El Gobierno apelará el fallo contra el protocolo antipiquetes y se refuerza la disputa con la Justicia

• El Gobierno apelará el fallo que ordena dejar de aplicar el protocolo antipiquetes.
• La Casa Rosada sostiene que la herramienta es legítima y garantiza el derecho a la protesta.
• El juez Martín Cormick consideró que el Ejecutivo avanzó sobre facultades del Congreso.
• El Ministerio de Seguridad advirtió que sin el protocolo “vuelve el caos”.
• El oficialismo atribuye el fallo a una motivación política y destaca el respaldo social.
• La disputa ahora se trasladará a la Cámara de Apelaciones.

El Gobierno nacional decidió apelar en los próximos días el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes durante las manifestaciones. La administración libertaria considera que la herramienta es legítima, constitucional y necesaria para garantizar el derecho a la protesta sin afectar la libre circulación, y anticipó que dará pelea judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La resolución cuestionada fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo y sostuvo que el procedimiento presenta vicios en su conformación legal. Según el magistrado, al poner en marcha el protocolo a través de la resolución 943/2023, el Poder Ejecutivo se habría atribuido facultades que la Constitución reserva de manera exclusiva al Congreso, en particular en materia penal y procesal.

Desde la Casa Rosada rechazaron de plano ese argumento y aseguraron que la Justicia ya validó el protocolo “en reiteradas ocasiones” frente a planteos de inconstitucionalidad similares. Para el oficialismo, lejos de restringir derechos, el procedimiento “garantiza el ejercicio de libertades constitucionales”, como el derecho a manifestarse, al tiempo que ordena la metodología en la que se desarrollan las protestas y evita bloqueos totales de calles y accesos.

En el entorno presidencial atribuyen el fallo a una decisión de tinte político y remarcan que existe un amplio respaldo social a la política de seguridad. “El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. No vamos a dar un paso atrás. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo no hay orden”, señalaron fuentes oficiales, que confirmaron la apelación y la defensa cerrada de la medida implementada desde los primeros días de la gestión.

La sentencia de Cormick también reavivó tensiones previas. En marzo pasado, el mismo magistrado había rechazado suspender los operativos antipiquetes e incluso asistió personalmente a una movilización de jubilados para supervisar su aplicación. En esta oportunidad, en cambio, falló a favor de un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó la legalidad del procedimiento diseñado por el Ministerio de Seguridad.

La cartera encabezada por Alejandra Monteoliva difundió un comunicado en el que confirmó que recurrirá la decisión judicial y advirtió que, si se deja sin efecto el protocolo, “vuelve el caos”. En el texto, el Ministerio defendió la legitimidad del procedimiento, destacó que cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, y aseguró que desde su implementación permitió garantizar la libre circulación y recuperar el uso del espacio público para quienes trabajan y transitan a diario.

Monteoliva también se expresó a través de redes sociales, donde sostuvo que el fallo responde a “la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina” y prometió defender el protocolo “a toda costa”. El mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei, en una señal de respaldo político explícito a la ministra y a la estrategia de seguridad del Gobierno.

En el oficialismo, además, vinculan esta decisión judicial con otros fallos recientes del mismo juez, como la orden de implementar la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, ambas normas sancionadas por el Congreso pero suspendidas por el Ejecutivo. Desde esa lectura, se plantea un escenario de confrontación institucional en el que la Justicia interviene sobre definiciones centrales de la política pública del Gobierno.

En esa línea se expresó la senadora Patricia Bullrich, antecesora de Monteoliva en el Ministerio de Seguridad, quien también cuestionó la resolución de Cormick y sugirió motivaciones políticas detrás del fallo. La dirigente remarcó que el protocolo fue validado por numerosos jueces y cuenta con respaldo social, y advirtió que su anulación favorecería a sectores que, según su visión, “viven del caos y la desestabilización”.

Con la apelación en marcha, el debate sobre el alcance del protocolo antipiquetes promete escalar en los tribunales. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta clave para garantizar el orden y la convivencia, sus detractores lo señalan como un avance del Ejecutivo sobre competencias del Legislativo y una potencial restricción de derechos. La definición quedará ahora en manos de la Cámara, en un contexto político y judicial cada vez más tensionado.