

Llaryora y Pullaro dejaron sin quórum al Gobierno y endurecieron su disputa con Milei
POLÍTICA19 de noviembre de 2026
Agencia de Noticias del InteriorLos diputados que responden a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe bloquearon la sesión en la Cámara baja y expusieron el deterioro de las negociaciones con la Casa Rosada. El conflicto tiene como principales ejes la representación en el Consejo de la Magistratura, las deudas previsionales, el Presupuesto 2027 y el régimen de biocombustibles.
RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE
Llaryora y Pullaro coordinaron una señal política contra el Gobierno nacional y sus legisladores impidieron reunir el quórum.
La sesión fracasó después de que los diputados cordobeses y santafesinos se negaran a ocupar sus bancas.
El principal enfrentamiento gira alrededor de un lugar en el Consejo de la Magistratura, que reclama el espacio Provincias Unidas.
Los gobernadores exigen respuestas por las deudas previsionales, las obras de infraestructura y el régimen de biocombustibles.
El oficialismo perdió la posibilidad de tratar varios proyectos, entre ellos la denominada ley Malvinas y modificaciones vinculadas al Banco Central.
Una señal de fuerza de los gobernadores
La relación entre el Gobierno de Javier Milei y los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro sumó un nuevo episodio de confrontación este miércoles en la Cámara de Diputados. Los representantes parlamentarios de Córdoba y Santa Fe resolvieron no facilitar el quórum y dejaron al oficialismo sin posibilidades de iniciar la sesión.
La decisión fue una demostración de fuerza política frente a la falta de respuestas de la Nación a los planteos que vienen realizando ambas administraciones provinciales.
La maniobra quedó expuesta cuando los diputados ingresaron al recinto, pero optaron por permanecer de pie, sin ocupar sus respectivos asientos. Desde la conducción de la Cámara, Martín Menem intentó persuadirlos para que se sentaran, aunque las gestiones no dieron resultado.
Finalmente, después de las 12.30, la sesión quedó formalmente frustrada. Había 126 legisladores presentes, tres menos de los 129 necesarios para alcanzar el número reglamentario.
Desde el cordobesismo dejaron en claro el sentido de la jugada: el Gobierno necesita de sus votos para garantizar el funcionamiento parlamentario y, sin respuestas a sus demandas, no está dispuesto a colaborar. También cuestionaron que los reclamos provinciales continúen sin una solución concreta.
La única legisladora cordobesa que decidió ocupar su banca fue Alejandra Torres, quien mantiene una relación más cercana con el oficialismo nacional.
El Consejo de la Magistratura, una disputa central
Uno de los principales motivos del enfrentamiento está relacionado con la designación de los representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, institución que interviene en la selección y evaluación de los magistrados judiciales.
La Libertad Avanza propuso a Nicolás Mayoraz y Gonzalo Roca para ocupar los dos lugares correspondientes a la mayoría parlamentaria. Por su parte, el peronismo impulsó a Guillermo Michel para representar a la segunda minoría.
La controversia aparece al momento de definir la cuarta representación. Provincias Unidas, espacio que cuenta con 18 integrantes en Diputados, pretende que ese puesto sea ocupado por Juan Brugge. Su argumento es que, por su cantidad de legisladores, le corresponde integrar el organismo en representación de la tercera minoría.
Sin embargo, en las últimas jornadas comenzó a tomar fuerza otra alternativa: un entendimiento entre La Libertad Avanza y el PRO para designar a Florencia De Sensi, dirigente vinculada al titular del bloque macrista, Cristian Ritondo.
Esa posibilidad provocó fuertes cuestionamientos entre los gobernadores, que interpretan que se intenta desplazar a su espacio de una representación que consideran legítima.
La discusión también generó diferencias dentro del propio macrismo. Álvaro González buscaba mantener su participación en el Consejo de la Magistratura, pero las tensiones internas terminaron complicando su posición. El legislador, cercano a Horacio Rodríguez Larreta, tampoco contribuyó al quórum. En la misma dirección se pronunció el Movimiento de Integración y Desarrollo.
Presupuesto 2027, obras y biocombustibles
El conflicto entre las provincias y la Casa Rosada no se limita a la integración del organismo judicial. También comprende una serie de cuestiones económicas y financieras que Llaryora y Pullaro consideran fundamentales para sus administraciones.
Uno de los puntos de mayor preocupación es el Presupuesto 2027, que ya consiguió dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Los mandatarios provinciales sostienen que sus planteos no fueron incorporados de manera satisfactoria, a pesar del acompañamiento que sus legisladores brindaron al oficialismo en distintas instancias parlamentarias.
Entre las exigencias más importantes aparecen la cancelación de las deudas previsionales que mantiene el Estado nacional con las provincias y el compromiso de avanzar con obras públicas, especialmente en materia de infraestructura vial.
A esos reclamos se agrega la discusión por un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. El proyecto, que despierta particular interés en Córdoba y Santa Fe por el peso de ambas provincias en la actividad agroindustrial, quedó detenido en comisión luego de las objeciones planteadas por el PRO.
Para los dos gobernadores, la falta de avances en estos asuntos constituye una señal de que los compromisos políticos asumidos con la Nación no están teniendo la correspondiente contrapartida.
El Gobierno perdió una sesión clave
La ausencia de quórum representó un revés parlamentario para el oficialismo, que tenía previsto avanzar con una agenda legislativa de varios temas.
Entre las iniciativas que quedaron sin tratamiento figuraba la denominada ley Malvinas, promovida por el asesor presidencial Santiago Caputo y considerada una de las apuestas políticas del Gobierno para esa jornada.
También estaban incluidos proyectos relacionados con una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos comerciales, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cambios en el régimen destinado a las pequeñas y medianas empresas.
El episodio dejó una conclusión política evidente: Milei no tiene garantizado el acompañamiento de los gobernadores que hasta ahora habían mostrado disposición a negociar con la Casa Rosada.
Llaryora y Pullaro eligieron mostrar que sus legisladores tienen capacidad para condicionar el funcionamiento del Congreso. La discusión ya no pasa solamente por diferencias puntuales sobre proyectos, sino por el peso político de las provincias en la relación con el poder central.
La pregunta que queda planteada es cuánto está dispuesto a ceder el Gobierno nacional para recuperar esos respaldos y evitar que las diferencias con los mandatarios provinciales terminen convirtiéndose en un obstáculo permanente para su agenda legislativa.

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