió un uso indebido de bienes del Estado y remarcó que los beneficios vinculados al ejercicio de una función pública no deberían mantenerse una vez finalizado el mandato, salvo que exista un fundamento legal que así lo disponga.

La denuncia no se dirige únicamente contra el ex jefe de Gabinete. El escrito también solicita que se investigue la eventual responsabilidad de funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Policía Federal Argentina que, según la presentación, podrían haber autorizado o mantenido la asignación de custodia y vehículos oficiales una vez concluido el desempeño de Adorni en el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el texto presentado por la legisladora, tras la publicación del decreto que formalizó la renuncia del entonces funcionario habría cesado el título jurídico que justificaba el acceso a los recursos estatales vinculados con el cargo. A partir de esa interpretación, la diputada considera que corresponde analizar si las decisiones adoptadas posteriormente se ajustaron a la normativa vigente.

La presentación judicial menciona, de manera preliminar, posibles figuras penales que podrían ser objeto de investigación, entre ellas peculado de servicios, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. No obstante, la calificación definitiva dependerá de la evaluación que realice la Justicia durante el desarrollo del expediente.

Según el planteo efectuado por Pagano, la continuidad en el uso de custodia policial y de un vehículo oficial con posterioridad a la renuncia constituiría un hecho que merece ser esclarecido mediante la correspondiente investigación judicial. La diputada acompañó su denuncia con distintos elementos que, a su criterio, justificarían la apertura de actuaciones.

Por el momento, no se conoció una respuesta pública de Adorni respecto de esta nueva presentación judicial. Tampoco trascendieron medidas adoptadas por el juzgado interviniente en relación con el inicio de la investigación.

El caso se suma a otros expedientes vinculados con el ex funcionario y vuelve a colocar el foco sobre el uso de recursos públicos por parte de quienes dejan de desempeñar funciones dentro del Estado. A partir de ahora será la Justicia Federal la encargada de analizar los elementos aportados por la denunciante, determinar si corresponde impulsar la investigación y establecer si existieron o no conductas que puedan configurar algún tipo de responsabilidad penal.

Mientras tanto, el expediente inicia su recorrido judicial con el objetivo de esclarecer si la utilización de custodia y vehículos oficiales luego de la renuncia se ajustó a las disposiciones legales vigentes o si, por el contrario, existieron irregularidades que ameriten una eventual imputación.