La disputa por las reglas del poder

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay una diferencia sustancial entre gobernar y preparar la próxima elección. Gobernar supone administrar conflictos, asumir costos y construir un horizonte de previsibilidad. Preparar una elección, en cambio, muchas veces conduce a una tentación tan antigua como la política misma: modificar las reglas antes de que los ciudadanos emitan su veredicto. La Argentina parece ingresar nuevamente en esa lógica, donde la arquitectura institucional comienza a ocupar más espacio que la discusión sobre los problemas cotidianos.

No es un fenómeno exclusivo del oficialismo actual. Todos los gobiernos que imaginaron dificultades electorales terminaron observando el sistema político con ojos de ingeniero más que de estadista. Cambiar mecanismos, alterar procedimientos o redefinir incentivos suele convertirse en una herramienta tan atractiva como peligrosa. Porque la sospecha aparece inevitablemente: ¿se busca perfeccionar la democracia o simplemente mejorar las posibilidades de conservar el poder?

La administración de Javier Milei parece haber colocado esa discusión entre sus prioridades inmediatas. No resulta casual. El calendario impone sus propias urgencias. Si las modificaciones no prosperan durante los próximos meses, el año electoral volverá extremadamente complejo cualquier intento de reforma. Las reglas del juego adquieren entonces un valor estratégico que supera incluso otras iniciativas legislativas.

El Gobierno sabe que la próxima elección presidencial será mucho más exigente que la anterior. Llegará con un desgaste natural del ejercicio del poder, con una sociedad menos paciente y con una oposición que, pese a sus divisiones, terminará encontrando incentivos para coordinar posiciones. En ese contexto, cualquier cambio en el sistema electoral puede modificar incentivos, alianzas y estrategias.

Por eso no sorprende que la Casa Rosada busque convertir cada encuentro institucional en una instancia de negociación política. La convocatoria por el Día de la Independencia ofrece un escenario ideal. Allí confluirán gobernadores con intereses muy distintos, algunos enfrentados al Gobierno y otros obligados por las circunstancias fiscales a mantener canales de diálogo abiertos. La fotografía institucional importa, pero mucho más importante será lo que ocurra detrás de las puertas cerradas.

Los mandatarios provinciales conocen el juego. Ninguno llega ingenuamente a una negociación donde la Nación administra recursos, obras públicas y herramientas financieras que las provincias necesitan. Tampoco desconocen que el oficialismo requiere apoyos parlamentarios para avanzar con proyectos que considera decisivos. Esa relación de mutua dependencia convierte cada acto protocolar en una verdadera mesa de negociación política.

Diego Santilli aparece, en este escenario, como una figura llamada a cumplir una función distinta de la que desempeñó hasta ahora. Su desafío no consiste únicamente en coordinar ministerios. Deberá demostrar capacidad para construir consensos en un Congreso donde el oficialismo continúa lejos de disponer de mayorías propias. La habilidad negociadora será probablemente más importante que cualquier atributo técnico.

La historia reciente demuestra, sin embargo, que los acuerdos políticos firmados con solemnidad suelen deteriorarse con una velocidad sorprendente. Los compromisos públicos generan impacto inmediato, pero muchas veces carecen de mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento. La política argentina acumula una larga colección de pactos que nacieron rodeados de expectativas y terminaron convertidos en simples fotografías de ocasión.

El debate sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias vuelve a poner de manifiesto esa tensión permanente entre conveniencia política e institucionalidad. Resulta legítimo discutir si el sistema cumplió los objetivos para los cuales fue creado o si terminó generando costos innecesarios para el Estado. Lo que merece una observación crítica es que esa discusión reaparezca siempre cuando las necesidades electorales de quienes gobiernan parecen modificar su valoración sobre las reglas existentes.

Algo similar ocurre con la posibilidad de reintroducir mecanismos que permitan ampliar las alternativas electorales mediante distintas modalidades de competencia. Cada argumento jurídico encuentra inmediatamente una interpretación política. Cada explicación técnica despierta sospechas acerca del verdadero objetivo perseguido. Es el resultado inevitable de décadas en las que las reformas electorales casi nunca estuvieron completamente desvinculadas del interés circunstancial de quienes impulsaban los cambios.

La oposición tampoco puede presentarse como una observadora imparcial. Muchas de las voces que hoy cuestionan eventuales modificaciones defendieron transformaciones similares cuando ocupaban el poder o cuando esas reformas favorecían sus propias estrategias. Esa doble vara erosiona la credibilidad del sistema político y fortalece el escepticismo ciudadano.

Mientras tanto, la sociedad observa un escenario que parece alejarse de sus principales preocupaciones. La inflación continúa siendo una inquietud relevante, el empleo mantiene signos de fragilidad y amplios sectores esperan señales más contundentes sobre el crecimiento económico. Sin embargo, buena parte del esfuerzo político comienza a concentrarse en el diseño de las futuras competencias electorales.

Ese contraste no debería pasar inadvertido. La fortaleza de un gobierno no depende exclusivamente de obtener ventajas reglamentarias. Ninguna modificación institucional reemplaza la eficacia de una gestión capaz de mejorar la calidad de vida de la población. Cuando la economía ofrece resultados consistentes, las reglas electorales pasan a un segundo plano. Cuando esos resultados generan dudas, las discusiones sobre procedimientos adquieren un protagonismo desmedido.

La administración Milei apuesta a que la recuperación económica termine consolidándose antes del inicio formal del proceso electoral. Si ese escenario se concreta, probablemente las reformas políticas se conviertan en un complemento de una estrategia más amplia. Si la economía vuelve a mostrar signos de inestabilidad, ninguna ingeniería electoral garantizará el respaldo ciudadano.

Existe además una dimensión institucional que no conviene minimizar. Las reglas democráticas necesitan estabilidad para generar confianza. Cambiarlas con demasiada frecuencia transmite la sensación de que el sistema permanece siempre abierto a la conveniencia circunstancial del gobierno de turno. Esa percepción termina debilitando la calidad institucional mucho más que cualquier derrota electoral.

La Argentina necesita discutir seriamente cómo mejorar su sistema político. Esa conversación es saludable e incluso imprescindible. Pero debería realizarse con una mirada de largo plazo, buscando fortalecer la representación y la transparencia, no simplemente optimizar las posibilidades competitivas de una fuerza determinada. Allí reside la diferencia entre una reforma de Estado y una estrategia de campaña.

En definitiva, el verdadero examen no será si el oficialismo consigue reunir los votos necesarios para aprobar una modificación electoral. El desafío será convencer a la sociedad de que esos cambios responden al interés general y no a una necesidad coyuntural del poder. Porque las democracias sólidas no se construyen adaptando permanentemente las reglas a las urgencias de los gobiernos, sino consolidando instituciones capaces de sobrevivir a quienes las administran.