Santa Fe se prepara para el nuevo régimen penal juvenil: desde septiembre alcanzará a adolescentes desde los 14 años

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzará a aplicarse en todo el país el próximo 5 de septiembre y establecerá un cambio significativo en la edad a partir de la cual los adolescentes pueden quedar alcanzados por un sistema de responsabilidad penal. Desde el Gobierno de Santa Fe aseguraron que la provincia ya cuenta con la estructura necesaria para implementar la nueva normativa.

La vocera del Ejecutivo santafesino, Virginia Coudannes, afirmó este miércoles que la administración provincial viene trabajando en la adecuación del sistema por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro.

"Santa Fe está preparada para afrontar la baja de imputabilidad", sostuvo durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno. Según explicó, la Provincia dispone de "la infraestructura, los cargos, las oficinas y los recursos humanos" necesarios para comenzar a aplicar el nuevo esquema.

Qué cambia con la nueva ley

La Ley 27.801 establece un régimen específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años. De esta manera, la edad mínima para quedar comprendido dentro del sistema baja de los 16 a los 14 años.

La modificación no significa que todos los adolescentes de 14 años que cometan un delito vayan automáticamente a prisión. El nuevo régimen contempla diferentes respuestas de acuerdo con la gravedad del hecho y las circunstancias particulares de cada caso.

Entre las alternativas previstas aparecen la amonestación, la reparación del daño, los trabajos comunitarios y el monitoreo electrónico. También existen distintas modalidades de privación de la libertad para aquellos casos en los que la Justicia determine que corresponde una medida de ese tipo.

En Santa Fe ya funcionan establecimientos de régimen abierto, mientras que los centros de puertas cerradas tendrán características similares a las de un sistema penitenciario.

Coudannes sostuvo que la provincia cuenta con capacidad estatal para adaptarse a los cambios y aseguró que se encuentra en condiciones de aplicar las nuevas disposiciones desde el inicio de su vigencia.

El Gobierno destacó los operativos contra el narcomenudeo

Durante la misma conferencia, la vocera también realizó un balance de los últimos procedimientos de seguridad desarrollados en Rosario.

Según informó, en un período de cinco días la Policía de la Unidad Regional II secuestró más de cuatro kilos de cocaína y marihuana compactadas, además de unas 2.000 dosis de ambos tipos de estupefacientes.

Los operativos incluyeron detenciones y permitieron incautar drogas cuyo valor fue estimado por el Gobierno provincial en aproximadamente 35 millones de pesos.

La funcionaria relacionó estos resultados con la estrategia de seguridad implementada por la gestión de Pullaro y destacó particularmente los patrullajes preventivos y los controles de personas y vehículos.

De acuerdo con su explicación, estas herramientas permiten detectar movimientos vinculados con la venta de drogas y anticiparse a posibles maniobras delictivas.

Comparación de los homicidios

Coudannes también volvió a utilizar las estadísticas de homicidios para contrastar la actual política de seguridad con la situación registrada durante la administración anterior.

Según los números difundidos durante la conferencia, en 2023 la provincia contabilizaba 259 homicidios en el período mencionado, mientras que durante 2026 se registran hasta el momento 94.

La funcionaria atribuyó la reducción a las políticas implementadas por la actual gestión y destacó la continuidad de los operativos preventivos y de las acciones destinadas a combatir las organizaciones criminales.

Cococcioni defenderá una iniciativa en el Congreso

En paralelo, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, participará de una exposición ante la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados de la Nación.

El funcionario presentará los lineamientos de un proyecto impulsado por integrantes de Provincias Unidas y elaborado con aportes de la cartera santafesina. La iniciativa busca ampliar las facultades de las provincias para intervenir frente a delitos relacionados con estupefacientes.

Uno de los puntos centrales está vinculado con la necesidad de precisar las competencias entre los casos de microtráfico y aquellos que corresponden al narcotráfico.

Desde Santa Fe sostienen que existen situaciones judiciales complejas en las que resulta difícil establecer con claridad dónde termina una competencia y comienza la otra.

La propuesta pretende avanzar sobre esa problemática y otorgar mayores herramientas a las provincias para intervenir contra las distintas modalidades del delito relacionado con las drogas.