Rossi reabre el Caso Villaverde y agita una disputa institucional en Diputados

• Rossi pidió la renuncia de Villaverde y reabrió el debate sobre su continuidad en Diputados.
• Recordó que el Senado le impidió asumir por antecedentes judiciales en EE.UU.
• Planteó que el Congreso debe aplicar el mismo criterio en ambas Cámaras.
• El bloque peronista discutirá el caso en su próxima reunión.
• Rossi cuestionó a los diputados que se alinearon con LLA y los acusó de “defraudar” a sus votantes.
• El Caso Villaverde podría escalar en términos institucionales y abrir un debate jurídico de fondo.

La interna parlamentaria volvió a encenderse con fuerza tras las declaraciones de Agustín Rossi, quien cuestionó públicamente la continuidad de la diputada Lorena Villaverde en su banca. El legislador peronista sostuvo que la parlamentaria “no debería seguir siendo diputada nacional” y pidió que dé un paso al costado, al recordar la causa judicial que impidió su llegada al Senado. Sus dichos reabrieron un expediente político que incomoda al oficialismo y que amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión en la Cámara baja.

El detonante fue la referencia directa de Rossi al antecedente judicial de Villaverde en Estados Unidos, donde fue condenada por transportación de cocaína, y a las denuncias que enfrenta en Argentina. Para el diputado, esos elementos —que en su momento llevaron al Senado a bloquear su jura— siguen plenamente vigentes y vuelven “anómala” su permanencia en Diputados. “El Congreso es una sola institución”, sostuvo, al plantear que un criterio ético y jurídico utilizado en una Cámara no debería ser desestimado en la otra.

Esa idea, que combina un argumento institucional con una fuerte crítica política, resonó en el interior del bloque peronista. Aunque la bancada todavía no discutió formalmente el caso, Rossi adelantó que la situación será parte de la próxima reunión. En su análisis, el camino más razonable sería una renuncia voluntaria. Para avanzar en un proceso de inhabilidad moral se requeriría una mayoría especial, algo difícil de conseguir en una Cámara fragmentada y con tensiones crecientes. Por eso, insistió en que la propia Villaverde debería “dar un paso al costado” para evitar un desgaste mayor del cuerpo legislativo.

La controversia tomó un matiz todavía más delicado cuando Rossi recordó que la condena en Estados Unidos se conoció después de la jura de la diputada. Esa circunstancia, indicó, modifica la evaluación institucional. “No es lógico que no puedas ingresar al Senado por cuestiones éticas y legales, y sí puedas seguir como diputada”, afirmó, al remarcar una inconsistencia que, según él, erosiona la credibilidad de ambas Cámaras.

Mientras tanto, en el escenario parlamentario se desarrolla otra disputa que agrava el clima interno: la pérdida de la primera minoría de Unión por la Patria. Rossi atribuyó esa reconfiguración al avance de La Libertad Avanza, que, según describió, “funcionó como Pacman”, absorbiendo a legisladores provenientes de otros bloques. El exjefe de Gabinete sostuvo que los cuestionamientos no deben dirigirse al peronismo, sino a quienes abandonaron sus espacios políticos para alinearse con el oficialismo. “Los desertores les tienen que dar explicaciones a los votantes, no a nosotros”, dijo, al apuntar que varios de ellos llegaron al Congreso con agendas “opuestas al Gobierno” y que ahora respaldan sus iniciativas.

La combinación de estos dos frentes —el conflicto por la banca de Villaverde y las tensiones por la nueva geometría del recinto— anticipa un cierre de año agitado en la Cámara de Diputados. En el caso de la legisladora, la discusión promete escalar: más allá de las declaraciones, existen interrogantes jurídicos sobre la continuidad de una diputada que no pudo asumir como senadora por razones de “inhabilidad moral”. Para el peronismo, el criterio debe ser uniforme; para el oficialismo, cualquier movimiento deberá ser leído no solo en clave institucional, sino también política.

Con posiciones enfrentadas y un bloque peronista que busca ordenar su estrategia, el Caso Villaverde vuelve a instalarse en la agenda legislativa. La definición del asunto, que podría requerir interpretaciones del reglamento o incluso un dictamen específico, marcará un precedente sobre cómo se administran los límites éticos y jurídicos en el Congreso.