La Justicia espera la decisión de la Corte para avanzar con el decomiso de bienes por $685.000 millones en la causa Vialidad

• Los bienes por 685.000 millones permanecen sujetos al proceso de ejecución de la sentencia.
• La Corte Suprema debe definir el destino de los inmuebles antes de avanzar con nuevas medidas.
• El decomiso alcanza bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en forma solidaria.
• Diecinueve propiedades transferidas a Máximo y Florencia Kirchner forman parte del patrimonio bajo discusión.
• Continúan pendientes recursos extraordinarios presentados por las defensas para intentar frenar el decomiso.
• El Tribunal Oral Federal 2 también analiza incorporar un nuevo conjunto de inmuebles vinculados a las sociedades Los Sauces y Hotesur.

El Tribunal Oral Federal 2 aguarda una definición de la Corte Suprema de Justicia que será determinante para avanzar con una de las etapas más sensibles de la ejecución de la sentencia dictada en la causa Vialidad. Luego de que el máximo tribunal dejara firme la condena por administración fraudulenta y el decomiso de bienes valuados en aproximadamente 685.000 millones de pesos, resta establecer de qué manera se ejecutará esa medida sobre el patrimonio alcanzado por el fallo.

La decisión involucra a Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez y al resto de los condenados, quienes responden de manera solidaria por el monto establecido. En ese contexto, uno de los aspectos de mayor impacto judicial está vinculado con 19 inmuebles que fueron transferidos a Máximo y Florencia Kirchner y que también quedaron comprendidos dentro del decomiso dispuesto por la Justicia.

Semanas atrás, el Tribunal Oral Federal 2 elevó una consulta formal a la Corte Suprema para conocer cuál será el destino de los bienes alcanzados por la medida. Los magistrados solicitaron precisiones sobre si alguno de esos inmuebles será reservado para el funcionamiento de la propia Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura o de otros organismos del Poder Judicial, si podrán ser destinados a fines sociales o si, por el contrario, corresponde avanzar directamente con su remate público.

Hasta que el máximo tribunal responda esa consulta, el tribunal encargado de ejecutar la condena mantiene suspendidos los pasos siguientes respecto de esos bienes, considerados parte esencial del recupero patrimonial que persigue el Estado tras la confirmación definitiva de la sentencia.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema debe resolver una serie de recursos extraordinarios presentados por las defensas de los condenados. Se trata de quejas directas mediante las cuales buscan revertir la validez del decomiso ya confirmado por instancias inferiores. Hasta que exista una resolución sobre esos planteos, permanece abierto otro frente judicial que podría incidir sobre la ejecución definitiva de la medida.

El juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu explicó en la consulta elevada al máximo tribunal que parte de los inmuebles podría cumplir diferentes destinos institucionales. Entre las alternativas evaluadas figura su utilización por dependencias de la Justicia Federal, su asignación a programas con fines sociales, especialmente en la provincia de Santa Cruz, o su posterior venta mediante subasta pública para integrar el patrimonio del Estado.

En el caso de la ex presidenta, el decomiso comprende inicialmente 19 bienes registrados a nombre de sus hijos. Entre ellos se encuentran diez departamentos, dos viviendas ubicadas en Río Gallegos y diversos terrenos situados en Lago Argentino, todos incorporados al patrimonio familiar durante el período comprendido entre 2003 y 2015.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había ratificado en abril la legalidad del decomiso. En esa resolución sostuvo que la medida puede extenderse a bienes que actualmente se encuentren en poder de terceros no condenados cuando esos activos hubieran sido recibidos gratuitamente y provengan de hechos ilícitos previamente acreditados en una sentencia firme. Los jueces remarcaron que el objetivo del decomiso no constituye una sanción contra los actuales titulares, sino la recuperación para el Estado de bienes vinculados con delitos de corrupción.

El primer relevamiento patrimonial elaborado por el fiscal Diego Luciani incluye 111 propiedades pertenecientes a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados. A ese listado podría incorporarse un segundo conjunto de inmuebles relacionados con las sociedades Los Sauces y Hotesur, cuya situación continúa bajo análisis del Tribunal Oral Federal 2.

Entre esas propiedades figuran inmuebles de alto valor simbólico y patrimonial, como la vivienda de la calle San José 1111, donde la ex presidenta cumple actualmente arresto domiciliario, además del tradicional chalet familiar ubicado en Río Gallegos.

La causa Vialidad investigó el presunto direccionamiento de 51 licitaciones de obra pública vial desarrolladas entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz. Según la sentencia, las adjudicaciones beneficiaron de manera sistemática al Grupo Austral Construcciones, perteneciente a Lázaro Báez, mediante maniobras que ocasionaron un perjuicio económico al Estado. Con la condena ya firme, la atención judicial se concentra ahora en la recuperación efectiva de los bienes alcanzados por el decomiso y en las decisiones que adopte la Corte Suprema para definir el destino final de ese patrimonio.