El Gobierno obligará a sindicatos y empresas a renegociar 150 convenios colectivos tras la reglamentación de la reforma laboral

• El Gobierno iniciará la renegociación de 150 convenios colectivos vencidos
• La medida surge tras la reglamentación de la reforma laboral
• La CGT cuestionó la iniciativa y denunció flexibilización laboral
• La nueva normativa modifica el régimen de ultraactividad de los convenios
• También habilita salarios variables ligados a productividad
• La reforma fortalece los convenios de empresa y regionales sobre los nacionales

La reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral comenzará a mostrar desde esta semana uno de sus efectos más concretos y sensibles para el mundo sindical y empresario: el Gobierno nacional avanzará con la convocatoria para renegociar alrededor de 150 convenios colectivos de trabajo que se encuentran vencidos.

La decisión fue formalizada a través del decreto 407, publicado recientemente en el Boletín Oficial, y será ejecutada por la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero. El objetivo oficial es adecuar esos acuerdos laborales a las nuevas reglas incorporadas por la reforma impulsada por la administración de Javier Milei.

La medida abre una nueva etapa de discusión entre sindicatos y cámaras empresariales, en un escenario atravesado por fuertes tensiones políticas y gremiales. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una actualización necesaria para modernizar relaciones laborales “obsoletas”, desde la CGT denuncian que la iniciativa apunta a flexibilizar condiciones de trabajo y debilitar derechos adquiridos.

Según lo establecido en la reglamentación, la Secretaría de Trabajo considerará vencidos aquellos convenios colectivos cuyo plazo original de vigencia ya expiró. A partir de allí, comenzará a intimar formalmente a las partes para que reabran negociaciones y adecuen los textos a la nueva legislación.

En la administración libertaria aseguran que existen convenios firmados hace décadas que continúan vigentes sin haber incorporado cambios tecnológicos, productivos o laborales ocurridos en los últimos años. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmó incluso que algunos acuerdos fueron celebrados por actores empresariales o sindicales que ya ni siquiera existen.

Desde el sindicalismo rechazan esa mirada. Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, sostuvo que la negociación colectiva en la Argentina funciona de manera permanente desde hace más de veinte años y aseguró que los convenios fueron actualizándose en todos aquellos puntos donde existió voluntad de las partes.

Más allá de la confrontación discursiva, en el Gobierno reconocen que no buscarán imponer plazos inmediatos ni negociaciones exprés. La intención es que empresas y sindicatos comiencen conversaciones sectoriales para adaptar los convenios a la nueva realidad económica y tecnológica, y posteriormente presenten los acuerdos ante la Secretaría de Trabajo para su homologación.

Ese paso final no será menor. La nueva normativa habilita al Estado a suspender la homologación de convenios si considera que generan distorsiones económicas graves o afectan el interés general, un punto que también despertó cuestionamientos gremiales.

Uno de los cambios centrales que impulsa la reforma laboral es la modificación del régimen de ultraactividad, el principio que permitía que un convenio colectivo siguiera vigente aun después de vencido hasta que fuera reemplazado por uno nuevo.

La Ley 27.802 mantiene la continuidad automática únicamente para las cláusulas vinculadas directamente a condiciones de trabajo, pero elimina esa protección para otros aspectos considerados “obligacionales”, como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre sindicatos y empleadores.

La renegociación de los convenios abrirá además la posibilidad de incorporar nuevas herramientas salariales impulsadas por el oficialismo. Entre ellas aparece el denominado “salario dinámico”, que habilita componentes variables ligados a productividad, rendimiento individual o situación económica de cada empresa o actividad.

El esquema podría aplicarse, por ejemplo, en sectores como el petrolero, donde se analiza la posibilidad de establecer adicionales salariales vinculados a la evolución internacional del precio del crudo.

Para la CGT, estas modalidades representan un riesgo de flexibilización y habilitan negociaciones salariales “a la baja”. El Gobierno, en cambio, considera que permitirán abandonar progresivamente los aumentos automáticos atados a la inflación y avanzar hacia mecanismos más vinculados al desempeño y a la productividad.

La reglamentación también fortalece los convenios de empresa o regionales por encima de los acuerdos nacionales de actividad, incluso cuando las condiciones resulten menos favorables para los trabajadores. Se trata de una modificación de fondo que altera uno de los pilares históricos del modelo sindical argentino basado en la negociación centralizada.

En paralelo, la reforma facilita la creación de sindicatos de empresa al reducir del 20% al 5% el requisito mínimo de afiliación necesario para disputar la personería gremial. Esa posibilidad genera inquietud entre dirigentes sindicales que temen una fragmentación de la representación gremial.

Con la intimación a renegociar convenios ya en marcha, el Gobierno se prepara para abrir una etapa de redefinición de las relaciones laborales que promete fuertes disputas entre empresarios, sindicatos y el Estado.