La Iglesia advierte sobre la baja de imputabilidad y reclama un enfoque integral para los jóvenes

• La Conferencia Episcopal cuestionó que la baja de imputabilidad sea la única respuesta al delito juvenil.
• La Iglesia reclamó un enfoque integral basado en prevención, educación y acompañamiento social.
• El comunicado retomó interrogantes sobre la capacidad del Estado para reinsertar a menores.
• El proyecto oficial fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
• La iniciativa prioriza sanciones alternativas y limita la prisión a casos graves.
• El debate se reabre en el Congreso en un contexto de alta sensibilidad social.

La discusión sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal volvió al centro del debate público con el inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso. En ese contexto, la Conferencia Episcopal Argentina expresó su postura crítica frente a la iniciativa impulsada por el Gobierno, al advertir que la respuesta estatal frente al delito juvenil no puede limitarse a una modificación punitiva del sistema penal. A través de un comunicado, los obispos plantearon la necesidad de abordar el fenómeno desde una mirada más amplia, que contemple la prevención, la educación y el acompañamiento social.

El pronunciamiento, titulado “Más oportunidades que penas”, fue difundido este sábado y lleva la firma de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Allí, la Iglesia manifestó su cercanía con las víctimas de hechos delictivos y con las comunidades afectadas por la violencia, pero al mismo tiempo alertó sobre los riesgos de reducir el debate a la edad de imputabilidad de los menores. Según el documento, ese enfoque puede invisibilizar factores estructurales que inciden en la trayectoria de niños y adolescentes en conflicto con la ley.

En línea con planteos formulados por la Pastoral Social en marzo de 2025, los obispos retomaron una serie de interrogantes que consideran aún vigentes. Entre ellos, se preguntaron dónde serían alojados los menores en caso de aprobarse la baja de la edad de imputabilidad y qué dispositivos reales existen para su educación y reinserción social. También pusieron el foco en las capacidades actuales de las provincias para brindar respuestas adecuadas y en la efectividad de las instituciones de encierro para revertir situaciones de exclusión y violencia.

La Conferencia Episcopal reafirmó, en ese sentido, la necesidad de un régimen penal juvenil con una perspectiva “humana, integral y abierta a la esperanza”. El documento recupera la figura de san Juan Bosco y los 150 años de presencia salesiana en el país como referencia de un modelo basado en la cercanía de los adultos, la educación, el trabajo y la vida comunitaria. Desde esa mirada, los obispos subrayaron que la prevención del delito juvenil requiere políticas educativas sólidas, comunidades comprometidas y un Estado presente que acompañe a las familias.

El comunicado fue firmado por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general. La intervención de la Iglesia se produjo en un momento de fuerte sensibilidad social, atravesado por casos resonantes que reactivaron el reclamo de mayor firmeza penal frente a delitos cometidos por menores.

El proyecto enviado por el Ejecutivo propone fijar en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal, con el argumento de adecuar la legislación argentina a estándares regionales. La iniciativa contempla un régimen diferenciado para adolescentes, con penas máximas de hasta 15 años de prisión para delitos graves y un amplio abanico de sanciones alternativas para infracciones menores. Entre ellas se incluyen tareas comunitarias, reparación del daño, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y monitoreo electrónico, reservando la privación de la libertad como último recurso.

El texto también prevé la creación de institutos especializados para menores, con acceso garantizado a educación, atención médica y tratamientos por adicciones, además de la prohibición absoluta de convivencia con presos adultos. Estos puntos generaron tensiones con los gobernadores, que reclamaron recursos específicos para financiar las nuevas estructuras. A la vez, la propuesta incorpora mecanismos de mediación penal juvenil, programas educativos y laborales, y medidas de protección para resguardar la identidad de los menores.

Mientras el debate parlamentario se reactiva desde cero tras la pérdida de estado legislativo del dictamen anterior, la postura de la Iglesia suma una voz que insiste en no reducir la discusión a una respuesta penal. En un escenario atravesado por demandas de seguridad, el planteo eclesiástico pone el acento en la responsabilidad colectiva y en la necesidad de políticas integrales que atiendan las causas profundas del delito juvenil.