El gasto social sube en números, pero cae en impacto: alertas por baja ejecución y recortes acumulados

• El gasto social creció 21,7% respecto a 2024, pero sigue 10,8% por debajo de 2023.
• El gasto total del Estado continúa por debajo de los niveles de hace dos años.
• ASAP advierte que los recortes de 2024 siguen teniendo efectos duraderos.
• La ejecución de programas sociales fue muy baja, especialmente en políticas de género y alimentación.
• La mayoría de las metas oficiales no se cumplieron, pese a la asignación presupuestaria.
• La recuperación del gasto no se traduce en impacto real ni en mejoras concretas para la población.

Aunque el gasto social mostró una leve recuperación durante el primer semestre de 2025, los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Finanzas Públicas (ASAP) revelan que el impacto real de la inversión estatal sigue siendo menor que hace dos años. Según el último informe presentado por las autoridades de la entidad, el gasto social aumentó 21,7% respecto de 2024, pero continúa 10,8% por debajo de los niveles registrados en el mismo período de 2023.

En términos generales, el gasto primario del Estado nacional —que incluye tanto prestaciones sociales como inversiones y remuneraciones— alcanzó los $54 billones en la primera mitad del año. Si bien implica una suba respecto a los $52,5 billones de 2024, el monto sigue lejos de los $76,8 billones ejecutados en 2023. Cuando se incluyen los intereses de deuda, el total desembolsado también cae: de $85,1 billones en 2023 a $59,3 billones este año.

Desde ASAP, sus directivos subrayan que los recortes implementados durante 2024 aún tienen efectos visibles y duraderos. “El impacto no se siente en el momento, pero se nota a los dos años”, advirtieron.

Uno de los puntos más críticos del informe tiene que ver con la ejecución presupuestaria. A pesar de que ciertas partidas fueron aprobadas, la implementación efectiva de programas sociales clave fue mínima o nula. El caso más llamativo es el del programa contra la violencia por razones de género del Ministerio de Capital Humano, que tenía metas ambiciosas, pero mostró niveles de cumplimiento extremadamente bajos: de 300 talleres previstos, no se realizó ninguno; de 106.000 personas a asistir, solo llegaron a 434; y de 134 capacitaciones en violencia de género, no se llevó a cabo ninguna.

La línea 144, que brinda asistencia a víctimas, también estuvo por debajo de lo esperado: se planificó llegar a 180.000 personas, pero solo se asistió a 59.645. Los proyectos productivos para mujeres víctimas de violencia de género debían alcanzar los 150, pero se concretaron apenas 3.

En el área de políticas alimentarias, si bien se superó la meta de asistencia directa con tarjetas (2,5 millones de personas contra 2,4 millones previstas), no se llegó a ninguno de los 15.261 comedores que debían recibir ayuda. La asistencia a personas celíacas, huertas familiares y comedores escolares también estuvo prácticamente paralizada.

El informe deja una doble advertencia: aunque el gasto total comienza a recuperarse en cifras nominales, su capacidad transformadora y su ejecución efectiva siguen en niveles preocupantes. En otras palabras, no alcanza con asignar recursos si no se convierten en políticas reales.

La motosierra fiscal puede haberse moderado, pero sus efectos aún cortan profundo.