Milei abre un diciembre legislativo recargado: presupuesto, reformas estructurales y una pulseada clave con gobernadores

• El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre para tratar un amplio paquete de reformas.
• El Presupuesto 2026 será el eje central y dependerá de negociaciones con gobernadores aliados.
• La Ley de Inocencia Fiscal buscará captar fondos no declarados y se complementará con una regla fiscal.
• La reforma laboral apunta a reducir litigiosidad y modificar la ultraactividad y la jerarquía de convenios.
• La reforma del Código Penal incluye más de 900 artículos con fuerte endurecimiento de penas.
• La reforma tributaria y los cambios en la Ley de Glaciares buscan redefinir el esquema fiscal y minero provincial.

El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre, un período en el que la Casa Rosada espera avanzar en un paquete legislativo que refleja el corazón de la agenda de Javier Milei para 2026. El decreto, cuya firma fue anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habilita el tratamiento del Presupuesto del próximo año y un conjunto de reformas que el oficialismo considera estratégicas para consolidar su programa: la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral, la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares y una actualización integral del Código Penal.

El paquete será presentado oficialmente el 9 de diciembre, cuando el Consejo de Mayo exponga los proyectos en Casa Rosada. Hasta entonces, el Gobierno insiste en que ningún borrador tiene carácter oficial, aunque parte de su contenido ya circula entre legisladores, gremios y empresarios.

El capítulo presupuestario se perfila como el eje que ordenará la discusión. La elaboración del Presupuesto 2026 quedará en manos del Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Hacienda Carlos Guberman. El desafío central será determinar hasta dónde se está dispuesto a resignar parte del superávit fiscal para asegurar el respaldo político de gobernadores y bloques aliados. La estrategia no será uniforme: recibirán mayor atención los mandatarios que aportaron votos, mostraron disciplina fiscal o cuentan con una bancada numerosa que se vuelva decisiva en el recinto. En ese grupo sobresalen Gerardo Zamora, Raúl Jalil y Hugo Passalacqua.

Desde el oficialismo admiten que este año no hay margen para prórrogas como las aplicadas en ejercicios anteriores. La presión no solo proviene de sectores opositores —tanto dialoguistas como más duros— sino también de organismos internacionales y agentes económicos que consideran indispensable contar con una ley de gastos aprobada.

Junto al Presupuesto, la Casa Rosada buscará avanzar en la Ley de Inocencia Fiscal, destinada a incentivar la regularización de fondos no declarados, especialmente los “dólares del colchón”. La iniciativa se complementará con una regla fiscal que obligará a identificar con precisión el financiamiento de cualquier incremento presupuestario, una demanda constante del equipo económico libertario.

La reforma laboral aparece como otro de los pilares de las extraordinarias. El proyecto apunta a modificar la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo de reducir litigiosidad y acotar lo que el Gobierno denomina “zonas grises” utilizadas en la judicialización de despidos. Entre los cambios más relevantes figura un endurecimiento de los requisitos para acreditar daños y un recorte en la ultraactividad de los convenios colectivos. También se propone jerarquizar convenios de escala menor —por empresa o región— por sobre los de actividad, una medida que reabre tensión con la CGT pese a los recientes gestos de moderación del Ejecutivo.

En paralelo, la reforma del Código Penal avanza con más de 900 artículos que buscan endurecer el sistema punitivo. El proyecto contempla un aumento generalizado de penas en delitos graves como homicidios, narcotráfico, robos agravados, trata de personas y pornografía infantil. La letra chica establece que el 82% de los delitos deberá cumplir condena efectiva. Aunque se evaluó declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, esa cláusula quedó fuera para evitar trabas jurídicas adicionales. La Casa Rosada evalúa impulsar una comisión bicameral que agilice los tiempos y evite que las negociaciones dilaten el tratamiento en el Congreso.

En materia tributaria, la reforma podría incluir un “Súper IVA” que permitiría a las provincias recaudar parte del impuesto, compitiendo entre sí para atraer inversiones. La propuesta se combinaría con cambios profundos sobre actividades estratégicas, como la explotación minera. En este punto aparece la modificación de la Ley de Glaciares, que delegaría en cada provincia la definición de los límites para habilitar proyectos en zonas periglaciares. El Gobierno proyecta además ajustes en la Ley de Promoción Minera y en la Ley de Tierras, con el objetivo de limitar la adquisición de superficies por parte de extranjeros.

El paquete legislativo anticipa un diciembre de negociaciones intensas y un enero aún más áspero: el Gobierno ya prevé un segundo llamado a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de ese mes, con la expectativa de trabajar hasta fines de febrero. En la Casa Rosada nadie desconoce que el resultado de este sprint legislativo será determinante para medir la capacidad de Milei de sostener su programa económico y político en la segunda mitad de su mandato.