El uso político del juicio a la Corte Suprema marca un quiebre institucional

OPINIÓN Por Jorge Grispo**
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Alberto Fernández, el autopercibido profesor de Derecho, está haciendo un uso indebido de información obtenida por medios presumiblemente ilícitos y de cuya legitimidad nadie puede dar fe o corroborar. En estas circunstancias recurrió, nada más y nada menos, a una cadena nacional para informar al pueblo de que avanzaría con una denuncia por el affaire Lago Escondido. En su raid anunció que no acataría un fallo de la Corte Suprema, para desdecirse poco después. Ahora, en una patriada que lo encuentra más grogui que nunca, embiste con la iniciativa de un juicio político contra los cuatro ministros que integran el máximo tribunal. El Presidente no solo incumple su promesa de acabar con la grieta que divide a nuestra sociedad, la está agravando al hacer una cuestión de “Estado” de la pelea de Cristina Kirchner con el máximo tribunal y reeditar, en paralelo, la vieja cruzada de unitarios y federales que tanto daño le hizo a nuestro país. El Presidente Alberto Fernández hace de la impericia su tarjeta de presentación.

La cruzada que encabeza el Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial nos sumerge a todos los argentinos en una irresponsable manipulación política de las instituciones, dejando a la Nación entera al margen de la ley. La cuestión de fondo es gravísima. No es casualidad que sea posterior a que se conociera la condena que dictó el Tribunal Oral Federal Nro. 2 contra CFK, con una pena de seis años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, accesorias y costas. Lo que hay detrás de todo este huracán de excremento contra la Corte Suprema no es ni más ni menos que la aplicación práctica a un problema particular de la teoría del caos. Todo cambió desde el día en que se conoció la sentencia condenatoria, y se va a agravar aún más, cuando en breve (mediados de marzo) se den a conocer los fundamentos del fallo.

El caos institucional es de vital importancia para los feligreses del Instituto Patria en tanto les permite sostener la “inocencia” de su líder indiscutida bajo el argumento del lawfare. A su vez para CFK autoexcluirse de las elecciones que se llevarán a cabo este año, le facilita quedar al margen del muy probable desastre electoral que enfrentarán sus soldados en las urnas. Con ella afuera, nadie la puede culpar de la derrota y al mismo tiempo busca mantener el poder decisorio de su “dedo”, más no sea en la ilusa creencia de que sigue siendo la mujer poderosa que supo despreciar a todo el partido peronista. Un lujo que ahora, transitando su decadencia personal, no se puede dar. CFK sabe que si es derrotada electoralmente su suerte estará definitivamente sellada. Lo que ella llama proscripción en realidad es autopreservación. De seguro va a extrañar y mucho los fueros.

Es muy claro que el juicio político no va a prosperar, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios en ambas cámaras, y, además, desde el aspecto técnico-jurídico la figura de “mal desempeño en el cargo” resulta absolutamente inviable, ya que no constituye esa causal fallar “contra” los intereses de una facción política. Está de más decirlo, pero vale la aclaración, las sentencias cuestionadas que fueron dictadas por nuestro máximo tribunal son, jurídicamente hablando, impecables. Luego se podrá o no compartir lo decidido, pero, precisamente para eso está la Justicia, para aplicar la ley, le guste o no al poder de turno, un aspecto de la vida en democracia que el auto percibido profesor de derecho y presidente de la Nación no puede ni debe ignorar.

Desde el oficialismo recurren al cliché de la gravedad institucional siendo precisamente la evidencia más clara de que en realidad estamos presenciando una manipulación política de las instituciones como nunca antes tuvimos en democracia. Atacar a la Justicia como lo hace la feligresía cristinista representa un embate directo a las instituciones, a la sana convivencia en democracia y al futuro mismo de todos los argentinos. Lo que para el presidente Fernández es un “avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República” es en realidad el cumplimiento del ejercicio de las funciones constitucionales que tiene el máximo tribunal. Con palabras carentes de sustento real, el Presidente hace un daño tremendo a la institucionalidad de la Nación de manera artera e irresponsable.

Es inentendible, desde la lógica jurídica, sostener que una decisión legítima, realizada en un proceso que se llevó adelante con todas las garantías constitucionales, importe una “intromisión” del Poder Judicial en otro poder del estado. Ese tipo de planteos solo llevan confusión a la población, dividiendo las aguas entre ellos (los malos) y nosotros (los buenos). Alberto Fernández, una vez más (¿y van?), está errando el camino. Pierde el foco para esconder tras sus batallas innecesarias el fracaso de su gobierno. Exhibe peleas porque no pueden mostrar éxitos en la gestión. Además de resultar funcional a los intereses de CFK, para quien cualquier “piedra” que se tire sobre el Palacio de Justicia es útil en su estrategia de horadar la credibilidad de quienes terminarán, en poco tiempo más, dictando el fallo final en la causa donde ya fue condenada por corrupción.

La situación límite a la que alude el Presidente en su diatriba contra la Corte Suprema, no es precisamente la que dicen sus palabras (“Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí; planteé que la Justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite”), por el contrario, ese límite está dado por la torpeza con que gobernó los destinos de la Nación. El Presidente no habla de la inflación, del precio del dólar, de la pobreza, de la des-educación de nuestros chicos, ni del narcotráfico. Elige a la Corte como culpable de todos sus males, cuando en realidad es él mismo al haber aceptado un cargo para el cual, claramente, no estaba preparado.

Para que tengamos una real magnitud de la gravedad institucional, el juicio político es una herramienta que prevé nuestra Constitución Nacional para remover de su cargo al Presidente de la Nación, a la Vicepresidente y a los ministros de la Corte Suprema. La decisión solo puede ser tomada si es votada favorablemente por dos tercios de la Cámara de Diputados y de Senadores. No es un juicio de carácter penal. Se trata de “destituir” al funcionario en cuestión. El Presidente nos ha sumergido a todos los argentinos en un mar de anarquía institucional, en la peor decisión de todas las que tomó hasta ahora en su deplorable gestión de gobierno. Esperemos que Dios y la Patria se lo demanden.

 

* Abogado, especialista en Derecho Corporativo, autor de numerosos libros y publicaciones

** Para www.infobae.com

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