Coparticipación: en la Corte creen que el Gobierno no está firme en la decisión de avanzar con el incumplimiento del fallo

“Acá queremos saber quién va a ser el abogado con inventiva que presente la jugada del Gobierno para saber si hay que revalidarle el título”. La frase, mordaz, oída por Infobae, fue dicha en los pasillos del Palacio de Tribunales apenas se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de recusar a los jueces de la Corte Suprema y anunciar que se iba a desconocer los alcances del fallo que le ordena, transitoriamente, devolverle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fondos de coparticipación que le quitó, sin acuerdo previo, en septiembre del 2020 durante una protesta policial contra el gobierno de Axel Kicillof.

Mientras constitucionalistas y abogados adelantan que es una cuestión tardía e improcedente, el anuncio sobre los próximos pasos oficiales y desde la oposición ya se presentan denuncias penales contra el Gobierno, en tribunales la decisión es esperar: más allá de las declaraciones públicas, lo que miran es la causa, en donde se ordenó una medida cautelar y se analiza la cuestión de fondo. El lunes se reanudará la actividad judicial tras la fiestas navideñas en lo que será la última semana del año previo al receso de la feria de enero.

Frente a los anuncios públicos, dicen en voz baja, es solo “humo de la política”. Aguardan para saber si, efectivamente, el Gobierno avanzará en los papeles con la decisión de no cumplir con un fallo de la Corte. Un escenario que, de concretarse, traería consecuencias institucionales graves. “Mirá si cada uno de los que pierden en un litigio dicen que es de imposible cumplimiento... Qué opinará el juez de Nueva York que interviene en la causa por la expropiación de YPF cuando se entere que el Estado argentino anuncia que no va a cumplir una sentencia de su máximo tribunal? “, señalaba a Infobae un habitué del cuarto piso del Palacio.

Para el que se haya perdido esta película en medio de los festejos por el campeonato mundial, la historia podría resumirse así: en septiembre del 2020, la buena sintonía generada en medio del inicio de la pandemia entre Alberto Fernández y Larreta se quebró. Fue cuando miles de policías encabezaron una protesta en reclamos de aumentos de sueldos e insumos en la pelea contra el Covid-19. En ese contexto de tensión, el jefe de Estado convocó al gobernador y a los intendentes a la Quinta de Olivos para una reunión de urgencia. Y frente a las cámaras decidió anunciar un reclamo que, aseguran, le estaba pidiendo desde hacía rato la vicepresidenta Cristina Kirchner: recortar los fondos que Mauricio Macri le había entregado a la Capital Federal para el traspaso de la policía y destinarlos a la provincia de Buenos Aires. “Nadie puede sorprenderse”, aseguró el jefe de Estado.

Cuando Macri se convirtió en presidente firmó con CABA un convenio por el cual la administración porteña asumía la función de seguridad pública en materias no federales y la Nación le transfería la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes. En ese momento, el Ejecutivo aumentó el coeficiente de coparticipación de la Ciudad de 1,4% a 3,75% sobre el monto recaudado. Al año siguiente se ajustó a 3,5 por ciento. Todos esos montos fueron fruto de un acuerdo entre CABA y el Estado Nacional. Eso cambió en el gobierno de Alberto Fernández. El decreto 735/2020, del 9 de septiembre de 2020, redujo de manera unilateral el coeficiente a 2,32 por ciento. Y luego la ley 27.606 lo volvió a 1,4 por ciento.

Ese fue el eje del conflicto que se discutió durante todo el año pasado, con distintas instancias de conciliación propuestas por la Corte de la que participaron funcionarios de primera y segunda línea de los dos gobiernos. Ante la falta de acuerdo, el máximo tribunal avanzó con el análisis de la cuestión. Y sobre el fin de año, después de varios anuncios fallidos sobre la inminencia de una resolución, el máximo tribunal reconoció una vez más la autonomía de la Ciudad y ordenó que “durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548″. L:as transferencias, dijo, deben ser “en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”. En el mientras tanto, estudiará la cuestión de fondo a ver quién tiene razón y cuál es el número que, eventualmente, debería entregarle el Estado a CABA.

