La causa Malvinas, atrapada en la interna del poder libertario

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La defensa de la soberanía nacional suele presentarse como una de esas cuestiones capaces de colocar las diferencias políticas en un segundo plano. Sin embargo, en el Gobierno de Javier Milei, el proyecto vinculado con Malvinas terminó convirtiéndose en una prueba de hasta qué punto las disputas internas pueden condicionar incluso las iniciativas que el Presidente considera prioritarias. Lo que debía funcionar como una bandera política empezó a exhibir las tensiones entre quienes concentran la estrategia ideológica del oficialismo y quienes administran los resortes parlamentarios necesarios para convertir las decisiones del Ejecutivo en leyes.

La postergación de la iniciativa no fue un episodio menor. Detrás de la demora aparecieron sospechas, reproches cruzados y una discusión sobre quién tiene la capacidad de conducir la agenda legislativa libertaria. Santiago Caputo, uno de los principales arquitectos políticos del proyecto, quedó en el centro de las diferencias con el sector vinculado a Martín Menem. La disputa expuso una contradicción incómoda para un oficialismo que pretende mostrarse cohesionado: mientras reivindica la necesidad de defender los intereses nacionales, sus principales figuras parecen demasiado ocupadas en determinar quién capitalizará los resultados de esa defensa.

El problema no reside solamente en la existencia de diferencias internas, algo habitual en cualquier administración. La cuestión es qué ocurre cuando esas diferencias interfieren en una iniciativa que el propio Milei convirtió en una prioridad. La ley sobre soberanía de Malvinas requiere acuerdos, precisión jurídica y una mayoría parlamentaria que el oficialismo no puede garantizar por sus propios medios. En ese escenario, la negociación con los aliados resulta indispensable. Pero también exige que las disputas entre los distintos sectores del Gobierno no terminen trasladándose al funcionamiento del Congreso.

La decisión de dejar el proyecto fuera del temario de la sesión del 21 de octubre alimentó las sospechas del entorno de Caputo. Allí interpretaron que el sector de Menem podía estar demorando deliberadamente una iniciativa asociada con el asesor presidencial. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados rechazaron esa lectura y atribuyeron los inconvenientes a cuestiones técnicas y a las conversaciones con los bloques aliados. Ambas posiciones revelan una dificultad que excede la discusión sobre la redacción de determinados artículos: dentro del oficialismo, la confianza política parece ser un recurso bastante más escaso que las declaraciones públicas de unidad.

El episodio también vuelve a poner en evidencia la convivencia compleja entre las llamadas Fuerzas del Cielo y los dirigentes que ejercen una influencia directa sobre la estructura legislativa libertaria. No es la primera vez que aparecen diferencias por el rumbo de la estrategia política, el papel de los jóvenes en las campañas o las discusiones ideológicas que atraviesan al espacio. Pero la controversia sobre Malvinas tiene una dimensión particular porque involucra una causa histórica que excede las necesidades de posicionamiento de cualquier dirigente.

En ese punto, el Gobierno debería distinguir entre el legítimo debate parlamentario y la competencia por la autoría política de una iniciativa. Que los representantes del PRO, la UCR, el MID y el peronismo acerquen propuestas no debería interpretarse como una concesión intolerable ni como una amenaza a la identidad del proyecto. La búsqueda de consensos constituye una condición elemental para construir mayorías. Si las modificaciones sugeridas permiten mejorar la redacción y despejar dudas, aceptarlas no supone renunciar a los objetivos originales, sino reconocer que gobernar implica negociar.

Las conversaciones reservadas entre Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y los representantes legislativos apuntaron precisamente a destrabar el expediente. El entendimiento para incorporar cambios que no alterarían sustancialmente la iniciativa ofrece una señal de distensión, aunque no garantiza que las diferencias hayan quedado definitivamente superadas. La posibilidad de obtener dictamen el martes se transformó en una nueva prueba para un oficialismo que necesita demostrar que puede ordenar sus prioridades y sostenerlas en el terreno parlamentario.

A las dificultades internas se agregan los reparos transmitidos por representantes de Estados Unidos respecto de las sanciones que podrían alcanzar a empresas estadounidenses vinculadas con actividades en las islas. Esa objeción introduce una dimensión especialmente delicada. Una política orientada a defender la soberanía argentina debe contemplar las consecuencias de sus instrumentos jurídicos y diplomáticos, sin perder de vista el objetivo que justifica su existencia. La firmeza en la reivindicación nacional no se mide por la severidad de una disposición aislada, sino también por la capacidad de sostenerla con fundamentos claros y sin generar contradicciones innecesarias.

Las dudas sobre el alcance de las sanciones y los eventuales cambios en el capítulo referido a publicaciones periodísticas con injerencia extranjera también obligan a examinar cuidadosamente el contenido de la propuesta. Una norma de esta naturaleza requiere definiciones precisas, límites comprensibles y garantías que eviten interpretaciones ambiguas. La defensa de los intereses nacionales no debería convertirse en una fórmula abierta a controversias jurídicas que terminen debilitando la propia herramienta que se pretende construir.

La Casa Rosada quería obtener la media sanción antes de que terminara octubre. Esa aspiración depende ahora de que las negociaciones permitan avanzar sin nuevas postergaciones. Sin embargo, el verdadero resultado político no se medirá únicamente por la velocidad con la que el expediente llegue al recinto. También dependerá de la capacidad presidencial para impedir que una iniciativa estratégica quede subordinada a las rivalidades de su propio espacio.

Malvinas no pertenece a una facción, a un asesor ni a una conducción parlamentaria. Es una causa nacional cuya trascendencia no puede reducirse a la competencia por un triunfo interno. Si el Gobierno pretende convertirla en una política concreta, deberá demostrar que está en condiciones de construir acuerdos, aceptar discusiones razonables y resolver sus diferencias sin transformar cada negociación en una batalla por el poder. De lo contrario, la principal amenaza para el proyecto no estará solamente en las objeciones externas o en las dificultades legislativas, sino en la incapacidad del propio oficialismo para distinguir entre defender una causa y disputar quién se queda con el mérito de hacerlo.