Lorenzetti aclaró que la Corte no analizó la inhabilitación de Cristina Kirchner y reclamó cubrir las vacantes

• Lorenzetti afirmó que la Corte Suprema no analizó la constitucionalidad de la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner.
• El máximo tribunal rechazó por falta de fundamentación la queja presentada en la causa Vialidad, sin revisar el fondo de la cuestión.
• El juez reclamó cubrir las dos vacantes de la Corte y advirtió sobre la concentración de poder en un tribunal de tres integrantes.
• Lorenzetti consideró positiva la incorporación de mujeres y pidió respetar el procedimiento constitucional para designar nuevos magistrados.
• El magistrado aclaró que la Corte no resolvió sobre la validez de la Ley de Tierras, sino sobre cuestiones procesales y medidas cautelares.
• También cuestionó los juicios políticos basados exclusivamente en el contenido de las sentencias y defendió la independencia judicial.

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti precisó que el máximo tribunal no examinó la constitucionalidad de la inhabilitación perpetua impuesta a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Además, reclamó completar la integración del organismo, que actualmente funciona con tres miembros sobre los cinco previstos legalmente, y cuestionó los intentos de impulsar juicios políticos contra magistrados por el contenido de sus sentencias.

Al referirse a la condena de la ex presidenta, el magistrado explicó que la intervención de la Corte se limitó a una presentación procesal que fue rechazada por falta de fundamentación. Según detalló, el expediente llegó al máximo tribunal mediante una queja, después de que se denegara un recurso extraordinario, por lo que no se produjo una revisión integral de la sentencia.

Lorenzetti recordó que la condena dictada por el tribunal oral había sido confirmada por la Cámara de Casación, lo que constituye el denominado doble conforme. En ese contexto, sostuvo que la Corte recibió un planteo que no cumplía con los requisitos necesarios para avanzar en su tratamiento.

El juez también aclaró que la discusión sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no formó parte de los asuntos examinados por el tribunal. La sanción fue impuesta junto con la pena de prisión, pero la eventual incompatibilidad constitucional entre ambas no llegó a ser analizada por los integrantes de la Corte.

La precisión adquiere relevancia frente al debate político sobre una posible proscripción de Fernández de Kirchner y sus posibilidades de competir electoralmente. Lorenzetti distinguió entre las posiciones que sostienen los distintos espacios políticos y el análisis jurídico que corresponde a los tribunales. Consideró legítimo que cada sector defienda sus argumentos en democracia, aunque remarcó que la actuación judicial debe ajustarse a la legislación, al derecho y a la Constitución.

Otro de los ejes de sus declaraciones fue la necesidad de cubrir las dos vacantes que mantienen al máximo tribunal con una integración reducida. La ley establece cinco integrantes, pero el organismo funciona actualmente con tres, tras las salidas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Para Lorenzetti, la situación excede las dificultades operativas y plantea un problema institucional relacionado con la concentración de atribuciones. Señaló que tres magistrados deben resolver asuntos de enorme trascendencia y que la diversidad de perspectivas resulta fundamental para el funcionamiento de la Justicia.

El magistrado sostuvo que corresponde al Poder Ejecutivo enviar las candidaturas y al Senado prestarles acuerdo con una mayoría de dos tercios. También consideró conveniente incorporar mujeres al tribunal como parte de una integración más diversa.

En cambio, manifestó cautela ante la posibilidad de ampliar la cantidad de miembros de la Corte. Advirtió que una modificación de esa naturaleza podría generar incertidumbre sobre la jurisprudencia si los cambios institucionales demoraran la consolidación de criterios judiciales.

Durante la entrevista, Lorenzetti también explicó el alcance de las decisiones relacionadas con la Ley de Tierras. Rechazó que la Corte hubiera resuelto sobre la constitucionalidad de esa norma, la validez del decreto de necesidad y urgencia cuestionado o la venta de recursos naturales. Según indicó, los expedientes involucraban medidas cautelares y cuestiones procesales, no una decisión definitiva sobre el fondo de la controversia.

En una de las causas, el tribunal rechazó una presentación de ex combatientes de Malvinas porque consideró que no acreditaban una representación jurídica directa que los habilitara a impulsar el reclamo. El juez aclaró que esa resolución no implicó una valoración sobre la protección de los recursos naturales ni sobre la legislación cuestionada.

En un segundo expediente, Lorenzetti y el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, votaron a favor de una medida cautelar por considerar que existía una cuestión ambiental que no había recibido tratamiento previo. Carlos Rosenkrantz sostuvo una posición diferente.

Finalmente, el magistrado cuestionó los pedidos de juicio político contra jueces motivados exclusivamente por el contenido de sus decisiones. Sostuvo que las sentencias deben ser revisadas mediante los recursos judiciales correspondientes y no a través de mecanismos destinados a desplazar magistrados por sus criterios jurídicos.

A su entender, recurrir al juicio político frente a fallos que generan desacuerdo compromete la independencia judicial y la división de poderes. La posibilidad de corregir una decisión mediante la apelación, explicó, constituye una garantía central del sistema institucional.