Reforma laboral: el “mini RIGI” para pymes avanza como incentivo clave a la inversión

• El RIMI busca incentivar inversiones de pymes mediante beneficios fiscales específicos.
• Incluye amortización acelerada, devolución rápida de IVA y ajuste de quebrantos por inflación.
• El régimen apunta a mejorar la rentabilidad inicial de proyectos productivos.
• Especialistas estiman una mejora fiscal significativa frente al sistema vigente.
• Establece escalas de inversión diferenciadas según el tamaño de la empresa.
• Su aprobación definitiva dependerá del tratamiento en la Cámara de Diputados.

La aprobación en el Senado de un capítulo vinculado a la reforma laboral abrió un frente de expectativas entre micro, pequeñas y medianas empresas. El eje de la discusión no pasa únicamente por cambios en el mercado de trabajo, sino por la incorporación de un esquema de incentivos fiscales que busca dinamizar inversiones de menor escala, pero potencialmente relevantes en su impacto agregado. El denominado Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) —definido en su momento como un “mini RIGI”— apunta a generar condiciones más favorables para que las pymes amplíen su capacidad productiva.

El concepto detrás de la iniciativa es que las inversiones pequeñas, aunque modestas en términos individuales, pueden transformarse en un motor económico significativo cuando se analizan de forma conjunta. Bajo esa premisa, el RIMI introduce beneficios impositivos orientados a reducir costos financieros y mejorar la previsibilidad de los proyectos. Entre sus principales herramientas se destacan la amortización acelerada de bienes de uso en el Impuesto a las Ganancias, la devolución más rápida de créditos fiscales de IVA y la actualización por inflación de quebrantos impositivos.

La amortización acelerada permite que las empresas anticipen contablemente el desgaste de sus activos, reduciendo la carga tributaria en el momento de realizar la inversión. En términos prácticos, implica pagar menos Impuesto a las Ganancias durante los primeros años del proyecto, liberando recursos para capital de trabajo o nuevas inversiones. El objetivo es que el incentivo funcione como una señal directa para mejorar la rentabilidad inicial de los emprendimientos.

En paralelo, el régimen reduce de seis a tres meses el plazo para utilizar créditos fiscales derivados del IVA. En un contexto de inflación persistente, ese acortamiento cobra relevancia financiera: evita que la espera erosione el valor real del crédito, favoreciendo el flujo de caja de las empresas. A esto se suma la posibilidad —prevista a partir del ejercicio 2025— de ajustar por índice de precios los quebrantos fiscales acumulados, garantizando que no pierdan valor al momento de su aplicación.

Desde el punto de vista técnico, especialistas del Instituto Argentino de Análisis Fiscal señalan que el nuevo esquema representa una mejora sustancial respecto del régimen vigente. Su titular, Nadin Argañaraz, estimó que el beneficio fiscal podría incrementar la rentabilidad de los proyectos en torno al 60%, dependiendo de cada caso. Además, destacó que la actualización de quebrantos evita la licuación inflacionaria y fortalece la planificación tributaria.

El acceso al RIMI establece escalas de inversión diferenciadas: desde u$s150.000 para microempresas hasta u$s9 millones para medianas compañías en su tramo superior. Esta segmentación busca adaptar el incentivo a la capacidad financiera de cada sector, promoviendo una expansión gradual del entramado productivo.

Ahora el foco se traslada a la Cámara de Diputados, donde la iniciativa deberá ser ratificada para entrar en vigencia. De prosperar, el régimen podría convertirse en una herramienta central para estimular inversiones descentralizadas, con impacto en empleo, modernización tecnológica y competitividad. El debate parlamentario definirá si este paquete de incentivos logra consolidarse como un puente entre la estabilidad fiscal buscada por el Gobierno y la necesidad de dinamizar la actividad empresarial.