La Corte avanza en la recuperación de bienes de Báez y marca un hito en la “Ruta del Dinero K”

• La Corte Suprema inició la ejecución del decomiso de más de USD 61 millones de Lázaro y Martín Báez.
• Se ordenó transferir los fondos a cuentas del propio tribunal, en pesos y dólares.
• También se registraron a nombre de la Corte diversos inmuebles incautados en la causa.
• El proceso se destrabó tras una cautelar que frenó un decreto del Ejecutivo sobre bienes recuperados.
• Las condenas del caso “Ruta del Dinero K” quedaron firmes tras fallos de Casación y la Corte.
• La medida marca un avance significativo en la recuperación efectiva de activos provenientes de la corrupción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación activó en las últimas semanas un procedimiento clave dentro de la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”. Por primera vez desde que quedaron firmes las condenas, el máximo tribunal comenzó a ejecutar el decomiso de más de USD 61 millones en bienes y fondos pertenecientes a Lázaro Báez y a su hijo Martín. Se trata de uno de los movimientos institucionales más relevantes desde que el caso ingresó en su fase final y representa, además, un gesto concreto de reafirmación del rol del Poder Judicial en la administración de activos recuperados del delito.

El proceso se formalizó a través de un oficio que el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, envió al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel. Allí se detalló que el tribunal inició la transferencia de las sumas ya decomisadas y el registro de diversos inmuebles que, hasta ahora, seguían figurando bajo titularidades vinculadas a los Báez. El contenido del oficio no sólo da cuenta de un trámite administrativo: evidencia la decisión del máximo tribunal de ponerse al frente del manejo de estos bienes frente a un contexto político e institucional que había demorado su ejecución.

Las cifras dan dimensión del operativo. La sentencia firmada en abril de 2021 había dispuesto el decomiso de USD 54.872.866,69, otros USD 5 millones, USD 307.994,17 y USD 950.000, a lo que se sumaban $4.174.697 en moneda nacional, ajustables por índice de precios. En total, más de USD 61 millones y una serie de activos inmobiliarios ahora puestos a disposición del Estado. Desde entonces, los bienes permanecían bajo embargos y medidas cautelares hasta tanto pudiera ejecutarse plenamente el decomiso.

El procedimiento comenzó a destrabarse luego de un episodio institucional que había tensado la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. En 2025, el Gobierno dictó el Decreto 575/2025, creando el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, un organismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia que pretendía supervisar y administrar los activos provenientes de causas penales. La iniciativa generó una inmediata respuesta judicial: la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación demandó al Ejecutivo sosteniendo que el decreto invadía atribuciones propias del Poder Judicial y comprometía su independencia.

La discusión quedó parcialmente zanjada en octubre, cuando el juez federal Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que bloqueó la aplicación del decreto al señalar que alteraba de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito. Con esa traba removida, la Corte pudo avanzar en la inscripción de los activos recuperados a su nombre y en la apertura de las cuentas —una en pesos y otra en dólares— destinadas a recibir los fondos decomisados.

Esta secuencia institucional debe leerse en el marco del recorrido judicial del caso. Las condenas y los decomisos ordenados por el TOF4 en 2021 fueron ratificados por la Cámara de Casación en 2023. Y en una decisión posterior, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos presentados por las defensas, dejando firme todo lo actuado. La firmeza de la sentencia abrió la puerta a la ejecución que recién ahora empieza a materializarse.

La recuperación de activos provenientes de la corrupción ha sido históricamente uno de los puntos más débiles del sistema penal argentino. Los bienes solían depreciarse, deteriorarse o, directamente, perderse en el camino entre la sentencia y su incorporación al patrimonio público. La decisión de la Corte de intervenir directamente busca evitar, justamente, que el paso del tiempo erosione el valor económico y simbólico de estos activos. En ese sentido, el operativo inicia un camino cuyo impacto podrá medirse no sólo en cifras, sino en la señal institucional que proyecta.

Más allá de los detalles técnicos, el mensaje parece claro: el Poder Judicial retoma el control del proceso y ordena la transferencia de bienes que, tras años de litigio, finalmente regresan al Estado. En una causa que expuso el entramado económico del kirchnerismo y que impactó en el imaginario público como símbolo de desvíos millonarios, la recuperación de estos fondos tiene un valor que excede lo contable. Se trata, también, de una demostración de que las condenas pueden traducirse en consecuencias materiales concretas.