La interna del Gobierno enfrenta a Bullrich con los sectores de Caputo y Karina

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El Gobierno de Javier Milei atraviesa una paradoja cada vez más difícil de disimular: mientras pretende consolidar una identidad política sin fisuras y proyectar su poder hacia las elecciones de 2027, sus principales figuras parecen dedicar una energía considerable a dirimir disputas internas. La discusión ya no se limita a diferencias de temperamento o a las habituales tensiones entre funcionarios. Lo que comienza a emerger es una confrontación por la orientación política del oficialismo, la distribución del poder y la autoridad para interpretar qué significa ser parte de un gobierno que se define como de derecha.

Patricia Bullrich quedó en el centro de esa disputa después de expresar posiciones que no coincidieron plenamente con las preferencias de otros integrantes de La Libertad Avanza. La senadora nacional y presidenta del bloque de senadores del oficialismo se ha acostumbrado a exhibir autonomía en determinadas circunstancias. Esa conducta, que puede interpretarse como una señal de personalidad política, también tiene un costo dentro de una administración que suele confundir la disciplina con la adhesión incondicional y las diferencias de criterio con una amenaza a la conducción.

La reacción del sector que responde a Santiago Caputo constituye una novedad. Hasta ahora, los integrantes de Las Fuerzas del Cielo habían encontrado en Bullrich una aliada circunstancial en algunas de sus disputas con el entorno de Karina Milei. Sin embargo, las coincidencias no parecen haber sobrevivido a las diferencias sobre la política exterior y la composición del Consejo de Seguridad Nacional. El malestar quedó expuesto cuando el legislador bonaerense Agustín Romo publicó un mensaje en el que reclamó una identidad de derecha sin matices y exhortó a apartarse a quienes consideraba demasiado moderados. En la Casa Rosada interpretaron que el destinatario era la senadora.

El episodio tiene una importancia que excede el intercambio en las redes sociales. Cuando un dirigente del oficialismo utiliza esos canales para cuestionar públicamente a otra figura de peso, la discusión deja de ser una conversación reservada sobre diferencias administrativas y se convierte en una señal de posicionamiento dentro de la estructura de poder. La pregunta ya no es solamente qué quiso decir Romo, sino por qué una parte del oficialismo considera necesario marcarle límites a una dirigente que ocupa un lugar central en el Senado y que ha demostrado capacidad para construir su propia gravitación política.

El reconocimiento de Bullrich a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en Brasil parece haber sido el verdadero detonante. Mientras Milei evitó pronunciarse sobre el resultado, la senadora reconoció el desenlace electoral. Esa diferencia alcanzó para despertar el enojo de quienes esperaban una coincidencia absoluta con las preferencias políticas del Presidente. El contraste expuso una cuestión incómoda: hasta qué punto la política exterior argentina debe quedar subordinada a las afinidades ideológicas personales del jefe del Estado y de sus colaboradores más cercanos.

La diplomacia no puede reducirse a una competencia para demostrar quién es más intransigente. Reconocer un resultado electoral no supone abandonar convicciones ni renunciar a las preferencias políticas propias. Es, ante todo, aceptar una realidad institucional. Si cada pronunciamiento diplomático debe atravesar el filtro de una disputa doméstica, la política exterior corre el riesgo de convertirse en una prolongación de las internas del oficialismo. La prudencia presidencial, por su parte, puede responder a una decisión política, pero el silencio también produce consecuencias cuando otros gobiernos esperan señales de continuidad y previsibilidad.

La controversia sobre el Consejo de Seguridad Nacional agregó otro capítulo a la confrontación. El sector de Caputo pretendía una estructura concentrada en el área de Inteligencia, mientras que la incorporación del Ministerio de Seguridad fue aceptada durante la discusión del proyecto vinculado con Malvinas. Desde el entorno de Bullrich rechazaron que la modificación hubiera sido una iniciativa de la senadora y sostuvieron que respondió a una concesión a legisladores aliados. También señalaron que Caputo conocía la existencia de ese planteo.

