"Hacete amigo del "FISCAL", no le des de qué quejarse..."

Se agrupan, cooperan y tiran para su lado: así gana un equipo en el juego de soga. Y más o menos así, también, se va a resolver la elección de las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública de esta provincia, cuyos mandatos, entre ellos el del fiscal general, Jorge Baclini, vencen en abril. Los equipos enfrentados no están delimitados principalmente por afinidades partidarias sino, sobre todo, por diferencias territoriales. De un lado de la cinta a cruzar está Rosario y del otro, Santa Fe.

Esa disputa regional es la misma que, desde hace años, tiene la Corte Suprema santafesina y que, de manera muy diplomática, resuelve alternando anualmente la procedencia de quien preside el máximo tribunal. Si un año le toca a un santafesino, el siguiente es para alguien oriundo de Rosario. Y es que por sobre las simpatías políticas, prima la familia judicial donde cada uno hizo carrera.

Con el comienzo del año, el Poder Ejecutivo completó el sorteo para el armado de los jurados de cada una de las categorías y se reactivó la contienda. Los concursos, con postulantes de distintos puntos de la provincia, ponen en juego mucho más que una lista de nombres sueltos entre los cuales el gobernador Omar Perotti deberá elegir para enviar a la Asamblea Legislativa. Entre los candidatos y las candidatas hay favoritos y padrinazgos que pretenden esos puestos decisorios para engrosar la tropa propia.

El concurso es seguido muy de cerca por la Corte Suprema de la Justicia de la provincia, y especialmente por el juez y expresidente Rafael Gutiérrez, quien presiona y quiere poner al camarista Roberto Prieu Mántaras como Fiscal General del organismo, ambos santafesinos. En cambio, en el equipo que tracciona para Rosario está el ministro Daniel Erbetta y también Baclini, quien ve con buenos ojos la candidatura del camarista Javier Beltramone para su reemplazo. La historia marca también ésta dinámica. El primer fiscal general de la provincia fue el santafesino Julio de Olazábal, que inauguró el histórico paso al nuevo sistema procesal penal en 2014.

Tribunales adentro, sostienen que, entre los y las postulantes, no hay perfiles con una ideología partidaria explícita. De algunos se conocen afinidades, pero no una militancia directa y, en cambio, todos tienen un historial largo en la Justicia y de pertenencia al círculo rojo judicial. El poder territorial implica la administración de todos los recursos del MPA y la decisión sobre a qué zonas se distribuye, qué delitos se prioriza, cuáles son las compras de insumos y para qué regional.

En algunos casos, además, la instancia de cargos de conducción dentro del Ministerio Público se lee como un paso previo para una futura integración de la Corte. El ejemplo es el de la fiscal regional interina de Rosario, María Eugenia Iribarren, hoy anotada en la carrera para renovar su cargo y quedar como titular, pero también en competencia por la Fiscalía General. Hay quienes la ven como candidata, a futuro, para integrar el máximo tribunal, tal como lo hizo su padre Casiano Iribarren.

En el caso de la Fiscalía Regional 1, circunscripción Santa Fe, la elección se presentan más compleja. Su titular actual, Carlos Arietti, sólo concursa para la Fiscalía General, no para renovar su puesto. Entre los candidatos a sucederlo, está el fiscal Jorge Nessier y el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, que garantizarían continuidad a su gestión. Sin embargo, en el caso de Vigo no es del paladar de Perotti. De hecho, fue uno de los primeros en enfrentarse duramente con el exministro de Seguridad Marcelo Sain.   

Para el Servicio Público de Defensa, el tironeo Santa Fe - Rosario también es potente y tiene dos candidaturas fuertes: uno río abajo y la otra, río arriba. Gustavo Franceschetti es el defensor regional N°2 y ha tenido enfrentamientos conocidos, sobre todo respecto de cómo descentralizar el trabajo de las defensas, con la defensora general Jaquelina Balangione. Por eso, en los pasillos de tribunales se dice que la santafesina tiene sus fichas puestas en la defensora regional de Rafaela, Estrella Moreno, para sucederla.  

Con los tiempos pisados en enero, se estima que recién en febrero se reactivarían los concursos. A partir de allí, el Consejo de Magistratura elevará una terna y entones, se abre un abanico de negociaciones. El Poder Ejecutivo elegirá un nombre por cada cargo para enviar a la Asamblea Legislativa que, con interlocutores de todos los poderes, legisladores de ambas cámaras y con consultas al Poder Judicial decidirá si lo aprueba o no. Y es que todos y todas quieren tirar de esa cuerda que ya está bastante tensa. 

 Con información de Letra P, sobre una nota de Gabriela ALBANESI