


Por Carlos Zimerman
En la Argentina seguimos discutiendo lo obvio mientras la realidad nos pasa por encima. Cada vez que un menor comete un delito grave —un asesinato premeditado, una violación, un robo seguido de muerte— aparece el mismo libreto: no es imputable, no puede ser juzgado, es una víctima del sistema. Y así, en nombre de una falsa compasión, se consolida una verdad intolerable: el crimen tiene patente de minoridad.
No es justicia. Es impunidad.
La edad de punibilidad debe modificarse. Y debe bajarse a los 14 años. No por sed de castigo, sino por una razón elemental: quien es capaz de planificar un homicidio sabe perfectamente lo que está haciendo. No estamos hablando de una travesura ni de una falta menor. Estamos hablando de delitos irreversibles, con víctimas que no vuelven y familias destruidas para siempre.
El Estado hoy le dice a la sociedad que un menor puede matar y no ser juzgado. Ese mensaje es devastador. Porque no protege al niño, protege al delincuente. Y al mismo tiempo abandona a la víctima, que queda reducida a una estadística sin justicia.
La inimputabilidad actual es un incentivo perverso. Las bandas criminales lo saben. Usan menores porque saben que no van presos. El sistema los convierte en instrumentos descartables del delito. Eso también es una forma brutal de violencia institucional.
Bajar la edad de punibilidad no significa meter chicos en cárceles comunes. Significa crear un régimen penal juvenil serio, con jueces, con condenas proporcionales, con instituciones adecuadas y con responsabilidad real. Significa decir con claridad que hay un límite. Que matar no es un juego. Que robar con un arma no es una travesura. Que violar no es una “conducta desviada”. Es un crimen.
Hoy vivimos en una sociedad donde se protege más al victimario que a la víctima. Donde se justifica al que mata por su contexto social, pero se ignora para siempre al que murió. Eso no es progresismo. Es cobardía moral.
El argumento de que “son chicos” se cae cuando esos chicos usan armas, planifican emboscadas y actúan con una violencia adulta. La edad biológica no puede ser excusa para la barbarie. La ley debe acompañar la realidad, no negarla.
Modificar la edad de punibilidad es una decisión política que exige coraje. Porque habrá gritos, comunicados, marchas y discursos hipócritas. Pero también hay una mayoría silenciosa que vive con miedo, que entierra a sus muertos y que no entiende por qué el asesino queda libre por tener 15 años.
La pregunta es simple:
¿vale más el derecho del delincuente que la vida de la víctima?
Si la respuesta es no, entonces hay que actuar. Y actuar ya.
Bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años no es retroceder. Es asumir que el Estado no puede seguir mirando para otro lado. Es ponerle fin a una ficción jurídica que solo beneficia al crimen organizado. Es decir con firmeza que en la Argentina matar tiene consecuencias, sin importar la edad.
La ley debe proteger a los ciudadanos honestos, no a los asesinos precoces.
La impunidad no puede seguir teniendo edad.










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