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Carta abierta a los que tienen la lapicera

OPINIÓN 26/04/2023 María José Lubertino*
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Inspirada en la necesidad de que construyamos de abajo hacia arriba dinámicas sociales capaces de responder y contrarrestar la embestida capitalista de mayor concentración de riqueza, espiral inflacionaria y destrucción de los ecosistemas que se han apropiado de nuestro país en medio de esta crisis civilizatoria, aceptando el desafío de promover un debate de ideas en el que todos nos escuchemos para acordar los puntos básicos que compongan un programa claro al que todos nos atengamos en el próximo gobierno, aportamos nuestras propuestas que venimos planteando desde diferentes ámbitos desde hace tiempo:

1. Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. Argentina no puede seguir convalidando la deuda ilegítima y odiosa contraída, sobre todo, por el Gobierno de Macri. Esto está en el centro de la angustiante situación económica y política actual. Si no se anulan los acuerdos con el FMI, tanto la estafa armada en 2018 como el reciente acuerdo del Gobierno de Alberto Fernández para pagarla -pese a su propia denuncia judicial de su carácter fraudulento-, el FMI seguirá exigiendo mayores ajustes a la economía nacional en cada nueva “revisión trimestral”: mayores tarifas, mayor devaluación, incremento de las tasas de interés. Estas medidas ortodoxas irán de la mano de otras exigencias de políticas contra los sectores populares: aumento de la edad jubilatoria, fin de la moratoria previsional, recortes en políticas sociales, y otros condicionamientos directos sobre la política del Estado (licitaciones, reforma impositiva, etc.). Las corridas cambiarias, las presiones para una mayor devaluación, los aumentos de las tarifas energéticas, una inflación imparable, mayor pobreza y necesidades sociales, mayor extractivismo y entrega son parte constitutiva del propio acuerdo con el FMI. En estos momentos extraordinarios se justifica, dejar de pagar la deuda como se hizo en 1931/32, y como lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el presidente de Francia Emmanuel Macron y el Papa Francisco. Además la cancelación de la deuda de los países del Sur global, constituye un primer paso de reparación histórica, por la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia. Los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes deben ser usados para una suspensión y una anulación jurídicamente inobjetables.

2. Aplicación de la Ley de Abastecimiento. Está claro que la inflación es funcional a los intereses del FMI y de los especuladores y usureros que se presentan como “acreedores” que quieren asegurarse su pago, pero al mismo tiempo destruye los ingresos populares (salarios, jubilaciones, programas sociales), atacando a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Esta ley habilita al Estado nacional a tomar algunas medidas, como fijar precios máximos y sancionar a empresas que suban los precios de manera “injustificada”. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Comercio, que además de aplicar las sanciones tiene la potestad para realizar los controles.

3. Reforma tributaria solidaria. Reducción y eliminación paulatina de los impuestos universales. El cobro de impuestos por la “renta inesperada” o a los capitales fugados, a los mega emprendimientos, a las rentas financieras y, como medida transicional, al daño ambiental para tener éxito deben ir acompañadas de un mayor diálogo, seguimiento e incidencia estatal sobre los principales grupos económicos del país.

4. Justicia ecológica. Debemos reducir los riesgos frente al colapso climático y la pérdida de la biodiversidad, amenazas más graves que la pandemia como nos muestran inundaciones, sequías e incendios. Para proteger la diversidad cultural y natural, necesitamos una transición socio-ecológica radical, construir economías y sociedades postextractivistas con una salida ordenada y progresiva de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, la deforestación y los grandes monocultivos.. Es urgente la sanción de la Ley de Humedales y la prohibición del uso de agrotóxicos.

5. Transición energética y re-estatización de las empresas de servicios públicos, especialmente de las energéticas. Debemos avanzar hacia matrices energéticas renovables, descentralizadas, locales, desmercantilizadas y democráticas y modelos de movilidad sustentables colectivos, seguros y de calidad. Las empresas de servicios públicos deben ser cogobernadas por el Estado, sus trabajadores y sus usuarixs.

