



Por Carlos Zimerman
Resumen en frases clave
- La condena a Cristina Kirchner es un hecho esperado por muchos argentinos, aunque algunos dudaban que sucediera.
- Es la segunda expresidenta en democracia que va a prisión, un acontecimiento inédito.
- Las pruebas presentadas por el fiscal Luciani fueron contundentes; los recursos de defensa fueron intentos de dilatación.
- La condena se cumplirá con beneficios que casi nadie más tiene, lo que genera dudas sobre su equidad.
- La situación es un retroceso en la calidad democrática, y Argentina merece una democracia plena.
- La Corte Suprema de Justicia carece de legitimidad y confianza; su composición está desvalorizada.
- El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, tiene antecedentes cuestionables y vínculos con el kirchnerismo.
- La imparcialidad de los jueces en este caso está en duda, lo que los inhabilita moralmente para juzgar.
La confirmación de la condena a Cristina Kirchner es un hecho justificado que muchos argentinos de bien esperábamos. Sin embargo, algunos dudaban que se produjera, dada la larga historia de beneficios que los políticos argentinos tienen en nuestro país. Que sea la segunda expresidenta en democracia en ir a prisión es, por sí mismo, un acontecimiento inédito. Las pruebas reunidas por el impecable e intachable fiscal Luciani fueron contundentes, y los sucesivos recursos planteados por los defensores de quien fuera "ama y señora" del destino de los argentinos durante casi dos décadas fueron, en su mayoría, meras "chicanas" jurídicas destinadas a dilatar una sentencia que, inevitablemente, la conduciría a la cárcel. No obstante, la condena la cumplirá con beneficios extraordinarios que casi ningún argentino goza, aunque, a decir verdad, no tengo una opinión formada sobre este punto y me invaden las dudas.
"No puedo decir de ninguna manera que el fallo me haya hecho feliz; nadie puede alegrarse de que alguien que fue presidente de una nación durante dos períodos y luego vicepresidenta termine sus días tras las rejas"
Los presos deben contar con la seguridad necesaria, más allá de los delitos cometidos, y no estoy seguro de que en una cárcel común la expresidenta pueda obtenerla. No puedo decir de ninguna manera que el fallo me haya hecho feliz; nadie puede alegrarse de que alguien que fue presidente de una nación durante dos períodos y luego vicepresidenta termine sus días tras las rejas. Eso es un retroceso en la calidad democrática del país, y los argentinos no merecemos vivir una democracia "renga". Tenemos derecho a una democracia plena que sirva para resolver los problemas de la gente y no para los intereses de políticos corruptos como Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, debo ser absolutamente sincero: creo que esta sentencia, que, reitero, la conduce inexorablemente a la cárcel, se ve empañada por quienes tuvieron a cargo dar el veredicto final. La Corte Suprema de Justicia de la Nación está absolutamente desvalorizada; la gente no confía en sus integrantes. Además, el número reducido de miembros por cuestiones políticas que impiden conformarla con los cinco que la ley establece no hace más que deslegitimar sus decisiones y sentencias. También hay conductas dudosas entre sus miembros, y podríamos hacer un libro enumerando las denuncias contra el juez Lorenzetti a lo largo de sus años en el máximo tribunal de Argentina. No olvidemos lo que hace un tiempo decía la doctora Elisa Carrió sobre Lorenzetti, quien paradójicamente fue la que, en 2008, presentó la denuncia que ayer culminó en la condena de Cristina Kirchner.
A quienes vivimos en Rafaela tristemente nos beneficia conocer quién es Ricardo Lorenzetti. Es un juez que, a nivel personal, no me brinda garantía alguna de imparcialidad, una condición fundamental que debe tener cualquier juez. Además, el actual presidente del cuerpo judicial es Horacio Rosatti, exministro de Néstor Kirchner, quien fue "eyectado" del gobierno del fallecido presidente por profundas divergencias, incluyendo desacuerdos con quien ayer condenó de forma definitiva. Rosatti fue designado por Néstor Kirchner en julio de 2004 como ministro de Justicia, en reemplazo de Gustavo Béliz, y se mantuvo en ese puesto durante un año, cuando renunció citando "razones personales". No obstante, poco tiempo después, insinuó públicamente que su salida estuvo relacionada con desacuerdos sobre la administración del dinero de la obra pública, gestionado en esos años por el posteriormente detenido por corrupción, José López. Este cortocircuito fue lo que lo sacó de un gobierno del que formó parte desde la asunción de Kirchner, el 25 de mayo de 2003, cuando fue designado como procurador del Tesoro, hasta su ascenso a Justicia en 2004.
Quizá, en cualquier otro país, y por las razones mencionadas, el presidente de la Corte se habría apartado de la causa. Es indiscutible que, probablemente, tenía una opinión formada de antemano, lo que jurídicamente lo inhabilita para actuar. El caso del juez Carlos Rosenkrantz también es particular: todos sabemos del enfrentamiento entre los gobiernos kirchneristas y el Grupo Clarín, del que Rosenkrantz fue abogado antes de su asunción en la Corte Suprema. Es probable que, a lo largo del tiempo, el kirchnerismo se victimice y argumente que quien envió a la cárcel a Cristina no fueron sus delitos y estafas a la administración pública y a todos los argentinos, sino estos jueces a quienes ella llamó "monigotes", y yo modestamente sostengo que, desde hace mucho tiempo, están inhabilitados moralmente para ejercer el cargo que ostentan.








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