El espacio de Grabois fijó un decálogo ético para su nueva bancada en el Congreso

• El espacio de Juan Grabois amplió su representación parlamentaria a cinco diputados
• Presentaron un decálogo con diez principios éticos y políticos de cumplimiento obligatorio
• El documento prioriza el servicio al pueblo y la justicia social como ejes centrales
• Se establece una postura inflexible contra la corrupción y el nepotismo
• Se promueve la austeridad y la simplicidad de vida de los representantes
• La función pública es definida como una etapa transitoria de la militancia

Tras la renovación de las bancas legislativas concretada el 10 de diciembre, luego de las elecciones del 26 de octubre, el sector político encabezado por Juan Grabois formalizó su desembarco ampliado en el Congreso con una definición de identidad y reglas internas. El espacio Patria Grande, que integró las listas de Fuerza Patria, pasó a contar con cinco diputados nacionales, entre ellos el propio Grabois, Itai Hagman, Natalia Zaracho, Fernanda Miño y Adriana Sérquis. En ese marco, el dirigente social presentó el “Decálogo de Principios Éticos y Políticos”, un documento que busca establecer límites claros al ejercicio del poder y fijar un estándar de conducta para los representantes del proyecto Argentina Humana.

La presentación se realizó durante un encuentro federal con militantes, llevado a cabo el viernes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En un salón colmado, con afiches que reproducían los diez puntos del decálogo, Grabois encabezó la actividad acompañado por los legisladores de su bancada, en una puesta en escena que buscó subrayar la centralidad del compromiso ético frente a la nueva etapa parlamentaria.

El texto se estructura como una serie de “mandamientos” que combinan definiciones políticas, criterios de gestión y exigencias morales. El primer principio establece que los legisladores y funcionarios deben “servir al pueblo de todo corazón”, con una referencia explícita a la clase trabajadora y a los sectores más postergados. Desde allí, el documento traza una línea clara de pertenencia y destinatarios de la acción política.

Otro de los ejes centrales es el llamado al “desplazamiento de las élites gobernantes”. El decálogo plantea como objetivo estratégico la irrupción de las clases populares en la administración del Estado, en un intento por cuestionar las estructuras tradicionales de poder y promover una mayor representación social en los espacios de decisión.

El tercer punto introduce la idea de “sentido de propósito”, al señalar que la función pública no debe entenderse como la mera ocupación de cargos, sino como una herramienta para impulsar procesos de transformación. En sintonía, el texto reafirma como horizonte la justicia social, recuperando conceptos clásicos del ideario peronista como la independencia económica y la soberanía política, y postulando que cada necesidad debe convertirse en un derecho.

Uno de los aspectos que más resonancia generó fue el énfasis en la “austeridad y simplicidad de vida”. El documento sostiene que los ingresos y el estilo de vida de los representantes no pueden distanciarse del de las mayorías populares. Esta definición remite a una ética de sobriedad que Grabois ha vinculado en reiteradas ocasiones con el pensamiento y el ejemplo del Papa Francisco, a quien reconoce como una influencia central.

En materia de integridad, el decálogo adopta una postura inflexible frente a la corrupción. Cualquier acto de ese tipo será causal de expulsión de la organización, sin matices ni instancias intermedias. A esto se suma el rechazo explícito al nepotismo: el principio “ni parientes ni amigos” prohíbe la designación de familiares o allegados en cargos rentados, que deben quedar reservados para personas con idoneidad técnica o experiencia comprobable en la temática.

La planificación y los resultados también ocupan un lugar destacado. Los funcionarios y legisladores deberán presentar planes de trabajo concretos y cumplirlos, enfrentando los obstáculos con “tenacidad”. En paralelo, se exige una conducta de ejemplaridad pública, bajo la consigna de “ser y parecer”, como parte de una lucha cultural que, según el texto, debe predicarse con el ejemplo.

El decálogo concluye con una definición que busca relativizar el poder institucional: la función pública es presentada como una etapa circunstancial de la militancia, no como un fin en sí mismo ni como una plataforma para objetivos personales. Con este marco, el espacio de Grabois intenta consolidar una identidad política propia en el Congreso, anclada en principios éticos estrictos y en una concepción del poder como servicio.