Capitanich advierte al peronismo por la reforma laboral y alerta sobre un impacto fiscal en las provincias

• Capitanich cuestionó a los peronistas que apoyan la reforma laboral de Milei.
• Afirmó que la iniciativa no genera ni regulariza empleo.
• Citó el bajo impacto de la ley bases en el empleo registrado.
• Alertó sobre la reducción de derechos laborales y de la negociación colectiva.
• Advirtió un desfinanciamiento de obras sociales que recaería en las provincias.
• Reconoció la complejidad del debate y dejó abierta la puerta a negociar.

El senador nacional Jorge Capitanich lanzó una dura advertencia hacia los sectores del peronismo que acompañan la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El ex gobernador de Chaco sostuvo que quienes respalden la iniciativa “están yendo en contra de sus propios intereses” y anticipó que, de avanzar el proyecto, el Poder Ejecutivo terminará “desfinanciándolos”, en una referencia directa a las consecuencias fiscales que, según su visión, recaerán sobre las provincias.

Capitanich apuntó especialmente contra los gobernadores que consienten el avance de la reforma. “Todo lo que están haciendo verdaderamente lo hacen en contra de sus propios intereses”, afirmó, al tiempo que cuestionó la efectividad del proyecto en términos de empleo. En su análisis, la iniciativa no solo no genera nuevos puestos de trabajo, sino que tampoco regulariza el empleo existente, uno de los principales argumentos esgrimidos por el oficialismo.

Para fundamentar su posición, el senador citó el impacto de la ley 27.742, conocida como ley bases. Según detalló, pese a los estímulos incluidos en esa norma, el efecto sobre el empleo registrado fue marginal: apenas un 0,03%, equivalente a unos 16.000 trabajadores formalizados. Para Capitanich, ese antecedente pone en duda que una nueva reforma laboral pueda producir resultados sustantivos en un mercado de trabajo atravesado por la informalidad y la caída del poder adquisitivo.

El ex mandatario chaqueño señaló además dos aspectos que, a su entender, deberían encender alarmas dentro del peronismo. Por un lado, advirtió sobre el “cercenamiento de los derechos del trabajador” y la reducción del alcance de las negociaciones colectivas. Por otro, puso el foco en las consecuencias indirectas que la reforma tendría sobre el financiamiento del sistema de seguridad social y de salud.

En ese punto, Capitanich subrayó que el proyecto contempla una reducción de las contribuciones patronales del 6% al 5%. Ese cambio, sostuvo, implica un mayor desfinanciamiento del sistema, con efectos en cadena. “Esto genera mayor precarización laboral, menor salario y menor capacidad de financiamiento de la obra social”, explicó, y agregó que el deterioro en la cobertura de salud termina incrementando los costos y la presión sobre otros sectores.

El senador fue más allá al advertir que el eventual desfinanciamiento de las obras sociales trasladará la demanda al sistema público de salud. En ese escenario, recordó que son las provincias las que administran hospitales y redes sanitarias. “¿Dónde va a ir esa demanda? Al sector público. Y quienes sostienen ese sistema son las provincias”, señaló, para luego concluir que los gobernadores que acompañen la reforma estarán asumiendo costos que luego recaerán sobre sus propias administraciones.

Más allá de las críticas, Capitanich reconoció que el debate por la reforma laboral es complejo y que el escenario legislativo agrega dificultades adicionales. Admitió que la construcción de mayorías en el Senado es un desafío y que resulta clave evitar abstenciones para ofrecer una alternativa al proyecto oficial. “Necesitamos nueve miembros del Senado que voten otra opción”, sostuvo, en referencia a la correlación de fuerzas actual.

En ese marco, el senador dejó abierta la puerta a la negociación. Afirmó que existen mecanismos para discutir procesos de modernización laboral desde una perspectiva distinta y con mayor consenso. Sin embargo, advirtió que la iniciativa del Gobierno se inscribe en lo que definió como una “batalla cultural”, más orientada a imponer una visión ideológica que a resolver los problemas estructurales del empleo en la Argentina.