Universidades y Gobierno alcanzaron un acuerdo salarial, pero sigue la disputa judicial por el financiamiento

• El Gobierno y el CIN alcanzaron un acuerdo salarial para las universidades públicas.
• La recomposición acordada será del 24,33% en dos tramos durante 2026.
• Los rectores mantendrán la demanda judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
• El convenio incluye un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
• Se destinarán 50 mil millones de pesos adicionales a los hospitales universitarios.
• La decisión final sobre la ley de financiamiento continúa en manos de la Corte Suprema.

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lograron este martes un acuerdo destinado a descomprimir el prolongado conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. La negociación concluyó con una propuesta salarial y presupuestaria que fue aceptada por los rectores, aunque el entendimiento no puso fin a la controversia judicial que mantiene enfrentadas a las partes por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El convenio contempla una recomposición salarial acumulada del 24,33%, distribuida en dos etapas. La primera actualización será del 21,33% en julio, mientras que el 3% restante se aplicará en octubre. Según lo acordado, parte de ese incremento corresponde a ajustes pendientes de años anteriores y otra porción apunta a compensar la pérdida del poder adquisitivo registrada hasta mayo de 2026.

La decisión representa uno de los avances más significativos en la relación entre el Ejecutivo y las universidades desde que comenzó el conflicto por los recursos destinados al sistema de educación superior. Sin embargo, los rectores dejaron en claro que la mejora salarial y presupuestaria no implica abandonar el reclamo judicial que actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

La principal diferencia entre ambas partes gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada y ratificada por el Congreso que aún no fue implementada. Mientras las universidades sostienen que el Estado debe cumplir con lo establecido por esa legislación, el Gobierno considera que la ley presenta irregularidades vinculadas a la determinación de las fuentes de financiamiento necesarias para su ejecución.

Pese a ese desacuerdo, las conversaciones permitieron incorporar otros compromisos destinados a fortalecer el funcionamiento de las casas de estudio. Entre ellos figura la promesa oficial de evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo frente a la inflación durante el resto del año.

Además, el acuerdo contempla un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una iniciativa destinada a promover el acceso y la permanencia de estudiantes en carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo y tecnológico del país. A ello se suma una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios, instituciones que desempeñan un papel clave tanto en la formación profesional como en la atención sanitaria.

Otro de los puntos incluidos en la negociación se refiere a la situación del personal docente de los establecimientos preuniversitarios. Allí el deterioro salarial ha sido especialmente profundo debido a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una herramienta que durante años complementó los ingresos de los educadores.

La problemática involucra también a trabajadores no docentes y constituye uno de los principales reclamos planteados por las organizaciones sindicales, que continúan exigiendo la apertura de paritarias formales para discutir las condiciones laborales y salariales del sector.

Precisamente, la reacción de los gremios mostró que el acuerdo aún no logra generar plena confianza. Desde distintos espacios sindicales señalaron que esperan la formalización de las medidas y remarcaron la necesidad de que las promesas realizadas se traduzcan en resoluciones concretas.

Mientras tanto, la tensión judicial permanece abierta. La causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida por un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La resolución definitiva dependerá de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para emitir un fallo.

En las últimas semanas, la falta de definiciones judiciales impulsó nuevas manifestaciones de la comunidad universitaria. Estudiantes, docentes y organizaciones académicas realizaron actividades públicas para reclamar una resolución sobre el conflicto, mientras que en algunos colegios preuniversitarios también se registraron medidas de protesta impulsadas por los alumnos.

De esta manera, el acuerdo alcanzado abre una instancia de alivio financiero para el sistema universitario, pero no logra cerrar un conflicto que combina reclamos salariales, disputas presupuestarias y una batalla judicial cuya resolución sigue pendiente.