Bullrich desafía al poder y tensiona al Gobierno

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La discusión sobre las políticas destinadas a las personas con discapacidad se convirtió nuevamente en un escenario donde el Gobierno expone sus contradicciones más profundas. Lo que debería ser un debate legislativo sobre derechos, prestaciones y responsabilidades del Estado terminó transformándose en otro capítulo de una disputa interna que tiene como protagonistas a Patricia Bullrich, el Ministerio de Economía y los distintos sectores que conviven, no siempre en armonía, dentro de La Libertad Avanza. Detrás de las diferencias sobre una ley concreta comienza a percibirse algo bastante más importante: la discusión acerca de quién tiene la autoridad para definir el rumbo político del oficialismo y hasta dónde llega el poder de quienes pretenden ejercerlo.

El episodio que volvió a poner en evidencia esas diferencias ocurrió durante el tratamiento de la iniciativa sobre discapacidad en el Senado. Desde la Casa Rosada pretendían que Bullrich introdujera modificaciones al dictamen que había llegado con media sanción de Diputados. La intención era reducir determinadas prestaciones, pero la jefa del bloque libertario optó por no avanzar en esa dirección. Su decisión no fue un detalle reglamentario ni una simple diferencia de interpretación. Fue una definición política que privilegió el entendimiento alcanzado con los sectores aliados y evitó reabrir una negociación que podía complicar la aprobación de una iniciativa que ya contaba con un respaldo considerable.

El argumento de quienes se oponían a esos cambios era que introducir nuevas restricciones podía generar incompatibilidades y contradicciones dentro del propio régimen. La propuesta, además, fue considerada descabellada por algunos integrantes del oficialismo. El dictamen terminó saliendo sin modificaciones, conservando los principales componentes del proyecto aprobado por la Cámara baja. La iniciativa establece un régimen permanente, mantiene las pensiones no contributivas actualizadas por inflación y preserva el nomenclador universal y el arancel unificado para las prestaciones.

Sin embargo, reducir lo ocurrido a una discusión legislativa sería desconocer el verdadero trasfondo. La controversia sobre discapacidad ya había provocado enfrentamientos entre distintos despachos gubernamentales y había dejado al descubierto una llamativa descoordinación entre quienes diseñan las políticas económicas y quienes deben sostener políticamente las decisiones del Ejecutivo. La discusión no comenzó esta semana. Tiene antecedentes que se remontan a septiembre, cuando el oficialismo impulsó una solución consensuada con bloques opositores para reemplazar la emergencia vigente por un esquema de carácter permanente.

Aquella iniciativa había encontrado resistencia en Economía, donde cuestionaban tanto el impacto fiscal como el procedimiento utilizado para avanzar sin una consulta previa con el resto del Gobierno. La contradicción se hizo todavía más evidente cuando el proyecto de Presupuesto 2027 incorporó disposiciones que marchaban en sentido contrario a lo que se estaba negociando en el Congreso. Se proponían mayores exigencias para acreditar la invalidez laboral, se eliminaba el Certificado Único de Discapacidad como vía directa de acceso y se planteaban incompatibilidades entre las pensiones y el empleo formal, además de la eliminación del nomenclador único.

La consecuencia fue una disputa de responsabilidades dentro de la Casa Rosada. Nadie parecía dispuesto a hacerse cargo de una contradicción que comprometía la credibilidad del propio oficialismo. Finalmente, la negociación parlamentaria terminó imponiéndose y la oposición consiguió que se conservaran aspectos centrales del proyecto, entre ellos la compatibilidad de las pensiones con el empleo formal bajo determinadas condiciones, el mantenimiento del nomenclador y la actualización automática de los haberes. El resultado fue una mayoría contundente en Diputados, difícil de ignorar incluso para quienes habían objetado el camino elegido.

En el Senado, Bullrich decidió sostener esa construcción política. Su postura demuestra que comprende una cuestión elemental para cualquier dirigente con aspiraciones de poder: gobernar también supone negociar, construir mayorías y aceptar que no todas las decisiones pueden imponerse desde un escritorio. El problema es que esa concepción parece chocar con una parte del Gobierno que interpreta cualquier concesión como una derrota y cualquier diferencia como una indisciplina.

La tensión tampoco se limita a discapacidad. El reciente cruce entre Bullrich y Luis Caputo por los anuncios vinculados con las deudas de las pequeñas y medianas empresas mostró que las diferencias tienen una dimensión política mucho más amplia. Cuando el ministro comunicó la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027, la senadora reivindicó públicamente que venía reclamando una medida de esas características. Su mensaje tuvo un componente de reconocimiento personal que no pasó inadvertido en el área económica. Caputo respondió posteriormente con una defensa enfática del liderazgo presidencial y una advertencia sobre quienes creen estar en condiciones de ocupar la Presidencia. No necesitó mencionar nombres para que el destinatario de sus palabras resultara fácilmente identificable.

La cuestión adquiere otra dimensión cuando se observa el contexto político. Javier Milei se encontraba nuevamente fuera del país, mientras Karina Milei permanecía en Buenos Aires y las diferencias dentro del oficialismo seguían acumulándose. En ese escenario, las versiones sobre las aspiraciones presidenciales de Bullrich para 2027 encuentran un terreno propicio. No significa que exista una candidatura definida ni que la senadora haya decidido romper con el Presidente. Pero tampoco parece razonable interpretar sus movimientos como simples expresiones circunstanciales de una dirigente que se limita a cumplir instrucciones.

Bullrich sabe que su capital político depende, en buena medida, de mostrar autonomía sin abandonar formalmente el espacio gobernante. Esa combinación puede convertirse en una ventaja, aunque también encierra riesgos. Si confronta demasiado, puede quedar aislada dentro de una estructura donde Karina Milei concentra decisiones fundamentales. Si acepta todas las imposiciones, corre el peligro de diluir el perfil propio que pretende construir.

Hay, además, un elemento que vuelve especialmente delicada la discusión sobre discapacidad: su dimensión humana y social. La próxima visita del papa León XIV incluye una actividad en el Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. En vísperas de esa llegada, el debate sobre las prestaciones adquiere una sensibilidad que excede largamente las diferencias presupuestarias. No se trata solamente de cuánto dinero destina el Estado, sino de qué concepción de la responsabilidad pública pretende sostener el Gobierno.

La administración de Milei enfrenta, así, una paradoja cada vez más visible. Mientras reclama disciplina y unidad, sus principales figuras protagonizan disputas que revelan proyectos y criterios diferentes. Bullrich parece haber comprendido que la construcción de poder no consiste únicamente en obedecer, sino también en demostrar capacidad para tomar decisiones propias. El interrogante es cuánto tiempo podrá sostener esa autonomía sin convertirla en una confrontación abierta con el núcleo que conduce el Gobierno. Porque detrás de una ley sobre discapacidad y de un cruce por las deudas de las pymes empieza a insinuarse una disputa mucho más ambiciosa: quién pretende tener voz propia en el oficialismo y quién aspira a ser algo más que un integrante del proyecto presidencial.