El Gobierno define el futuro de 35 aeropuertos: analiza extender hasta 2066 la concesión de Aeropuertos Argentina 2000

• El Gobierno analiza extender hasta 2066 la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 sobre 35 terminales aéreas.
• La concesión vigente tiene plazo hasta 2038 y fue prorrogada durante la pandemia ante la caída del tráfico aéreo.
• La empresa sostiene que necesita un horizonte contractual más extenso para justificar nuevas inversiones en infraestructura.
• La relación laboral previa entre Javier Milei y Eduardo Eurnekian constituye un antecedente relevante dentro de la discusión.
• El Ejecutivo puede avanzar con una extensión directa o convocar a una licitación para incorporar nuevos operadores.
• La decisión definirá durante décadas el modelo de administración de una parte central de la infraestructura aeroportuaria argentina.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta una decisión estratégica para el futuro del sistema aeroportuario argentino: extender por casi tres décadas la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) o abrir la administración de 35 terminales aéreas a un nuevo proceso de licitación que permita el ingreso de otros operadores.

La concesión que actualmente mantiene la empresa vinculada al grupo Corporación América tiene vigencia hasta 2038. Sin embargo, sobre la mesa del Poder Ejecutivo aparece la posibilidad de extender ese plazo hasta 2066, una modificación de gran magnitud que definiría durante las próximas cuatro décadas quién tendrá a su cargo una parte sustancial de la infraestructura aeroportuaria nacional.

La empresa sostiene que una ampliación del horizonte contractual resulta necesaria para garantizar nuevas inversiones y avanzar con obras de infraestructura en los aeropuertos que administra. El argumento central está relacionado con la necesidad de contar con un período suficientemente extenso que permita recuperar las inversiones realizadas y las que eventualmente se incorporen al esquema de concesión.

El planteo adquiere una relevancia adicional por los antecedentes de la relación entre el Presidente y Eduardo Eurnekian, titular del grupo Corporación América. Antes de iniciar su carrera política, Milei trabajó durante varios años como economista jefe y asesor financiero de compañías vinculadas al empresario, entre 2008 y 2021.

Esa relación laboral había generado restricciones éticas para la intervención presidencial en determinadas decisiones relacionadas con su antiguo empleador. El período de inhibición finalizó en diciembre de 2024, por lo que actualmente el Poder Ejecutivo tiene capacidad formal para intervenir en una eventual definición sobre la concesión.

El escenario que analiza la administración nacional contempla dos caminos claramente diferenciados. El primero consiste en avanzar con una extensión directa del contrato, mecanismo que permitiría garantizar la continuidad del operador actual y establecer un nuevo horizonte temporal hasta 2066.

La otra alternativa implica convocar a una licitación para definir quién administrará las terminales una vez que finalice el período vigente. En ese caso, AA2000 debería competir con potenciales nuevos operadores interesados en ingresar a un negocio que involucra algunos de los principales aeropuertos del país.

La discusión no se limita al plazo contractual. También involucra el modelo de gestión de una infraestructura considerada estratégica para el transporte, el turismo y el desarrollo de actividades comerciales. Una concesión extendida hasta 2066 representaría un compromiso de largo plazo entre el Estado y el operador privado, con consecuencias sobre futuras administraciones y sobre la planificación de inversiones durante décadas.

En el Ejecutivo ya habría avanzado la elaboración de un acta destinada a formalizar la eventual prórroga. Según el esquema analizado, el documento debería atravesar las instancias administrativas correspondientes y contar con las firmas necesarias para adquirir vigencia.

La posibilidad de avanzar mediante una extensión directa es precisamente uno de los puntos más sensibles de la discusión, debido a que evitaría una nueva competencia por las concesiones. Una licitación, en cambio, permitiría comparar propuestas de diferentes empresas y establecer nuevas condiciones económicas y operativas para la explotación de las terminales.

El Gobierno deberá ponderar, por lo tanto, las necesidades de inversión planteadas por la actual concesionaria frente a la posibilidad de abrir el negocio a nuevos jugadores. La decisión también tendrá una dimensión fiscal y contractual, ya que una eventual renegociación deberá establecer las condiciones económicas, las obligaciones de inversión y los derechos del Estado durante el nuevo período.

El debate se produce además en un contexto en el que la administración de Milei busca profundizar la participación privada en sectores de infraestructura y reducir la intervención directa del Estado en distintas actividades económicas. Bajo esa lógica, el futuro de la concesión aeroportuaria se transformó en una definición relevante dentro de la política de infraestructura.

La decisión final corresponderá al Poder Ejecutivo. Si se concreta la extensión hasta 2066, AA2000 conservará durante décadas la administración de las terminales involucradas. Si se opta por una licitación, comenzará una competencia que podría modificar el mapa empresarial del sistema aeroportuario argentino.