La libertad de prensa no puede depender de quién gobierna

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La libertad de prensa suele convertirse en una preocupación urgente para la política cuando el poder comienza a sentirse incómodo. Mientras las críticas apuntan al adversario, defender el derecho a informar y a investigar parece una obligación elemental de cualquier dirigente democrático. Sin embargo, cuando las preguntas alcanzan al gobierno propio, las convicciones republicanas suelen enfrentarse con una prueba mucho más exigente. Es en ese momento cuando se distingue a quienes conciben la libertad como un principio irrenunciable de quienes la consideran una herramienta útil solamente cuando favorece sus intereses.

La Argentina conoce demasiado bien esa contradicción. Distintas administraciones, con orientaciones ideológicas opuestas, han encontrado motivos para cuestionar al periodismo cuando sus investigaciones afectan intereses políticos, exponen irregularidades o ponen en discusión los argumentos oficiales. Los métodos cambiaron con el tiempo, pero la tentación de desacreditar al mensajero para evitar responder por el mensaje continúa presente. El problema consiste en que, cada vez que el poder intenta establecer quién puede preguntar y qué asuntos merecen ser investigados, la discusión deja de ser una controversia entre funcionarios y periodistas para comprometer las condiciones básicas de una sociedad democrática.

Durante los gobiernos kirchneristas, la relación con los medios estuvo atravesada por una confrontación que adquirió características institucionales. La distribución de la publicidad oficial fue cuestionada por su utilización como mecanismo de presión, mientras algunos periodistas fueron expuestos públicamente a cuestionamientos que excedían cualquier discusión profesional. Quienes entonces denunciaron esos comportamientos lo hicieron, o debieron hacerlo, en nombre de principios que no pertenecían exclusivamente a una fuerza política. La libertad de prensa no era patrimonio de una oposición circunstancial, sino una garantía que debía preservarse con independencia de quién ocupara el poder.

Por eso resulta difícil comprender el silencio de una parte de la dirigencia que, después de haber cuestionado aquellas prácticas, parece encontrar ahora razones para relativizar conductas semejantes. Las circunstancias políticas pueden cambiar, los gobiernos pueden llegar al poder mediante el voto popular y las prioridades económicas pueden ser diferentes. Nada de eso modifica la naturaleza de los derechos fundamentales ni convierte en aceptable aquello que antes se denunciaba como una amenaza republicana.

Los datos difundidos por el Foro de Periodismo Argentino ofrecen una dimensión concreta de esta preocupación. Según su monitoreo, durante 2025 se registraron 278 agresiones contra periodistas, el número más elevado desde que la organización comenzó a elaborar esa estadística y superior incluso al máximo alcanzado en 2013. El informe identifica al presidente Javier Milei como el principal responsable de los ataques. La magnitud de esas cifras debería impulsar una reflexión que atraviese las diferencias partidarias, porque una sociedad en la que informar implica exponerse sistemáticamente a la intimidación termina debilitando uno de sus mecanismos esenciales de control sobre el poder.

Milei ha prescindido de la publicidad oficial del Gobierno nacional como instrumento de disciplinamiento de los medios, pero esa decisión no elimina el problema de fondo. La presión sobre el periodismo puede adoptar otras formas y encontrar en las redes sociales un vehículo de enorme alcance. Los insultos presidenciales, repetidos y amplificados por seguidores, pueden construir un clima de hostilidad que excede ampliamente el intercambio de opiniones. La consigna de que no se odia lo suficiente a los periodistas resume una concepción de la discusión pública en la que el adversario deja de ser alguien a quien refutar para convertirse en alguien a quien se debe desacreditar.

El episodio de la cena anual de la Fundación Faro profundizó esa preocupación. Allí, el Presidente mencionó a periodistas y profesionales vinculados con una investigación relacionada con la causa $LIBRA y los insultó, pese a haber obtenido un fallo favorable en ese expediente. La referencia a que esas personas debían quemarse en una hoguera no puede analizarse como una simple extravagancia verbal ni quedar justificada por el carácter provocador que Milei ha convertido en una marca de su identidad política. Una cosa es cuestionar una investigación, discutir sus conclusiones o señalar errores concretos. Otra, muy diferente, es exponer públicamente a quienes la realizaron mediante expresiones que evocan un castigo colectivo.

La investidura presidencial introduce una responsabilidad que no puede separarse de las palabras pronunciadas. El jefe del Estado dispone de una visibilidad y una capacidad de influencia que ningún ciudadano común posee. Cuando identifica a un periodista como destinatario de su hostilidad, sus expresiones pueden ser interpretadas por otros como una autorización para prolongar el ataque. No es necesario que exista una orden explícita para advertir el riesgo de esa dinámica. Basta con observar cómo una descalificación originada en la máxima autoridad política puede reproducirse, multiplicarse y adquirir una intensidad que deja a sus destinatarios expuestos a nuevas formas de agresión.

La defensa de la libertad de expresión tampoco significa conceder inmunidad a los periodistas frente a las críticas. El periodismo puede equivocarse, publicar información incorrecta y sostener interpretaciones discutibles. Sus actuaciones deben estar sometidas al contraste de los hechos y a las responsabilidades que correspondan. Pero precisamente por eso resulta indispensable distinguir entre refutar una información y perseguir a quien la publica. Una democracia necesita medios capaces de investigar al Gobierno, incluso cuando sus conclusiones resultan incómodas para una mayoría electoral.

En ese escenario, la responsabilidad de la dirigencia adquiere una importancia particular. Los sectores, políticos y sociales, que reivindicaron históricamente los principios republicanos tienen motivos adicionales para pronunciarse. Quienes denunciaron las presiones del kirchnerismo no pueden considerar que su compromiso terminó con aquel ciclo político. Si la defensa de las instituciones depende de la identidad partidaria de quien las pone en riesgo, deja de ser una convicción y se transforma en una conveniencia.

La pregunta que la política debe responder es cuánto está dispuesta a tolerar antes de reconocer que se ha cruzado un límite. No alcanza con lamentar los excesos cuando se vuelven demasiado evidentes ni con esperar que la próxima víctima pertenezca a un espacio político diferente. La libertad de prensa exige una defensa anticipada, precisamente porque el daño provocado por la intimidación no se limita a quienes reciben los ataques. También afecta a los periodistas que pueden comenzar a medir sus preguntas, a los medios que enfrentan presiones y a los ciudadanos que pierden la posibilidad de conocer aquello que el poder preferiría mantener fuera de la discusión pública.

El voto popular otorga legitimidad para gobernar, pero no habilita a debilitar los derechos que hacen posible la convivencia democrática. La autoridad presidencial exige aceptar que la crítica forma parte del ejercicio del poder y que ninguna victoria electoral convierte al gobernante en propietario de la verdad. Si la Argentina defendió la libertad de prensa frente a gobiernos anteriores, debe sostener ese mismo compromiso ante el actual. Callar por afinidad política equivale a aceptar una excepción que mañana puede volverse contra cualquiera. Las convicciones republicanas se demuestran cuando defenderlas resulta incómodo, no cuando hacerlo ofrece una ventaja electoral.