Siniestralidad vial: Por primera vez en 2 años, el gobierno de Viotti se decide a hacer algo

Debemos resaltar que, por primera vez en dos años, el gobierno de Viotti se decide a hacer algo en materia de seguridad vial. Los accidentes en Rafaela son un verdadero flagelo, una calamidad, pero hasta ahora se había hecho poco y nada. Finalmente, habrá cambios y acciones importantes, aunque la tolerancia cero sigue siendo una deuda pendiente cuya no aplicación no tiene justificación. Sabemos que esta situación responde a intereses relacionados con restaurantes, bares y espacios de recreación, lo que es inadmisible cuando se trata del cuidado de la vida. No obstante, queremos destacar esta nueva iniciativa, que marca un camino que hemos estado reclamando desde hace tanto tiempo en R24N.

El reciente decreto reglamentario que actualiza los procedimientos de alcoholemia y retención de vehículos en Rafaela marca un paso importante hacia la modernización de la normativa vigente, que llevaba más de dos décadas sin cambios significativos. Esta nueva regulación, impulsada por Hernán Bo, jefe de Protección Vial y Comunitaria, no solo pone fin al arcaico Decreto N.º 18.458, sino que también se adapta a las realidades operativas contemporáneas, lo cual es más que necesario en un contexto donde la seguridad vial es una prioridad indiscutible.

Uno de los aportes más valiosos de este decreto es la incorporación del cepo como herramienta de retención. Esta medida es esencial para gestionar situaciones donde un vehículo no puede ser trasladado por distintas razones, como la falta de una grúa disponible o condiciones mecánicas que impiden su movimiento. El cepo, aplicado a vehículos que han sido deliberadamente inmovilizados por sus conductores, refuerza un enfoque proactivo en el control de la conducción irresponsable. Aquí, el hecho de que el decreto contemple también vehículos de gran porte muestra una comprensión holística de los diversos escenarios que se pueden presentar.

Además, la revisión de los niveles de alcoholemia sancionables representa un avance significativo. Antes, la posibilidad de que un conductor alternativo pudiera evitar el secuestro del vehículo era un incentivo directo para una conducción temeraria. Con el nuevo régimen, se establece un enfoque más estricto y directo: el secuestro del automóvil se activará a partir de 0.51 g/l en autos y desde 0.21 g/l en motos, sin excepciones. Para conductores profesionales, la tolerancia es cero. Esta eliminación de opciones dilatadoras refleja una firme disposición a sancionar la conducción bajo influencia del alcohol, promoviendo así una cultura de mayor responsabilidad y conciencia vial.

Otro aspecto innovador es la introducción de la figura del "sujeto pasible de control". Este concepto es un avance importante, ya que permite sancionar a aquellos conductores que, aun cuando se encuentren en estado "dormidos dentro del automovil", puedan ser identificados como habiendo estado al volante poco antes. A través de evidencias concretas, como registros de vigilancia o constataciones por parte de personal, se establece una herramienta adicional para combatir la desidia al volante.

El papel de la Guardia Urbana también se ve reforzado con este decreto, al permitirles realizar controles de alcoholemia en situaciones donde no haya inspectores disponibles. Esto no solo optimiza los recursos disponibles, sino que también legitima y agiliza las acciones de control en momentos críticos, lo cual es fundamental para mantener la seguridad en las calles.

Finalmente, la norma formaliza prácticas que ya se estaban llevando a cabo, como la posibilidad de que el jefe de turno implemente medidas alternativas en situaciones donde el secuestro inmediato del vehículo no sea posible. Esta flexibilidad es esencial para garantizar una respuesta operativa eficaz, incluso en circunstancias complicadas.
La capacitación programada para los inspectores de Protección Vial es un paso adicional que asegura no solo la correcta implementación de la norma, sino que también abona a un futuro en el que se articule una respuesta más coordinada y efectiva ante el desafío de la seguridad vial en la ciudad. En resumen, este decreto es un avance valioso hacia una gestión más rigurosa y responsable de la conducción, un elemento clave para construir calles más seguras en Rafaela.