Bullrich volvió a reclamar la baja de la edad de imputabilidad con un mensaje de fuerte impacto

• El asesinato de un adolescente en Santa Fe reactivó la discusión por la edad de imputabilidad.
• Patricia Bullrich recibió a la madre de la víctima y reforzó su apoyo a la reforma.
• El proyecto propone que desde los 13 años se pueda detener a menores por delitos graves.
• El crimen involucró a tres adolescentes y generó una fuerte conmoción social.
• El debate enfrenta posturas entre quienes reclaman mayor firmeza y quienes advierten riesgos.
• El oficialismo busca capitalizar el impacto del caso para avanzar en el Congreso.

El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a ocupar el centro de la escena política tras un encuentro cargado de impacto emocional en el Senado. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, recibió a Romina, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en Santa Fe, y utilizó ese caso para reforzar su postura a favor de una reforma que habilite la detención de menores desde los 13 años en delitos graves.

La reunión se produjo en el marco de las sesiones extraordinarias, donde el Gobierno incluyó el proyecto como una de sus iniciativas prioritarias. Para Bullrich, el asesinato de Jeremías expone de manera cruda una violencia que, según sostiene, el Estado no puede seguir abordando con herramientas que considera insuficientes. En su mirada, la edad actual de imputabilidad deja zonas grises que terminan, en muchos casos, sin respuestas concretas para las víctimas.

Tras el encuentro, la senadora volcó un mensaje contundente en sus redes sociales. Allí describió el relato de la madre del joven como “revulsivo” y aseguró que escuchar los detalles del crimen obliga a tomar una posición sin matices. Con un tono duro, planteó que la cantidad de menores involucrados en delitos no es el eje de la discusión, sino la gravedad de los hechos y la conciencia con la que, a su entender, actúan quienes los cometen.

Bullrich insistió en que existe una sensación de impunidad que se profundiza cuando los responsables recuperan la libertad por su edad, mientras las familias de las víctimas quedan atravesadas por pérdidas irreparables. En ese sentido, remarcó que el planteo no responde a una especulación política, sino a la necesidad de fijar un límite claro frente a delitos extremos. La legisladora busca así consolidar apoyos a un proyecto que despierta resistencias tanto en la oposición como en algunos sectores especializados en niñez y adolescencia.

El caso de Jeremías Monzón conmocionó a Santa Fe por la brutalidad del crimen y por la edad de los implicados. El joven, de 15 años, había sido visto por última vez a mediados de diciembre y su cuerpo fue hallado días después en un galpón del barrio Chalet, con múltiples heridas de arma blanca. La investigación derivó en la detención de tres adolescentes: su novia, de 16 años, y otros dos jóvenes de 14 y 15, lo que generó un fuerte impacto social y reabrió el debate sobre la responsabilidad penal juvenil.

Las pericias y el análisis de cámaras de seguridad reconstruyeron parte de las horas previas al asesinato, mientras los investigadores evalúan distintas hipótesis sobre el móvil del crimen. El hecho de que todos los sospechosos sean menores volvió a poner en discusión los alcances del régimen vigente y la capacidad del sistema para dar respuestas ante hechos de extrema violencia.

En el Congreso, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad aparece como uno de los puntos más sensibles del temario. Sus impulsores sostienen que permitiría actuar con mayor rapidez frente a delitos graves y enviar una señal disuasiva, mientras que sus detractores advierten que la medida no resolverá el problema de fondo y podría agravar situaciones de vulnerabilidad. En ese escenario, casos como el de Jeremías funcionan como catalizadores de un debate que combina dolor social, demandas de justicia y profundas diferencias políticas.

La intervención de Bullrich busca, además, correr la discusión del plano técnico al terreno emocional, apelando al impacto de las víctimas para justificar la urgencia de la reforma. El desafío para el oficialismo será traducir ese clima en consensos legislativos, en un tema donde las posturas suelen ser rígidas y el margen para acuerdos, limitado.