La Argentina endurece su postura ante la Justicia de EE.UU. por el litigio de YPF

• Argentina rechazó entregar información sobre el oro del BCRA por tratarse de un ente autárquico
• El fallo por la expropiación de YPF ya asciende a unos USD 18.000 millones con intereses
• El Gobierno sostiene que cumplió de forma exhaustiva el proceso de discovery
• Burford Capital impulsa sanciones y busca facilitar embargos sobre activos estatales
• La defensa argentina advierte sobre un escenario de acoso procesal
• El negocio del fondo demandante implicaría una rentabilidad cercana al 100.000%

La Argentina volvió a marcar límites en el extenso y complejo litigio internacional derivado de la expropiación de YPF realizada en 2012. Ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el Estado nacional rechazó el pedido de los beneficiarios del fallo que condenó al país a pagar una indemnización millonaria, quienes reclamaban información detallada sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central.

La negativa oficial se apoyó en un argumento central: el oro no pertenece al Tesoro Nacional, sino al Banco Central de la República Argentina (BCRA), un organismo autárquico e independiente, sobre el cual el Poder Ejecutivo no tiene acceso directo ni control operativo. En ese marco, el Gobierno explicó que no está en condiciones de brindar la información solicitada, aunque aclaró que realizará un requerimiento formal a la autoridad monetaria para dar curso institucional al pedido.

En la misma presentación, la defensa argentina también rechazó la pretensión de los demandantes de que el ministro de Economía, Luis Caputo, declare bajo juramento sobre el destino de las reservas. Según fuentes oficiales, ese requerimiento excede las competencias del funcionario y se inscribe en una estrategia de presión judicial que busca acelerar la ejecución de la sentencia.

El conflicto se desarrolla en un contexto adverso para el país. En enero de 2025, Preska había ordenado a la Argentina entregar toda la información requerida por los beneficiarios del fallo, cuyo monto original de USD 16.000 millones ya se incrementó hasta rondar los USD 18.000 millones al computar intereses. Entre los datos reclamados figuraban no solo documentos oficiales, sino también información sensible vinculada a activos estratégicos del Estado.

Desde la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa argentina, sostienen que el país cumplió con creces el proceso de discovery ordenado por el tribunal. De hecho, aseguran haber entregado más de 113.000 páginas de documentación y facilitado testimonios de distintos funcionarios. En ese sentido, remarcan que la actuación de la República se dio en un marco de cooperación y buena fe, respetando los límites legales vigentes.

Uno de los puntos clave del planteo argentino es la inmunidad de las reservas del Banco Central. La legislación local establece que el BCRA es un ente autárquico y que sus activos no son embargables, lo que refuerza la postura oficial de que no corresponde avanzar con pedidos que apunten a vulnerar esa protección. En la Procuración advierten, además, que la acumulación de solicitudes judiciales empieza a configurar un escenario de “acoso procesal”.

El principal beneficiario del fallo, Burford Capital, redobló la ofensiva en los últimos meses. En diciembre solicitó que la jueza declare a la Argentina en desacato y le imponga sanciones, alegando un supuesto incumplimiento de órdenes judiciales. Entre las medidas reclamadas figuran sanciones civiles, multas diarias millonarias y la declaración del Estado como “alter ego” de distintas entidades públicas, como el BCRA, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de facilitar eventuales embargos.

Este jueves se celebrará una audiencia ya prevista con anterioridad al pedido de sanciones. Allí, la defensa argentina anticipa que adoptará una postura más firme, apelando a la razonabilidad del tribunal. Luego, el 19 de febrero, Burford tendrá la posibilidad de responder formalmente al último descargo del Estado, mientras que la definición sobre las sanciones recién se proyecta para fines de marzo.

En el Gobierno creen que los demandantes buscan ejecutar la sentencia de manera urgente, ante la posibilidad de que la Corte de Apelaciones revierta total o parcialmente el fallo. En ese marco se inscriben otras acciones, como el intento de avanzar sobre el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado.

Finalmente, desde la Procuración subrayan un dato que consideran revelador: Burford adquirió los derechos del litigio por apenas USD 16 millones y aspira a cobrar hasta USD 16.000 millones. Una rentabilidad extraordinaria que, advierten, tendría un impacto directo sobre las finanzas públicas y, en última instancia, sobre el conjunto de la sociedad.