Los gremios estatales anuncian un paro con movilización para presionar contra la reforma laboral

• Los gremios estatales anunciaron un paro con movilización el día del debate de la reforma laboral en el Senado
• La decisión fue impulsada por ATE y respaldada por sindicatos de múltiples áreas del sector público
• Los dirigentes evalúan un plan de lucha previo y protestas en provincias que apoyen el proyecto
• La reforma comenzará a tratarse en las sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero
• Los sindicatos advierten que la Ley de Contrato de Trabajo afecta a numerosos organismos estatales
• Cuestionan la figura del monotributo y el traslado de causas laborales al fuero Contencioso Administrativo

A días del inicio del tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, un amplio arco de gremios estatales resolvió convocar a un paro general con movilización para el mismo día en que el proyecto llegue al recinto del Senado. La decisión fue adoptada en una reunión encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que reunió a representantes sindicales de distintos sectores del empleo público, junto a jubilados, abogados laboralistas y referentes del ámbito académico.

El encuentro se realizó en el Hotel Héctor Quagliaro y estuvo atravesado por la expectativa ante un debate legislativo que se anticipa ajustado. Los dirigentes sindicales analizaron el escenario político y coincidieron en que la iniciativa oficial podría avanzar si logra el respaldo de un grupo de gobernadores provinciales, lo que llevó a definir una estrategia de confrontación que excede una medida aislada. En ese marco, se resolvió que la huelga esté acompañada por una movilización masiva y que forme parte de un plan de lucha más amplio.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el paro del día del debate en el Senado es una respuesta necesaria, pero advirtió que no alcanza con una sola acción. Según planteó, el movimiento obrero debe anticiparse al tratamiento legislativo y comenzar a desplegar protestas previas, especialmente en aquellas provincias cuyos mandatarios manifestaron su apoyo a la reforma. La consigna, explicaron, es hacer visible el rechazo sindical antes de que el proyecto obtenga dictamen y avance en el recinto.

La convocatoria cuenta con el respaldo de gremios de múltiples áreas del Estado, entre ellas el Poder Judicial, salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, actividad portuaria, PAMI, sectores docentes y de investigación universitaria, además de bancarios jerárquicos. Desde la organización del encuentro señalaron que la amplitud del respaldo busca enviar una señal clara al Senado y a los gobiernos provinciales, considerados actores decisivos para la aprobación del paquete legislativo.

Uno de los ejes del debate sindical fue el rol de los gobernadores en la discusión. Los dirigentes plantearon que el oficialismo no cuenta con los votos propios suficientes y depende de acuerdos con bloques aliados y legisladores provinciales para alcanzar el quórum de 37 senadores. En ese escenario, los gremios evalúan impulsar protestas focalizadas en distritos donde los mandatarios acompañen la iniciativa, con el objetivo de aumentar el costo político de ese respaldo.

La reforma laboral comenzará a discutirse en el marco de las sesiones extraordinarias que se iniciarán el próximo 2 de febrero. El Gobierno apuesta a construir mayorías con sectores de la Unión Cívica Radical, el PRO y fuerzas provinciales, mientras que desde el radicalismo anticipan una postura cautelosa y la presentación de reclamos puntuales. El diálogo con referentes del oficialismo será clave para definir el curso del debate en la Cámara alta.

Desde el sindicalismo estatal, la principal preocupación se centra en los cambios propuestos sobre la Ley de Contrato de Trabajo. Los gremios advierten que, más allá del discurso oficial que sostiene que la reforma apunta al sector privado, numerosos organismos públicos se rigen por esa normativa. Entre ellos mencionan áreas como ANSES, Vialidad Nacional, la Dirección General Impositiva, Aduanas, la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimiento Carboníferos Río Turbio, ACUMAR, el Hospital Garrahan, Intercargo y Belgrano Cargas.

Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación de la presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo. Según denunciaron, ese cambio podría consolidar situaciones de precarización y fraude laboral tanto en la administración nacional como en provincias y municipios. A ello se suma el rechazo al artículo 79 del proyecto, que traslada las controversias laborales donde interviene el Estado nacional al fuero Contencioso Administrativo, desplazando a la Justicia Laboral, lo que los sindicatos interpretan como un debilitamiento de las garantías para los trabajadores.

En ese contexto, la convocatoria al paro busca instalar el conflicto en la agenda pública antes de que el Senado avance con la reforma. Para los gremios, la discusión no se limita a una ley puntual, sino que pone en juego el alcance de los derechos laborales y el rol del Estado como empleador en un escenario de reformas estructurales.