La reacción oficialista no se hizo esperar. “Es un día aciago para el federalismo”, dijo el Presidente apenas se firmó el fallo. Con el apoyo de los gobernadores peronistas, Alberto Fernández decidió desobedecer a la Corte. En un comunicado se habló de “un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, “un fallo político, de cara al año electoral” en donde el máximo tribunal busca “sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”. Y por ello se resolvió recusar a los jueces del máximo tribunal y presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.

“Recusar se recusa antes, no con el fallo dictado. ¿Recusar cuando por el cuarto piso del Palacio ya desfilaron en audiencias oficiales funcionarios de primera y segunda línea del Gobierno Nacional y del Gobierno porteño para intentar arribar a un acuerdo de conciliación? El ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y la entonces responsable del vínculo con las provincias Silvina Batakis, hoy titular del Banco Nación, estuvo en esas audiencias explicando cuál era la postura del Estado nacional sobre este caso”, señalaban fuentes judiciales sobre el futuro de una anunciada recusación.

Tampoco tiene chances de sobrevida un recurso de reposición in extremis, que, de presentarse, lo contestará la Corte Suprema previa consulta de opinión al Gobierno porteño. Recién en este contexto, el fallo quedará en condiciones de ejecutarse. Habrá que ver ahí qué decide, en los papeles, hacer los funcionarios del Gobierno nacional.

No es la primera vez para la Corte que el gobierno del Frente de Todos critica en duros términos un fallo del máximo tribunal. Pasó con la condena a Amado Boudou, con los traslados de los jueces a la Corte e incluso con los rechazos impulsados por la defensa de Cristina Kirchner en las causas en donde resultó condenada a inicios de diciembre. También con la orden para permitir que las escuelas porteñas tuvieran clases presenciales, a contramarcha de lo que había decidido el Estado nacional a un año del inicio de la pandemia por el COVID 19. Pero el caso en donde más claramente se vio qué se hacía el oficialismo frente a un fallo de la Corte fue con la resolución que reestructuró el Consejo de la Magistratura, con una integración de 20 miembros mientras el Congreso no pueda dictar una nueva ley sobre ese organismo.

“Hubo lluvia de declaraciones hablando de golpe institucional y diciendo que el fallo sobre el Consejo de la Magistratura era incumplible y en abril pasado juraron todos, oficialistas y opositores”, dicen en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. De hecho, el Frente de Todos optó por la jugada de dividir el bloque y recién cuando estaba terminando llegó al máximo tribunal un recurso impugnando la designación del senador k Martín Doñate como representante de la segunda minoría de la Cámara Alta. La Corte entendió que eso fue fruto de un “ardid” del oficialismo para quedarse con una banca más y ahora se aguarda saber que pasará con la nueva jura de los representantes del Senado, en donde le oficialismo insistió en designar a Doñate.

Ahora, el fallo de la Corte sobre la coparticipación abre nuevamente la oportunidad a las declaraciones públicas de los dos lados de la grieta. Ya aparecieron las denuncias penales por parte de la oposición. Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica y gestora de la denuncia penal que derivó en la condena a Cristina Kirchner, acusó al presidente Fernández, De Pedro, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y el ministro de Economía Sergio Massa de alzamiento, desobediencia y/o abuso o incumplimiento de los deberes de funcionario público. También incluyó como instigador al gobernador de Chaco Jorge Capitanich. Hubo más denuncias penales que comenzarán a sortearse el lunes en Comodoro Py 2002. Rodríguez Larreta anunció que en los próximos días definirá los pasos a seguir.

Por lo pronto, la notificación del fallo dictado el miércoles por la Corte Suprema fue dirigida a los ministros del Interior y de Economía. Y el dinero destinado a Rodríguez Larreta tendría que salir de las cuentas del Banco Nación, en manos de Batakis. Una vez que quede claro que el fallo no se cumpla, ahí será el momento de buscar responsables por ese incumplimiento. En tribunales corría el rumor sobre “el GPS” que estaban pidiendo dentro del propio Gobierno, más allá de las declaraciones políticas, para saber qué cobertura legal podrían tener los funcionarios que queden expuestos en esa decisión.

 

 

* Para www.infobae.com