Bancos en alerta por la Ley de Inocencia Fiscal y el ingreso de dólares no declarados

• Las asociaciones bancarias pidieron una mesa de trabajo al BCRA para aclarar la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal.
• Los bancos advierten que la norma beneficia al contribuyente, pero no modifica las obligaciones antilavado.
• El reclamo fue respaldado por entidades públicas, privadas, nacionales y extranjeras.
• El Banco Nación se diferenció y anunció que ya está listo para recibir los dólares no declarados.
• Luis Caputo presionó al sistema financiero y derivó a los ahorristas hacia el banco público.
• La falta de reglamentación y de cambios en normas del BCRA y la UIF mantiene la tensión abierta.

Las cuatro principales asociaciones bancarias del país encendieron una señal de alerta ante la inminente aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal y reclamaron al Banco Central la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que permita aclarar los alcances de la norma y su impacto sobre el sistema financiero. El pedido refleja la tensión existente entre el Gobierno y las entidades financieras por el ingreso de los llamados “dólares del colchón”, una de las apuestas centrales de la administración libertaria para reforzar la liquidez del mercado y dinamizar la economía.

En una nota dirigida al área de cumplimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las asociaciones advirtieron que la ley aprobada por el Congreso introduce “modificaciones sustantivas” al régimen penal tributario, especialmente en lo referido a la evasión simple y agravada, así como al estándar de conducta exigible a los contribuyentes frente al Fisco. Según remarcaron, esos cambios tienen un impacto directo en los procesos de control y cumplimiento que deben aplicar los bancos, sin que hasta ahora exista una reglamentación clara que armonice la nueva normativa con las obligaciones vigentes en materia de prevención del lavado de dinero.

El planteo fue respaldado de manera conjunta por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), lo que implica un apoyo transversal que incluye a bancos públicos, privados nacionales, extranjeros y especializados. El consenso sectorial marca la magnitud de la preocupación: las entidades entienden que la ley exime o atenúa responsabilidades penales para los contribuyentes, pero no modifica las exigencias que pesan sobre los bancos en su rol de sujetos obligados ante la UIF.

“Nos quitan responsabilidades penales a los clientes, pero no dicen nada sobre nuestra obligación de cumplir con la normativa antilavado”, sintetizó una fuente de una entidad líder. En ese punto se concentra el principal nudo del conflicto: sin cambios explícitos en las regulaciones del Banco Central y de la UIF, los bancos consideran que recibir fondos no declarados sin realizar verificaciones podría exponerlos a sanciones administrativas o penales. Por eso insisten en que la Ley de Inocencia Fiscal “no es un blanqueo” y que, tal como fue aprobada, no ofrece un paraguas legal suficiente para las entidades.

La única voz disonante dentro del sistema fue la del Banco Nación. La entidad, que se retiró de ABAPPRA en abril pasado, anunció que ya está preparada para recibir los ahorros en dólares en todas sus sucursales, en línea con la estrategia oficial. Desde el banco señalaron que atenderán consultas y permitirán el ingreso de fondos con el respaldo y la seguridad de la banca pública, posicionándose como la principal vía para canalizar el nuevo régimen.

El contraste quedó aún más expuesto tras los mensajes del ministro de Economía, Luis Caputo, quien fue tajante frente a las reticencias del sector privado. En redes sociales, instó a los ahorristas a no perder tiempo si se les exigían requisitos adicionales y los derivó directamente al Banco Nación, donde —según afirmó— solo se pedirá acreditar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias para depositar y disponer inmediatamente de los dólares.

Desde el sistema financiero, la respuesta no se hizo esperar. “Los bancos cumplen normas, no tweets”, retrucó una fuente de un banco privado, al recordar que hasta el momento no hubo modificaciones formales en las regulaciones del BCRA ni de la UIF. La frase resume el malestar de las entidades, que reclaman definiciones institucionales y no lineamientos informales para un tema sensible.

Mientras tanto, el Banco Nación aceleró sus circuitos internos y coordinó durante el fin de semana con sus gerencias zonales para implementar la política oficial en toda su red. El objetivo del Gobierno es que los fondos ingresados al sistema puedan destinarse a inversiones financieras, consumo o mantenerse depositados, consolidando así el impacto macroeconómico buscado. La incógnita sigue siendo si el resto del sistema acompañará esa estrategia sin un marco normativo que despeje definitivamente los riesgos.