Cuando la transparencia empieza a pedir explicaciones

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Durante meses, el Gobierno construyó un relato basado en la superioridad moral. La bandera de la honestidad fue utilizada como un misil discursivo contra todo lo que oliera a política tradicional. “La casta”, repetían. “Los privilegios”, insistían. “Los corruptos de siempre”, martillaban desde los atriles oficiales y desde los estudios de televisión amigos. Pero la realidad tiene una costumbre incómoda: tarde o temprano termina golpeando la puerta.

Y ahora esa puerta empieza a abrirse en Comodoro Py.

Porque ya no se trata de rumores de pasillo, de operaciones políticas o de versiones lanzadas en redes sociales. Lo que se aproxima es un proceso judicial concreto que pone bajo la lupa a uno de los hombres más importantes del Gobierno nacional. Manuel Adorni, jefe de Gabinete y uno de los rostros más visibles del oficialismo, deberá enfrentar en las próximas semanas un escenario mucho más incómodo que una conferencia de prensa controlada o un tuit agresivo: tendrá que responder preguntas ante la Justicia Federal.

Y ahí cambia todo.

La política argentina está llena de funcionarios que durante años hablaron de transparencia mientras construían mecanismos opacos alrededor de sus patrimonios. La diferencia, en este caso, es que el mileísmo llegó prometiendo exactamente lo contrario. Llegó diciendo que venía a terminar con esas prácticas. Llegó asegurando que no eran iguales. Llegó jurando que los privilegios se terminaban.

Por eso el caso impacta.

La investigación judicial no gira únicamente alrededor de números que aparentemente no cierran. El problema es político antes que contable. Porque cuando un funcionario que construyó parte de su capital público denunciando la corrupción ajena empieza a tener dificultades para explicar su propio crecimiento patrimonial, el discurso entero entra en zona de riesgo.

Los investigadores judiciales ya están revisando movimientos bancarios, adquisición de propiedades, gastos personales, viajes, deudas y operaciones financieras. Y lo que más preocupa en los tribunales es algo elemental: hay períodos donde, según trascendió de la propia pesquisa, los ingresos declarados no alcanzan para justificar el nivel de gastos y adquisiciones.

Ése es el núcleo del problema.

No se trata solamente de una casa nueva, una remodelación costosa o una camioneta adquirida en medio de un ajuste feroz que el propio Gobierno le exige soportar a millones de argentinos. El asunto es otro: la Justicia intenta determinar si existe coherencia entre lo que se declaró y lo que efectivamente se gastó.

Y cuando los números no coinciden, las explicaciones empiezan a volverse urgentes.

El oficialismo intentará minimizar el asunto. Dirán que es una operación. Hablarán de persecución judicial. Acusarán a sectores del poder de querer golpear al Gobierno. El manual ya es conocido. Lo utilizaron todos. Absolutamente todos.

Pero hay un detalle incómodo para la Casa Rosada: muchas de las causas que hoy avanzan se activaron a partir de información objetiva, documentación, movimientos financieros y elementos que la Justicia considera suficientemente relevantes como para profundizar la investigación.

No es un tuit. No es un video de TikTok. No es un rumor de café.

Es Comodoro Py.

Y en paralelo aparece otro capítulo todavía más delicado: el vínculo con el periodista Marcelo Grandio y los contratos obtenidos por su productora en medios públicos durante la actual gestión.

Acá el problema ya no es únicamente patrimonial. Acá aparece el fantasma de las incompatibilidades, los favores cruzados y las posibles contraprestaciones disfrazadas de amistad.

Porque en política las casualidades no suelen ser inocentes.

Un empresario o productor que obtiene contratos con el Estado y al mismo tiempo comparte viajes de lujo con funcionarios importantes inevitablemente genera sospechas. Mucho más si esos viajes involucran vuelos privados, estadías exclusivas y gastos difíciles de justificar públicamente.

El Gobierno podrá argumentar que todo fue pagado. Que cada uno abonó su parte. Que no hubo irregularidades. Perfecto. Entonces mostrar comprobantes debería ser la tarea más sencilla del mundo.

Sin embargo, hasta ahora, esas pruebas no aparecieron de manera contundente.

Y ahí vuelve a abrirse el interrogante más peligroso para cualquier administración que hizo del combate contra la corrupción una bandera identitaria: ¿qué pasa cuando los que prometían terminar con los privilegios empiezan a convivir con prácticas demasiado parecidas a las que denunciaban?

La sociedad argentina está cansada de la doble vara. Está agotada de funcionarios que señalan con el dedo mientras exigen para sí mismos indulgencia, paciencia o comprensión. Durante años vimos dirigentes que pedían cárcel para otros mientras escondían sus propios problemas debajo de la alfombra.

El mileísmo no puede darse ese lujo.

Porque Javier Milei construyó su legitimidad política precisamente sobre la idea de que venía a romper con ese sistema. Su fortaleza no fue territorial. No fue partidaria. No fue legislativa. Fue moral. Fue emocional. Fue la promesa de que eran distintos.

Por eso cada expediente judicial que roce a funcionarios importantes del Gobierno tiene un efecto multiplicador.

Y atención con algo más: en la Argentina, muchas veces el daño político no aparece cuando se dicta una condena. Aparece antes. Mucho antes. Surge cuando la sociedad empieza a percibir contradicciones entre el discurso y la conducta.

Eso erosiona credibilidad.

Y un gobierno que basó gran parte de su poder en la credibilidad no debería subestimar jamás ese desgaste.

Nadie está condenado de antemano. La investigación recién atraviesa etapas preliminares y cualquier funcionario tiene derecho a defenderse, explicar su situación y demostrar inocencia. Eso es básico en un Estado de Derecho.

Pero también es cierto que quienes ocuparon durante meses el lugar de fiscales mediáticos permanentes ahora deberán acostumbrarse a responder preguntas incómodas.

Sin slogans.

Sin trolls.

Sin cadenas de insultos en redes sociales.

Sin relatos épicos.

Simplemente frente a expedientes, balances, movimientos bancarios y declaraciones bajo juramento.

Y ahí es donde la política deja de ser un espectáculo y empieza a convertirse en algo mucho más serio.