Menos falsas alarmas y respuestas más rápidas: el balance positivo de la nueva ley de seguridad privada en Santa Fe

A poco más de cinco meses de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Privada, el Gobierno de Santa Fe destacó los primeros resultados obtenidos a partir de la implementación de la normativa. Según datos oficiales, las llamadas al sistema de emergencias 911 vinculadas a alarmas activadas sin incidentes reales se redujeron un 30 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

La disminución representa 15.659 comunicaciones menos y constituye uno de los principales indicadores utilizados por las autoridades para medir el impacto de la reforma sobre el funcionamiento de los servicios de emergencia y la utilización de los recursos policiales.

Las estadísticas muestran que hasta finales de mayo de 2025 se habían registrado 48.610 llamados relacionados con sistemas de alarmas privadas. En igual período de 2026, la cifra descendió a 32.951 intervenciones, reflejando una reducción significativa de las alertas que requerían movilización policial sin que existiera una situación de riesgo efectiva.

Desde el Gobierno provincial sostienen que este cambio permitió liberar recursos operativos que anteriormente eran destinados a verificar activaciones erróneas o incidentes inexistentes. Como consecuencia, los patrulleros y operadores del sistema pudieron concentrar sus esfuerzos en emergencias reales y situaciones que requerían una intervención inmediata.

El subsecretario de Emergencias 911, Pablo Polito, explicó que la nueva legislación tuvo un efecto concreto sobre la operatividad diaria de las fuerzas de seguridad. Según señaló, la reducción de falsas alarmas contribuyó a optimizar la distribución de los recursos policiales en la vía pública y a mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

Uno de los indicadores que refleja esa mejora es el tiempo promedio de atención de emergencias. De acuerdo con los datos oficiales, el plazo de respuesta pasó de 7 minutos y 15 segundos durante el mismo período del año anterior a 6 minutos y 15 segundos en la actualidad. Para las autoridades, la reducción de un minuto representa un avance importante en situaciones donde cada segundo puede resultar determinante.

Por su parte, la subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz, destacó la coordinación alcanzada con las empresas prestadoras de servicios de monitoreo y vigilancia. Según indicó, la nueva regulación permitió fortalecer los mecanismos de validación de alertas antes de que sean derivadas al sistema de emergencias provincial.

La Ley de Seguridad Privada fue sancionada por la Legislatura santafesina en noviembre de 2025 con el objetivo de actualizar un marco normativo que se mantenía vigente desde comienzos de la década de 1990. El crecimiento de la actividad y los cambios tecnológicos registrados en los últimos años impulsaron la necesidad de establecer nuevas reglas para el sector.

Entre los principales objetivos de la normativa figuran la regulación de las empresas de seguridad privada, la formalización de la actividad, el fortalecimiento de los controles estatales y la mejora en la coordinación con los organismos de seguridad pública.

Uno de los problemas que la ley buscó corregir era precisamente el elevado número de falsas alarmas. Antes de su aprobación, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad estimaban que este tipo de activaciones representaba cerca de un tercio de las intervenciones policiales relacionadas con sistemas privados de monitoreo, generando un importante desgaste operativo.

Para revertir esa situación, la legislación incorporó protocolos más estrictos para la verificación previa de alertas por parte de las empresas prestadoras del servicio. De esta manera, sólo aquellas situaciones que superan determinadas instancias de validación son derivadas al sistema 911.

A cinco meses de su puesta en marcha, los números preliminares muestran una reducción significativa de intervenciones innecesarias y una mejora en la eficiencia de los recursos de seguridad. Si la tendencia se mantiene durante el resto del año, el Gobierno provincial considera que la nueva normativa podría consolidarse como una herramienta clave para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias reales y optimizar el funcionamiento integral del sistema de seguridad pública.