El Gobierno apuesta a blindar el DNU que reforma la SIDE y estirar el debate hasta marzo

• El Gobierno confía en blindar el DNU que reforma la SIDE, especialmente en el Senado.
• La estrategia oficial apunta a estirar el debate parlamentario hasta marzo.
• La falta de conformación de la Bicameral retrasa el tratamiento del decreto.
• Patricia Bullrich es una pieza central para asegurar los votos en la Cámara Alta.
• En Diputados el escenario es más complejo por la presión de la oposición.
• La ley que regula los DNU favorece al oficialismo al requerir el rechazo de ambas cámaras.

Mientras avanzan las negociaciones por la Reforma Laboral, el Gobierno nacional enfrenta otro frente sensible en el Congreso: el Decreto de Necesidad y Urgencia que redefine la estructura y las competencias de la Secretaría de Inteligencia. Pese a las críticas de la oposición y a los cuestionamientos sobre la validez del mecanismo elegido, en la Casa Rosada transmiten confianza en que el decreto podrá ser sostenido, especialmente en el Senado, donde el oficialismo cree contar con los votos necesarios para evitar su rechazo.

La estrategia oficial combina dos movimientos en paralelo. Por un lado, dilatar los tiempos parlamentarios para que el tratamiento quede relegado a marzo, ya dentro del período de sesiones ordinarias, cuando el impacto político y mediático del debate sería menor. Por otro, reforzar los acuerdos con los bloques aliados para garantizar que, llegado el momento, al menos una de las cámaras convalide el DNU, condición suficiente para que la norma continúe vigente.

El decreto fue remitido al Congreso con la firma del presidente Javier Milei y de todo su gabinete, tras ingresar inicialmente por la Cámara de Diputados. A partir de ese envío, se activó el plazo legal para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo analice su validez. Sin embargo, esa comisión aún no está conformada, lo que en los hechos posterga cualquier discusión formal y habilita al Ejecutivo a ganar tiempo. Recién hacia fines de enero ambas cámaras quedarían en condiciones de tratar el tema en el recinto, un escenario que el oficialismo considera poco probable en el corto plazo.

En el Gobierno destacan además un dato que consideran clave: la decisión judicial de no habilitar la feria para tratar los amparos presentados contra el decreto. Para la administración libertaria, ese fallo refuerza la idea de que no existe un daño concreto ni legitimación suficiente para frenar la aplicación de la norma. Aun así, los equipos legales trabajan en previsión de eventuales resoluciones adversas durante febrero, conscientes de que el frente judicial sigue abierto.

El eje político de la defensa del DNU pasa por el Senado y por el rol de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta. En el Ejecutivo confían en que la ministra pueda replicar el esquema de apoyos que permitió aprobar el Presupuesto 2026 y otras leyes clave a fines del año pasado. Ese cálculo arroja un piso cercano a los 40 votos, provenientes de aliados estables y sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales.

En Diputados, en cambio, el panorama aparece más ajustado. La oposición presiona para reunir el quórum que habilite el tratamiento del decreto y apuesta a capitalizar las críticas por el carácter de “necesidad y urgencia” de la reforma, en particular por la ampliación de facultades para el personal de inteligencia. Sin embargo, incluso entre los detractores del DNU hay coincidencia en que el Senado se presenta como un terreno más favorable para el oficialismo, lo que condiciona la estrategia parlamentaria.

La clave jurídica que sostiene el optimismo del Gobierno es la Ley 26.122, que regula el control legislativo de los DNU. Esa norma establece que para convalidar un decreto basta con la aprobación de una sola cámara, mientras que su rechazo requiere el pronunciamiento negativo de ambas. En la Casa Rosada consideran que ese diseño institucional juega a su favor y reduce el margen de maniobra de la oposición.

Detrás de la iniciativa aparece también la impronta del asesor presidencial Santiago Caputo, señalado como el principal impulsor de la redefinición de la SIDE. En paralelo al debate actual, en el oficialismo ya trabajan en una reforma más amplia del sistema de inteligencia, que incluiría revisiones de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Defensa Nacional. Ese proyecto, todavía en elaboración, sería enviado al Congreso una vez iniciado el año legislativo.

Así, el DNU sobre la SIDE se convierte en una prueba de fuego para la capacidad del Gobierno de sostener decisiones sensibles en el Congreso, administrar los tiempos políticos y consolidar una mayoría circunstancial que le permita avanzar con su agenda de reformas sin resignar control sobre áreas estratégicas del Estado.