El acuerdo Mercosur-UE entra en un laberinto judicial: Europa frena el pacto pero el Gobierno argentino acelera su ratificación

• El Parlamento Europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia para revisar su legalidad.
• La decisión podría retrasar la implementación definitiva del pacto hasta por dos años.
• El Gobierno argentino mantiene el tema en sesiones extraordinarias para ratificarlo en febrero.
• El oficialismo busca ventajas competitivas, como prioridades en cuotas de exportación de carne.
• Sectores del PRO, la UCR y la Coalición Cívica ya adelantaron su respaldo legislativo.
• Las dudas en Europa residen en la autonomía regulatoria y la división técnica del acuerdo.

El histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ha sumado un nuevo y complejo capítulo que amenaza con dilatar su puesta en marcha definitiva. En una votación que refleja la profunda fractura política en el Viejo Continente, el Parlamento Europeo decidió remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Con una ajustada mayoría de 334 votos a favor frente a 324 en contra y 11 abstenciones, los eurodiputados solicitaron una revisión exhaustiva para determinar si el texto es compatible con los tratados constitutivos del bloque comunitario. Esta maniobra legal actúa, en la práctica, como un freno de mano: expertos en derecho internacional advierten que el veredicto de los jueces de Luxemburgo podría demorar hasta dos años, sumergiendo al pacto en una prolongada incertidumbre técnica.

A pesar del cimbronazo que esta noticia generó en las cancillerías regionales, el Gobierno argentino ha decidido mantener el pie en el acelerador. La administración central, que tomó la noticia con sorpresa pero sin señales de retroceso, ratificó que el tratado sigue siendo una prioridad absoluta para las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. La estrategia del oficialismo es clara: convertir a la Argentina en el primer país del Mercosur en dejar operativa la parte comercial del acuerdo, con la esperanza de ser aprobada por ambas Cámaras durante el mes de febrero. "Sigue todo igual acá", confirmaron desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, desestimando cualquier intención de suspender el debate parlamentario por la cautela europea.

El apuro de la Casa Rosada responde a una lógica de pragmatismo económico y ventaja competitiva. Al ser el primer socio regional en ratificar el documento, Argentina busca posicionarse estratégicamente para cubrir cuotas de exportación clave —especialmente en el sector cárnico— antes que sus vecinos. El oficialismo confía en que el debate será ágil, dado que los tratados internacionales deben aceptarse o rechazarse en su totalidad, sin posibilidad de modificaciones parciales. Además, los libertarios apelan a la herencia política del pacto, recordando que las negociaciones se extendieron por 26 años y atravesaron administraciones de signos opuestos, lo que debería otorgarle un carácter de política de Estado.

En el arco legislativo, el oficialismo ha cosechado apoyos significativos que allanan el camino hacia la aprobación. El bloque del PRO celebró el avance de un proceso que consideran iniciado durante el mandato de Mauricio Macri en 2019, destacando los beneficios que traería para las pymes y las economías regionales. Por su parte, la Unión Cívica Radical y sectores de la Coalición Cívica coincidieron en que, en un contexto de competitividad global, la apertura a un mercado de más de 700 millones de personas aporta la previsibilidad y las reglas claras que el sector productivo demanda. Sin embargo, el peronismo mantiene una postura cautelosa, exigiendo el texto definitivo para analizar el impacto real en el tejido industrial y laboral del país.

Mientras tanto, en Bruselas, las objeciones son de naturaleza jurídica y soberana. Los eurodiputados cuestionan el llamado “mecanismo de reequilibrio”, una cláusula que permitiría a los países del Mercosur impugnar normativas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones. Esta herramienta es vista por los críticos europeos como una potencial colisión con la autonomía reguladora de la Unión. Asimismo, existe una fuerte controversia sobre la decisión de la Comisión Europea de dividir el acuerdo en dos pilares: uno político y otro comercial. Esta fragmentación técnica fue la que permitió agilizar la firma, ya que la parte comercial solo requiere la ratificación europea para entrar en vigor de forma provisional, evitando el farragoso proceso de aprobación en cada uno de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros.