La lupa fiscal sobre la AFA: DGI amplió la denuncia por presuntas irregularidades impositivas

• La DGI y ARCA ampliaron la denuncia contra la AFA por presuntas irregularidades impositivas entre 2024 y 2025.
• La investigación apunta a retenciones de impuestos y aportes previsionales que no habrían sido depositados en término.
• El monto total bajo análisis supera los $11.759 millones, según el nuevo escrito judicial.
• La acusación se basa en la presunta violación de la Ley 27.430 y en la figura de apropiación indebida de tributos.
• Claudio “Chiqui” Tapia fue señalado como responsable principal en su rol de agente de retención.
• La causa tramita en la Justicia Nacional en lo Penal Económico y podría tener impacto institucional y reputacional para la AFA.

La investigación fiscal sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un nuevo paso esta semana con la ampliación de la denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico. El nuevo escrito, ingresado este jueves, refuerza las sospechas sobre presuntas maniobras de retención y falta de pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social correspondientes a los períodos comprendidos entre 2024 y 2025.

La presentación fue realizada por Matías Alejo Gentile Brezigar, en representación de ambos organismos recaudadores, y quedó radicada en el Juzgado Penal Económico N° 5, Secretaría N° 10. De esta manera, se formalizó la ampliación de la denuncia original, incorporada al expediente CPE 1182/2025, que se había iniciado el viernes pasado con un planteo que ya advertía un presunto perjuicio al Estado por más de $7.593 millones.

Según detalla el escrito, la AFA y al menos otro actor bajo investigación habrían incumplido la Ley 27.430, sancionada en 2017, que reformó el régimen tributario argentino e introdujo nuevas obligaciones para asociaciones civiles y entidades deportivas. En ese marco, ARCA sostiene que se verificaron conductas que podrían encuadrarse como infracciones penales, aunque sin detallar en esta etapa todos los hechos específicos que las configurarían.

El punto central de la acusación gira en torno a la presunta retención de tributos y contribuciones de la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de treinta días corridos desde su vencimiento. La denuncia precisa que los períodos alcanzados abarcan desde marzo de 2024 hasta julio de 2025 en materia tributaria, y desde marzo hasta septiembre de 2024 en el plano previsional. El monto total investigado asciende a $11.759.643.331,62, una cifra que eleva considerablemente la gravedad del caso.

En el análisis jurídico, ARCA afirma que la conducta atribuida a la entidad encuadra en la figura de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Para sostener esa calificación, el organismo argumenta que se habrían verificado tres elementos clave: la retención efectiva de los fondos, la capacidad económica y operativa de la AFA para efectuar los pagos correspondientes y la omisión de cumplir con el depósito dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

El escrito también subraya que la AFA está inscripta como asociación civil dedicada a servicios de asociaciones no clasificadas previamente y que, hasta el momento, no registra antecedentes penales en el sistema de seguimiento de causas de la DGI. No obstante, identifica como principal responsable a Claudio Fabián Tapia, presidente de la entidad, en su carácter de agente de retención y administrador de la clave fiscal.

Más allá del plano estrictamente judicial, el caso expone una tensión estructural: la necesidad de garantizar transparencia y cumplimiento fiscal en instituciones de enorme impacto social y económico, frente a la complejidad de fiscalizar organizaciones con múltiples fuentes de ingresos y un volumen significativo de operaciones. La intervención directa de ARCA refuerza el carácter federal y la relevancia institucional de la causa, que podría tener consecuencias tanto en el ámbito penal económico como en la imagen pública del fútbol argentino.

En cuanto a la competencia, la denuncia establece que corresponde a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, en función del domicilio fiscal de la AFA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como prueba, se incorporó documentación aportada por la División Recaudación Grandes Contribuyentes, que respalda el análisis realizado por el organismo recaudador.

La presentación concluye con una advertencia de fondo: la presunta evasión dolosa de estas obligaciones pone en riesgo la actividad financiera del Estado, cuyo funcionamiento depende de la recaudación tributaria. En ese sentido, ARCA remarca que este tipo de conductas afecta de manera directa los recursos necesarios para sostener las funciones esenciales del sector público.