The New York Times anunció avances en un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y la Argentina que habilitaría deportaciones hacia el país

• Estados Unidos negocia con la Argentina un acuerdo para derivar inmigrantes de otras nacionalidades
• El esquema convertiría al país en un “tercer país” receptor de deportados
• La iniciativa forma parte de la estrategia de deportaciones masivas de Donald Trump
• Para el gobierno de Milei, implicaría un fuerte gesto de alineamiento político con Washington
• El acuerdo podría tensionar el discurso interno de endurecimiento migratorio
• La eventual firma abriría un debate político y social de alto impacto en la Argentina

Las relaciones entre Washington y Buenos Aires sumaron en los últimos días un capítulo sensible: ambos gobiernos mantienen negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo migratorio que permitiría a Estados Unidos trasladar a la Argentina a inmigrantes de otras nacionalidades que no puedan ser devueltos a sus países de origen. El eventual entendimiento, todavía no cerrado formalmente, se inscribe en la estrategia de endurecimiento migratorio impulsada por la administración de Donald Trump y refuerza el alineamiento político con el gobierno de Javier Milei.

La iniciativa colocaría a la Argentina en la figura de “tercer país” receptor, un mecanismo que Washington ya exploró en otros contextos para gestionar flujos migratorios complejos. Se trata de personas que, tras ingresar o intentar ingresar a territorio estadounidense, quedan detenidas sin posibilidad inmediata de repatriación, ya sea por la falta de vínculos diplomáticos con sus países de origen o por obstáculos administrativos vinculados a la documentación.

El esquema responde a una lógica de triangulación que busca aliviar la presión sobre el sistema migratorio norteamericano. En lugar de mantener a los detenidos por tiempo indefinido o liberarlos en territorio estadounidense, la alternativa es derivarlos hacia países considerados aliados, dispuestos a recibirlos de manera transitoria o permanente. En los hechos, el mensaje es claro: el destino final de quienes migran de manera irregular no necesariamente será Estados Unidos.

Desde la perspectiva de la Casa Blanca, este tipo de acuerdos cumple un doble objetivo. Por un lado, permite avanzar con una política de deportaciones más agresiva, uno de los ejes centrales del discurso de Trump. Por otro, funciona como un elemento disuasorio frente a nuevos intentos de cruce ilegal, al introducir mayor incertidumbre sobre el desenlace del proceso migratorio.

Para el gobierno argentino, el entendimiento abre un terreno de tensiones políticas y discursivas. Aceptar el rol de país receptor implicaría un gesto de alto valor simbólico hacia Washington, coherente con el alineamiento estratégico que Milei exhibe desde el inicio de su gestión. Sin embargo, también podría contrastar con la narrativa oficial de mayor control y endurecimiento migratorio puertas adentro, reforzada por anuncios de expulsiones y restricciones más severas.

La eventual firma del acuerdo tendría además un impacto regional. La Argentina pasaría a ocupar un lugar inédito en la arquitectura migratoria del continente, al convertirse en destino de personas provenientes de contextos geopolíticos diversos, muchas veces ajenos a la realidad sudamericana. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad logística, legal y social del país para absorber ese flujo, así como sobre los criterios que regirían su permanencia.

En el plano interno, el debate promete ser intenso. Sectores políticos y sociales podrían cuestionar la conveniencia de asumir un compromiso de este tipo en un contexto económico frágil, mientras otros lo interpretarán como una señal de inserción internacional pragmática. También se abrirán discusiones sobre derechos humanos, condiciones de acogida y responsabilidades del Estado argentino frente a personas que no eligieron el país como destino original.

Aunque las conversaciones aún no concluyeron, el solo anuncio de avances marca un punto de inflexión. La política migratoria, tradicionalmente periférica en la agenda bilateral, se convierte así en un eje central del vínculo entre Milei y Trump, con consecuencias que exceden lo diplomático y proyectan efectos duraderos en la política regional.