Milei, el costo de confundir la ideología con el poder

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

En política, las derrotas electorales de los aliados pueden convertirse en problemas propios cuando un presidente decide involucrarse más de lo necesario en una batalla que no le pertenece. Javier Milei parece haber elegido ese camino después del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. En lugar de administrar el resultado con pragmatismo y preservar los intereses argentinos, el mandatario decidió sostener una posición que lo compromete personalmente, lo distancia de buena parte de la región y vuelve a poner en evidencia una dificultad recurrente de su gestión: distinguir entre sus convicciones ideológicas y las responsabilidades institucionales que implica gobernar.

El problema no consiste en que Milei prefiera a los dirigentes de derecha ni en que mantenga una relación privilegiada con Donald Trump. Cada gobierno construye sus alianzas internacionales de acuerdo con sus intereses y su visión del mundo. La cuestión aparece cuando esa afinidad se transforma en el criterio dominante de la política exterior y desplaza consideraciones elementales como la convivencia diplomática, la previsibilidad comercial y la defensa de los intereses nacionales. Brasil no es un adversario circunstancial al que la Argentina pueda darse el lujo de ignorar por una diferencia política. Es un socio fundamental cuya importancia no desaparece porque su electorado haya elegido a un dirigente que incomoda al Presidente argentino.

La negativa de Milei a reconocer públicamente el resultado brasileño expone esa contradicción. El mandatario argentino llegó a la Presidencia después de una elección cuya legitimidad nadie debería discutir, precisamente porque la voluntad popular constituye la base de la autoridad democrática. Pretender que ese principio tenga una aplicación selectiva, según quién resulte vencedor, introduce una inconsistencia difícil de justificar. Las urnas no son legítimas solamente cuando producen resultados compatibles con las preferencias personales de un gobernante. Si la democracia sirve para algo, es justamente para aceptar que los ciudadanos pueden elegir opciones que no coinciden con las nuestras.

La situación adquirió una dimensión todavía más delicada con la salida de Flávio Bolsonaro y su familia hacia Estados Unidos, en un operativo cuya coordinación involucró a los gobiernos de Milei y Trump. Más allá de las explicaciones oficiales sobre el carácter legal del tránsito por territorio argentino, la decisión dejó una pregunta política inevitable: ¿qué necesidad tenía la Casa Rosada de quedar tan expuesta en una operación vinculada con una disputa política brasileña?

Una cosa es mantener vínculos con los Bolsonaro y otra muy distinta es convertir esa relación en una demostración de lealtad que pueda interpretarse como un desafío al gobierno de Lula. La diplomacia exige, además de afinidades, cálculo y discreción. Cuando una administración necesita exhibir cada movimiento como una proeza de inteligencia, la política exterior corre el riesgo de convertirse en una puesta en escena destinada a satisfacer a la propia militancia. La discreción no es una debilidad, ni el hermetismo constituye por sí mismo una virtud. Lo verdaderamente importante es que las decisiones respondan a una estrategia coherente y no a la necesidad de construir una épica alrededor de los colaboradores presidenciales.

La sobreactuación digital que acompañó el episodio terminó agregando un ingrediente innecesario. Mientras algunos sectores de la estructura libertaria parecían empeñados en presentar la maniobra como una operación extraordinaria, otros integrantes del Gobierno cuestionaban la exposición y admitían desconocer detalles fundamentales. Esa disparidad revela una característica preocupante del funcionamiento interno de la administración: la concentración de decisiones en círculos reducidos, la circulación incompleta de información y la competencia permanente por demostrar cercanía con el Presidente.

En una organización política que convirtió la comunicación en una herramienta central de poder, cada operación corre el riesgo de transformarse en una disputa por el mérito. El asesor que aparece como estratega, el funcionario que reclama protagonismo y el militante que celebra una supuesta victoria táctica terminan desplazando la discusión sustancial. La pregunta deja de ser si la decisión fue conveniente para la Argentina y pasa a ser quién consiguió ejecutarla, quién estaba al tanto y quién puede atribuirse el resultado. Es una manera bastante peculiar de administrar un Estado: mucho énfasis en la épica, demasiada preocupación por las internas y escasa claridad sobre los objetivos de largo plazo.

El costo de esa lógica no se limita a Brasil. También alcanza a la propia coalición gobernante. Patricia Bullrich, desde su posición como senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, dejó trascender una postura que reivindica el respeto por la voluntad expresada en las urnas. Su intervención mostró que las diferencias no se reducen a una disputa de modales diplomáticos. Hay dirigentes oficialistas que comprenden que la consistencia institucional resulta indispensable para construir una fuerza política con aspiraciones de continuidad y otros que parecen considerar que cualquier gesto de moderación equivale a una concesión ideológica.

Detrás de esa discusión se encuentra, además, la competencia por el lugar que cada uno ocupará en el futuro del oficialismo. Karina Milei, Santiago Caputo, Bullrich y los Menem representan intereses, diagnósticos y formas de ejercer el poder que no siempre coinciden. Las diferencias sobre las reformas, las negociaciones con los gobernadores y la estrategia electoral de 2027 muestran que la aparente homogeneidad libertaria convive con una disputa por el control de las decisiones. La unidad suele ser sencilla mientras todos celebran victorias; las dificultades aparecen cuando hay que administrar una derrota ajena, asumir costos propios o resignar protagonismo.

El calendario legislativo agrega presión. El Presupuesto 2027, la reforma electoral y las iniciativas pendientes requieren acuerdos que difícilmente puedan construirse si el oficialismo confunde la disciplina política con la obediencia y las negociaciones con una demostración de fuerza. Los gobernadores aliados no tienen por qué aceptar automáticamente las condiciones de la Casa Rosada, del mismo modo que los socios parlamentarios no están obligados a acompañar cada proyecto sin discutir sus consecuencias. La capacidad de gobernar se mide, precisamente, por la habilidad para convertir una mayoría circunstancial en acuerdos sostenibles.

A ese escenario se suma la incertidumbre internacional. La suerte electoral de Trump y las consecuencias de un eventual retroceso republicano podrían modificar el contexto en el que Milei construye su alineamiento externo. Apostar por una relación estrecha con Washington puede ofrecer oportunidades, pero convertir esa relación en el único horizonte estratégico implica asumir riesgos innecesarios. Los gobiernos cambian, los intereses nacionales permanecen y las alianzas que hoy parecen incondicionales mañana pueden responder a otras prioridades.

La Argentina necesita una política exterior que combine afinidades ideológicas con realismo, preserve la relación económica con Brasil y evite quedar atrapada en conflictos ajenos. También necesita un Gobierno capaz de ordenar sus propias internas y concentrarse en las reformas que prometió impulsar. La firmeza presidencial no consiste en sostener una posición hasta el absurdo, sino en reconocer cuándo una decisión deja de producir beneficios y comienza a generar problemas.

Milei tiene derecho a defender sus ideas y a respaldar a sus aliados. Lo que no puede hacer sin consecuencias es confundir ese respaldo con una estrategia nacional. La política no premia necesariamente al que grita más fuerte ni al que convierte cada movimiento en una demostración de lealtad. Premia, cuando funciona, al que comprende los límites del poder y sabe cuándo avanzar, cuándo negociar y cuándo retroceder.

El verdadero desafío del Presidente no es demostrar que está dispuesto a acompañar a sus socios en las buenas y en las malas. Es probar que puede gobernar la Argentina sin convertir cada preferencia personal en una cuestión de Estado. Porque una cosa es tener convicciones y otra, bastante más difícil, es ejercer el poder con inteligencia. Y cuando la ideología empieza a ocupar el lugar del cálculo, los costos suelen aparecer precisamente donde menos se los esperaba.