Las versiones sobre el origen de la modificación no son coincidentes. Mientras algunos integrantes del oficialismo sospecharon que detrás de los cambios había una operación política, desde la Cámara de Diputados negaron que Bullrich hubiera intervenido y atribuyeron la propuesta a legisladores que participaron de las negociaciones. También descartaron que se hubiera incorporado a representantes del Poder Legislativo al organismo. Sin elementos concluyentes que permitan establecer responsabilidades individuales, convertir una diferencia sobre el diseño institucional en una acusación personal parece más útil para alimentar la interna que para esclarecer lo sucedido.

En realidad, la discusión revela dos concepciones distintas sobre el funcionamiento del poder. Una privilegia la concentración de las decisiones estratégicas en un círculo reducido; la otra admite que determinadas áreas del Estado participen de los mecanismos de coordinación y que las negociaciones legislativas introduzcan modificaciones. La diferencia no es menor, aunque tampoco justifica transformar cada desacuerdo en una batalla por la identidad ideológica del Gobierno.

Las críticas de Las Fuerzas del Cielo a la gestión de Seguridad, incluida la frustración por el proyecto migratorio que Santiago Caputo pretendía impulsar, muestran que las tensiones vienen de antes. La discusión sobre las competencias y las prioridades de esa cartera se mezcla así con viejas rivalidades y con una lucha por determinar quién tiene la última palabra en asuntos sensibles. Cuando las diferencias administrativas se acumulan sobre conflictos personales, cualquier iniciativa puede convertirse en una excusa para ajustar cuentas.

Karina Milei, entretanto, mantiene una estrategia diferente. Su entorno evita responder públicamente a Bullrich y considera que sus distanciamientos pierden impacto por su reiteración. Esa aparente indiferencia puede ser una forma de evitar una escalada, pero también permite que la senadora quede expuesta a las críticas de otros sectores sin que la secretaria general de la Presidencia tenga que asumir el costo de confrontarla directamente. El silencio, en política, no siempre equivale a debilidad: también puede ser una manera de administrar los tiempos y dejar que los adversarios desgasten sus propias posiciones.

El problema para el Gobierno es que ninguna de estas estrategias parece orientada a resolver las diferencias de fondo. Mientras unos reclaman mayor pureza ideológica, otros prefieren no intervenir y los dirigentes involucrados buscan preservar sus espacios, la discusión sobre las prioridades de la administración queda relegada. La mesa política, concebida como un ámbito para ordenar la gestión y construir acuerdos, corre el riesgo de transformarse en una instancia incapaz de contener las ambiciones de sus propios integrantes.

La proyección hacia 2027 vuelve todavía más preocupante esta dinámica. Un oficialismo que aspira a renovar su mandato necesita algo más que consignas y lealtades personales: debe demostrar que puede gobernar, negociar y resolver conflictos sin convertir cada diferencia en una crisis. Bullrich tendrá que decidir hasta dónde puede sostener su autonomía sin quedar aislada, mientras Caputo y Karina deberán definir si consideran las divergencias una amenaza o una consecuencia natural de una coalición que pretende ampliar su poder.

Milei conserva la responsabilidad principal. No alcanza con dejar que sus colaboradores midan fuerzas mientras él evita intervenir en cada controversia. La autoridad presidencial también consiste en establecer reglas, delimitar competencias y evitar que las disputas personales condicionen las decisiones del Estado. Si la conducción no consigue imponer prioridades compartidas, la interna terminará ocupando el espacio que debería corresponderle a la gestión.

El oficialismo todavía puede convertir estas diferencias en una discusión política productiva. Pero para eso necesita abandonar la idea de que toda discrepancia es una traición y comprender que la cohesión no se construye mediante advertencias públicas ni silencios calculados. La verdadera prueba de conducción no consiste en impedir que existan diferencias, sino en evitar que esas diferencias se conviertan en el principal asunto de gobierno.