Concejales de JxC se "despiertan de la siesta" y ponen a Castellano contra la pared

El bloque de Juntos por el Cambio le pondrá pimienta a la actividad legislativa desde el comienzo mismo de mayo con los tres proyectos que presentó el miércoles pasado y que pueden ser incómodos para un golpeado oficialismo a partir de denuncias promovidas desde el mismo gremio de trabajadores municipales, la primera por las condiciones laborales del personal y la segunda por casos de abuso de poder y violencia laboral como mínimo. 
Con la firma de los concejales Germán Bottero -presidente del cuerpo-, Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti y Miguel Destéfanis, el primer pedido de informes solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área de corresponda y ante los hechos que son de público conocimiento y que fueran denunciados por el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, informe:
-Si se detectaron irregularidades en la asignación de horas extras en algún área del Municipio.
-Si existe alguna investigación interna al respecto, en base a las denuncias públicas realizadas por SEOM.
-Cuáles son los criterios utilizados para determinar la asignación de horas extras a cada agente.
"Tal como es de público conocimiento el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales realizó denuncias por diferentes tipos de violencias ejercidas principalmente hacia las agentes mujeres" en el área de Protección Vial y Comunitaria, que tiene su sede en bulevar Yrigoyen 421. "Dentro de las denuncias se hizo referencia a la asignación irregular de horas extras al personal, incluso mediante presiones o de manera extorsiva. Por lo expuesto, este Cuerpo requiere tener información al respecto a fin de delinear líneas de acción en la materia", sostiene en los fundamentos.

El martes pasado, más de 400 personas se concentraron frente al área a partir de una convocatoria del SEOM y sus delegadas para manifestarse en contra de la violencia en todas sus formas. Fue luego de una denuncia promovida por más de 40 empleadas de Protección Vial y Comunitaria, un área que depende de la Secretaría de Gobierno y Participación, cuyo titular es Jorge Muriel. 
La denuncia inicial se registró en el marco de una asamblea de mujeres del SEOM, lo que derivó en un escándalo que sorprendió a medias al Departamento Ejecutivo. Desde el sindicato deslizaron a este Diario que tanto el intendente, Luis Castellano, como Muriel estaban al tanto de la situación en la dependencia en la que se desempeñan los inspectores de tránsito. 
"Los testimonios, audios y grabaciones recopiladas refieren a situaciones de violencia laboral, psicológica, simbólica y sexual. Se han detectado situaciones de exclusión y barreras que imposibilitan el normal desarrollo laboral del grupo de compañeras, quienes se ven desplazadas e imposibilitadas a hacer uso de ciertos recursos, como el uso de vehículos o la posibilidad de hacer horas extras", sostuvo el SEOM en un documento elaborado tras la asamblea del pasado 11 de abril. 
Al final del día siguiente, Castellano tomó la decisión de suspender sin goce de sueldo a cinco coordinadores de Protección Vial y Comunitaria e iniciar un sumario administrativo a través del fiscal Municipal, Daniel Fruttero. Al respecto, desde el bloque opositor no descartan convocar una vez más al funcionario para conocer detalles de ese procedimiento en un tema que, según considera, requiere "transparencia y celeridad". 

UN CONVENIO QUE 
SE FIRMÓ DOS VECES
LA OPINIÓN reveló que la Municipalidad de Rafaela debió firmar dos veces un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Provincia que autoriza a la Policía santafesina a retener motos durante operativos y patrullajes cuando sus conductores no pueden documentar la titularidad del dominio, y posteriormente derivar esos vehículos a depósitos municipales. 
Lo llamativo es que Castellano firmó el 24 de junio de 2022 el primer convenio con el por entonces ministro de Seguridad, Jorge Lagna, quien se mantuvo en el cargo hasta los primeros días de agosto. Y el segundo convenio lleva la firma del Intendente y el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, con fecha del 29 de marzo de 2023. Fuentes oficiales admitieron que "no se sabe que pasó con el primer convenio" y en el Concejo advirtieron la irregularidad. "Se perdió un documento público, no es menor", plantearon desde la oposición. 
El pedido de informes, que en principio se tratará durante la Comisión del martes próximo, requiere que el Ejecutivo aclare "cuál/es es/son el/los motivo/s por el/los que se firmó dos veces, 24 de junio de 2022 y 29 de marzo de 2023 respectivamente, un mismo convenio que tiene por finalidad facultar a la policía de la Provincia a la retención de motovehículos y su posterior remisión a depósito municipal, lo cual tuvo como consecuencia la demora de nueve meses en la implementación de tan importante medida". 
"De acuerdo a información proporcionada por representantes de los Estados municipal y provincial, el año pasado, se dio a conocer que en fecha 24 de junio se había rubricado el convenio que permite a la Policía provincial retener motos en operativos y patrullajes en los barrios. No obstante, en las últimas semanas se supo que se debió rubricar nuevamente el 29 de marzo el mismo convenio para que la medida pueda implementarse desde el pasado fin de semana, nueve meses después de la firma de convenio original", sostiene el proyecto que toma en gran medida lo publicado por este Diario.

CENTRO CULTURAL
Por último, los concejales del bloque Juntos por el Cambio Bottero, Destéfanis, Sagardoy, Viotti y también Ceferino Mondino ingresaron una minuta de comunicación en la que pidieron al Ejecutivo que informe, respecto a la obra que se viene realizando en las instalaciones del Centro Cultural Municipal - Sala Sociedad Italiana:
a) Estado de avance de la obra.
b) El motivo por el cual en las lluvias acaecidas sobre finales del mes de marzo se produjeron filtraciones de consideración.
c) Si las filtraciones mencionadas influyeron y/o perjudicaron el normal desarrollo de las obras. En caso afirmativo, detalle los incidentes.
d) Si las filtraciones produjeron daños materiales sobre bienes del lugar.
En los fundamentos, los concejales de la oposición sostienen que "el Centro Cultural Municipal -Sala Sociedad Italiana, unos de los lugares más emblemáticos de la cultura y el patrimonio arquitectónico de la ciudad, se viene desarrollando una importante obra que contempla principalmente la reparación de techos y cubiertas". "Tanto en medios periodísticos, como en redes sociales, transcendió información que indica el ingreso de una considerable cantidad de agua proveniente de las lluvias que se dieron en la ciudad a sobre finales del mes de marzo, por tal motivo requerimos se nos proporcione información al respecto dada la gran preocupación generada en la comunidad por dicha situación", agrega.
Este Diario se había ocupado del tema e ingresó incluso durante esos dos días en los que se acumularon precipitaciones por 200 milímetros. El agua había ingresado principalmente en la zona del escenario, y por las paredes del sector norte del edificio ubicado el Pueyrredón 262, que permanece cerrado desde 2019 y funciona como depósito de equipos técnicos de la Secretaría de Cultura. 

Con información de La Opinión