Inseguridad vial en Rafaela: cuando la impericia también mata

Por Carlos Zimerman

En Rafaela, la inseguridad vial ya no es un problema técnico: es un problema político. Choques evitables, motos sin control, cruces mal diseñados, velocidades absurdas en zonas urbanas y un Estado municipal que reacciona siempre tarde y casi nunca bien. Pero, como ocurre con otros temas sensibles, el relato oficial insiste en minimizar lo evidente.

La inseguridad vial no es mala suerte. No es casualidad. No es “un error humano” repetido cien veces por semana. Es el resultado de decisiones equivocadas, de falta de planificación y, sobre todo, de una incapacidad funcional para entender el problema.

Rafaela tiene funcionarios que opinan sobre tránsito sin saber de tránsito. Que improvisan medidas sin diagnóstico previo. Que colocan reductores donde no sirven y los sacan donde sí hacen falta. Que creen que pintar una senda o poner un cartel equivale a una política pública. Confunden acción con solución.

Pero lo más grave no es la ignorancia técnica —que podría corregirse— sino la soberbia institucional. Porque hay especialistas en seguridad vial, urbanismo y movilidad que podrían aportar soluciones reales. Existen profesionales con experiencia comprobada. Sin embargo, desde el poder local se prefiere mirar hacia adentro, como si el conocimiento tuviera domicilio obligatorio en Rafaela.

La ciudad no necesita amigos del poder ni militantes reciclados en cargos técnicos. Necesita expertos, vengan de donde vengan. La seguridad vial no reconoce gentilicios: reconoce resultados. Negarse a contratar especialistas por no ser “de acá” no es defensa de lo local; es una forma de irresponsabilidad.

Cada cruce mal señalizado, cada semáforo mal sincronizado, cada control inexistente tiene consecuencias. Y esas consecuencias no se miden en estadísticas: se miden en heridos, en familias destruidas y, en algunos casos, en muertes perfectamente evitables.

Y acá aparece la cuestión central: la responsabilidad final es política y tiene nombre y apellido. El Intendente Leonardo Viotti no puede desentenderse del tema ni refugiarse en segundas líneas. El tránsito, la movilidad y la seguridad vial dependen del Ejecutivo municipal. Delegar funciones no implica delegar responsabilidad.

Gobernar no es solo cortar cintas ni anunciar obras. Gobernar es prevenir daños, incluso cuando eso no da rédito electoral. Y la inseguridad vial, hoy, es una de las formas más claras de violencia estatal por omisión.

Rafaela no necesita más excusas ni más pruebas piloto eternas. Necesita un cambio de enfoque urgente, profesional y serio. Porque cuando el Estado no sabe, debe aprender. Cuando no puede, debe buscar ayuda. Y cuando no lo hace, responde políticamente por las consecuencias.

La inseguridad vial no es un accidente. Es el resultado de decisiones mal tomadas. Y en democracia, esas decisiones tienen responsables.