6. Soberanía alimentaria. Priorizar la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de saberes. Desarrollar políticas para la redistribución de la tierra, el acceso al agua y una profunda reforma a las políticas agrarias, alejándose de la agricultura industrial de exportación con sus efectos ambientales y sociales nefastos. Fortalecer los mercados campesinos y locales, crear redes de distribución de semillas para asegurar su libre circulación, sin propiedad intelectual, reforzar las redes de distribución campo-ciudad y la certificación comunitaria entre consumidores y productores. Fomentar la propiedad social, colectiva y comunitaria de la tierra, generando soberanía a quienes la cuidan y trabajan, y protegiéndoles de la especulación.

7. Renta Básica Universal. Profundizar las políticas sociales a través de la introducción de una renta básica para todxs, que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas heredadas del neoliberalismo, para poder salir de la trampa de la pobreza. Disminuir la jornada de trabajo sin disminución de salario, para repartir tanto el empleo formal como las tareas de cuidado, tal como recomienda la CEPAL.

8. Ley de Cuidados para la Vida. Crear sistemas nacionales y locales de cuidado que ponen la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras sociedades. Promover políticas públicas que enlacen cuidado con protección social, atendiendo las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas. Un rol más activo del Estado y de las empresas en consulta y corresponsabilidad permanente con los pueblos y comunidades permitirá combatir la precariedad laboral y alcanzar una mejor repartición de las tareas del cuidado, en términos de clases sociales y de género, pues el mismo recae de modo desigual sobre las familias y en ellas, sobre las mujeres.

9. Comunicación popular y pluralidad de voces. Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas. Para disputar los sentidos históricos de convivencia, desde medios ciudadanos, pero también desde la calle, la plaza y los espacios culturales.

En la Ciudad de Buenos Aires debemos poner como principales desafíos:

1. Acabar con el extractivismo urbano y la especulación inmobiliaria: dejando de vender tierras publicas, promoviendo la creación de nuevos espacios verdes, comprando tierras para viviendas sociales y para regular el precio de los alquileres, cuidando el patrimonio, el paisaje y la identidad y la tranquilidad de los barrios.

2. Reforma participativa al Código Urbanístico y de Edificación para poner en el centro la calidad de vida de quienes vivimos en la Ciudad, regulando los ruidos, la contaminación y obligando a soterrar los cables hoy aéreos.

3. Prioridad Educación Pública de la cual todxs estemos orgullosos. Ampliar la infraestructura para que no falten vacantes en ningún nivel, ampliar las jornadas y mejorar las condiciones de docentes y no docentes para una mejor calidad educativa .

4. Prioridad Salud publica. Para acabar con el negocio de la salud privatizada que cobra cuotas pero que en una urgencia o complejidad terminas en el hospital publico: reforzar la atención primaria en todos los barrios y especialmente en materia de salud mental, odontología y oftalmología.

5. Internet gratis para todxs. Toda la Ciudad debe tener cobertura de libre conectividad. Todas las personas tienen que poder tener una tablet o una notebook.

6. Prioridad transporte público sustentable. Volver a invertir en el subte para que conecte todos los barrios de la Ciudad. Ampliar las franjas de gratuidad en los servicios públicos. Todas las personas deben poder tener una bicicleta. Desprivatizar el servicio urbano de bicicletas y el sistema de acarreo de vehículos mal estacionados

7. Efectiva descentralización con mayor transferencia de competencias y presupuesto a las comunas.

Queremos construir conjuntamente con quienes deseen dialogar un horizonte colectivo de transformación para nuestra patria que garantice un futuro digno. Algunas/os ya lo estamos haciendo. Ojalá nos dejen empujar la lapicera a lxs ciudadanxs de a pie en estas próximas elecciones.

 

 

* Para www.infobae.com

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