Fiscalía general de Santa Fe: El favorito de Perotti acusado de misógino

La famosa frase “nadie resiste un archivo” se hizo carne para el camarista santafesino Roberto Prieu Mántaras, que quedó primero en la terna para convertirse en el jefe de todas las fiscalías de la provincia de Santa Fe. Con un fuerte respaldo del cortesano Rafael Gutiérrez, se perfilaba también como favorito del gobernador Omar Perotti. Sin embargo, ahora está parado en arenas movedizas. Es que al mismo tiempo en que se conoció la decisión del jurado, empezaron a circular resoluciones con la firma del magistrado muy cuestionadas por su falta de perspectiva de género. En los tres casos, las víctimas eran menores de edad. Y surgió la pregunta: ¿Cómo evaluó el jurado el compromiso con los derechos humanos y una justicia con perspectiva de género de candidatos y candidatas? El ruido fue fuerte, y ya le valió un comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Regional Rosario en el que expresan “indignación” frente a su posible designación como fiscal general de la provincia, cargo que implica conducir la política de investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los tres casos fueron, en su momento, de alto impacto en la opinión pública, por lo que los archivos son fáciles de rastrear. En términos cronológicos, el primero fue la causa contra el exarzobispo santafesino Edgardo Storni, condenado en 2009 a ocho años de prisión por abuso sexual agravado contra Rubén Descalzo, un joven seminarista. La condena fue impuesta por la jueza María Amalia Mascheroni. Sin embargo, dos años después, la Sala IV de la Cámara Penal integrada por Prieu Mántaras, Sebastián Creus y Ramón Sobrero revocó el fallo y lo liberó. Storni murió impune en 2012 en una casa que la Iglesia le había comprado en La Falda, en Córdoba, cobrando una pensión de privilegio.
El siguiente caso fue en 2015, cuando una psicóloga de la ONG católica Grávida se infiltró en el hospital Iturraspe e interrumpió un aborto legal. Con la denuncia del caso, el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Santa Fe 1° Circunscripción le suspendió la matrícula por seis meses. Sin embargo, el fallo fue recurrido ante un tribunal de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, y Prieu Mántaras, junto a sus pares Bruno Netri y Fernando Gentile Bersano, revocaron la sanción para la psicóloga. La indignación que generó en la opinión pública empujó la investigación hasta la Corte Suprema de Justicia, que finalmente anuló el fallo de la Cámara y ordenó que la profesional sea sancionada.

Un año después, en 2016, los camaristas Juan Manuel Oliva, Sebastián Creus y, otra vez, Prieu Mántaras revocaron la condena a un hombre sentenciado a siete años y medio de prisión por la violación de una niña. La fiscalía, al apelar el fallo de la Cámara, reveló que los jueces omitieron, de manera arbitraria, pruebas decisivas que incluían material genético y los testimonios técnicos de los peritos.
Para poder concursar, todos los candidatos y las candidatas tienen que tener aprobado el curso que prevé la Ley Micaela, pero, además, desde 2020 la provincia reforzó las exigencias y obliga a quienes aspiran a cubrir cargos vacantes en la Justicia a realizar un curso de capacitación en Perspectiva de Género. Prieu Mantaras tuvo asistencia perfecta, fue a todas las clases, pero aún no lo rindió. En su entrevista pública, de casi media hora, tuvo un apartado respecto de qué hacer con los delitos de violencia de género y planteó que era necesario que los fiscales se capaciten a partir de nuevas concepciones de la perspectiva de género en la teoría del delito.
El eje de su exposición fue sobre los mecanismos de control que tiene el Ministerio Público de la Acusación y -sin nombrarla- apuntó contra la actual Auditora, María Cecilia Vranicich, que en la terna para ocupar el cargo de fiscal general es su competidora directa, ya que quedó segunda en el listado de tres.

En este sentido, dijo que en este tiempo se “trastocó” el rol de la auditoría, que no controló plazos de las investigaciones ni el desempeño de las fiscalías. Además, apuntó al actual fiscal general, Jorge Baclini, por la “falta de información transparente sobre el seguimiento de las denuncias”. Respecto de las principales líneas de trabajo sobre las que quiere avanzar si llega al cargo, puntualizó la persecución penal de los delitos culposos porque generan “alta lesividad” y no han tenido respuesta.

Ahora falta esperar a que, con este viento en contra, el gobernador se anime a mandar el pliego y la Legislatura lo deje pasar.

Con información de Letra P, sobre una nota de Gabriela Albanesi