Fútbol, jueces y poder: cuando la Justicia también juega de local

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Si alguien todavía cree que en la Argentina las grandes causas sensibles avanzan siguiendo únicamente el rastro de las pruebas, convendría que observe con atención el derrotero judicial de la investigación sobre los movimientos de dinero en la cúpula de la AFA. El reciente traslado de una de esas causas desde el fuero penal económico al juzgado federal de Campana no es un tecnicismo jurídico: es, más bien, una radiografía del sistema. Una confirmación casi pedagógica de cómo funciona el poder cuando los indicios se vuelven demasiado incómodos.

En los manuales de Derecho, los conflictos de competencia se resuelven con criterios objetivos. En la práctica argentina, suelen definirse por una combinación más terrenal: jurisdicción, relaciones previas y conveniencia política. Cuando un expediente con ramificaciones sensibles cambia de manos, rara vez es casualidad. Y cuando el juez que lo recibe pertenece a la órbita del tribunal que debe dirimir la disputa, el resultado suele estar escrito de antemano.

Nada de esto sorprende a quienes conocen la cultura judicial. La Justicia federal, especialmente en el conurbano bonaerense, no es un compartimento estanco sino una zona de contacto permanente entre política, servicios de inteligencia y economías ilegales. Allí confluyen narcotráfico, financiamiento clandestino y, cada vez más, el fútbol como plataforma de circulación de dinero. No se trata de teorías conspirativas sino de una trama conocida, tolerada y, en muchos casos, administrada.

El juez que ahora concentra una parte clave del expediente tiene una larga trayectoria en ese ecosistema. Experiencia, vínculos, autonomía relativa. No responde a un solo padrino, pero conoce a todos. Esa es, quizás, la forma más sofisticada del poder judicial argentino: no tener dueño visible, pero saber exactamente hasta dónde se puede llegar. En los pasillos políticos y tribunales federales, además, se le atribuyen relaciones personales con dirigentes territoriales de peso. En estos temas, las amistades no son un dato menor.

Quienes ven en el traslado del expediente una maniobra defensiva observan otro detalle inquietante: el contexto. A comienzos de año, el principal denunciante del caso advirtió públicamente sobre una operación de intimidación judicial y señaló nombres propios que conectan fútbol, política local y negocios. No habló en abstracto. Mencionó clubes, dirigentes, operadores y estructuras territoriales. Demasiadas coincidencias para ser ignoradas, demasiado ruido para que pase desapercibido.

El mapa que emerge es conocido: intendentes del conurbano, empresarios del juego, dirigentes deportivos y financistas que se mueven en la frontera entre lo legal y lo clandestino. El fútbol aparece como excusa perfecta: mueve dinero, pasión y opacidad. Permite contratos difíciles de auditar, intermediaciones internacionales y flujos en efectivo que rara vez despiertan alarmas inmediatas. Y, sobre todo, genera silencios.

Ese silencio es, quizás, el dato más elocuente. ¿Por qué casi ningún dirigente de club levanta la voz frente a operaciones multimillonarias que involucran recursos que, en teoría, pertenecen a las instituciones que representan? ¿Por temor? ¿Por complicidad? ¿Por resignación? En un sistema donde todos saben algo, callar suele ser una forma de supervivencia.

A la dimensión judicial y política se suma otra pregunta incómoda: la fiscal. Más allá de la legalidad formal de ciertos contratos, ¿están claros los impuestos pagados por las ganancias extraordinarias que generaron? ¿Existen registros consistentes? En la Argentina, la evasión suele ser el eslabón más olvidado del escándalo, hasta que alguien decide mirar las cuentas con lupa.

El rompecabezas se vuelve todavía más complejo cuando el dinero cruza fronteras. Las versiones sobre fondos que habrían salido de Qatar tras el Mundial 2022, pasado por Estados Unidos y recalado en la Argentina, circulan desde hace tiempo en el ambiente deportivo. No abundan los papeles, sí los testimonios. Y aparecen nombres de financistas habituados a mover dólares por canales alternativos, con una destreza que solo se adquiere cuando alguien, en algún despacho oficial, mira para otro lado.

Estados Unidos entra en escena como una incógnita disruptiva. Allí ya existen investigaciones abiertas sobre algunos de estos movimientos. La experiencia indica que, cuando el sistema judicial norteamericano se involucra, las reglas cambian. No hay amigos, o al menos no del mismo modo. La pregunta es si esta vez el escándalo logrará cruzar la frontera sin diluirse o si, como tantas otras veces, se adaptará a las reglas del juego local.

La política observa con atención. El presidente argentino ya se movió en el tablero internacional del fútbol y sabe que los organismos globales no son ajenos a las presiones. La historia de la FIFA demuestra que los escándalos solo avanzan cuando el contexto político lo permite. La incógnita es si alguien está dispuesto a empujar esa puerta hasta el final.

Por ahora, lo único claro es esto: cuando una causa cambia de juez en el momento justo, cuando los vínculos pesan más que los expedientes y cuando el silencio se vuelve regla, no estamos frente a una anomalía. Estamos viendo al sistema funcionar como fue diseñado. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino para quién.