Cuando el Congreso empieza a improvisar, la democracia pierde precisión

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay deterioros institucionales que producen estruendo. Otros, en cambio, avanzan sin hacer ruido. No ocupan la apertura de los noticieros, no provocan marchas multitudinarias ni desencadenan comunicados encendidos de los dirigentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, terminan afectando el corazón mismo del sistema político. Uno de ellos ocurre cada vez que el Parlamento transforma el procedimiento legislativo en una sucesión de improvisaciones.

La calidad de una democracia no se mide únicamente por las leyes que sanciona. También se mide por la forma en que esas leyes nacen. Allí reside una diferencia fundamental entre un Congreso que funciona como una institución y otro que opera como una maquinaria sometida exclusivamente a las urgencias del poder de turno.

Las comisiones parlamentarias representan el laboratorio donde los proyectos dejan de ser consignas políticas para convertirse en normas con consecuencias concretas sobre la vida de millones de personas. Allí se escuchan especialistas, se negocian modificaciones, se detectan errores técnicos y se construyen consensos que muchas veces resultan invisibles para la opinión pública. Cuando ese proceso pierde seriedad, el daño no siempre se percibe de inmediato, pero termina apareciendo en la calidad de las leyes.

Durante los últimos meses comenzó a instalarse una práctica que expone esa degradación. Los cambios de integrantes en las comisiones, muchas veces resueltos sobre la marcha, dejaron de ser una excepción para convertirse en un recurso habitual. El problema no radica solamente en el reemplazo de un legislador por otro. Lo verdaderamente preocupante es que quienes participaron del debate, estudiaron los expedientes y negociaron los textos pueden desaparecer al momento de la firma, mientras otro senador termina avalando un dictamen cuya elaboración no protagonizó.

Ese mecanismo desnaturaliza el sentido mismo del trabajo parlamentario. La firma deja de ser la expresión de una convicción construida durante semanas para transformarse en un simple trámite administrativo. El debate pierde identidad. La responsabilidad política se diluye. Y la ciudadanía queda sin saber quién defendió realmente cada modificación incorporada al proyecto.

La situación adquiere todavía mayor gravedad porque el funcionamiento cotidiano de las comisiones depende, en gran medida, del trabajo silencioso de equipos técnicos y secretarios parlamentarios que deben verificar quórums, controlar designaciones, revisar resoluciones y garantizar que cada paso respete el reglamento. Cuando los cambios llegan minutos antes del inicio de una reunión, ese delicado equilibrio se rompe. El procedimiento comienza a correr detrás de la política, cuando debería ocurrir exactamente al revés.

Las normas parlamentarias no fueron redactadas para decorar bibliotecas. Fueron concebidas precisamente para evitar que la voluntad circunstancial de una mayoría altere permanentemente las reglas de funcionamiento. La estabilidad en la integración de las comisiones, los mecanismos previstos para resolver ausencias y las sanciones contempladas para quienes incumplen sus obligaciones responden a una lógica institucional que busca preservar la continuidad del trabajo legislativo.

Cuando esas previsiones son reemplazadas por maniobras de conveniencia, el reglamento deja de ser una garantía para convertirse en un obstáculo que algunos intentan esquivar.

No sorprende, entonces, que desde la conducción del Senado comiencen a aparecer intentos por desalentar estas modificaciones de último momento. Más allá de las diferencias políticas existentes dentro del oficialismo, el problema excede cualquier disputa personal. La discusión de fondo consiste en determinar si el Congreso seguirá funcionando mediante procedimientos previsibles o si terminará aceptando que las reglas cambien cada vez que una votación presenta dificultades.

Ese debate adquirió una dimensión todavía mayor después de algunos episodios recientes en los que determinados proyectos generaron controversias incluso entre quienes habían acompañado su tratamiento. Cuando un legislador necesita explicar posteriormente por qué apareció firmando un dictamen que luego cuestiona, el problema ya no es político: es institucional. Significa que el proceso dejó de ofrecer las garantías mínimas de deliberación que debería brindar cualquier Parlamento moderno.

La tensión también expone otra realidad menos comentada. En los últimos años, el Congreso argentino fue cediendo terreno frente a una lógica de administración permanente de las urgencias. Todo parece resolverse con apuro. Todo debe aprobarse antes de la próxima crisis. Todo queda subordinado al calendario político. Esa aceleración erosiona la calidad del debate y termina debilitando el producto final.

Paradójicamente, quienes más reclaman rapidez suelen ser los mismos que luego critican las consecuencias de leyes redactadas con deficiencias técnicas. La velocidad puede resultar útil para una campaña electoral. Rara vez constituye una virtud cuando se trata de redactar normas que condicionarán el funcionamiento del Estado durante décadas.

Mientras tanto, la política continúa enviando señales contradictorias. Los desacuerdos internos dentro del oficialismo conviven con gestos de diálogo hacia sectores sindicales y opositores que pocos meses atrás parecían impensados. La convivencia entre confrontación pública y negociación reservada no constituye una novedad en la historia argentina. Lo novedoso es que esas conversaciones ocurran mientras las diferencias dentro del propio espacio gobernante se vuelven cada vez más visibles.

El Senado se ha convertido, una vez más, en el escenario donde las tensiones del poder encuentran su expresión más evidente. Allí confluyen intereses provinciales, estrategias nacionales, disputas personales y necesidades coyunturales. Administrar semejante complejidad exige autoridad, pero también previsibilidad. Ninguna de las dos puede construirse si las reglas cambian cada semana.

Existe una idea equivocada según la cual el procedimiento representa una cuestión secundaria frente a los grandes debates políticos. Es exactamente al revés. Las instituciones sobreviven precisamente porque existen procedimientos capaces de ordenar el conflicto. Cuando esos mecanismos se relativizan, la discusión deja de girar alrededor de las ideas para concentrarse en quién logra manipular mejor las reglas.

La democracia no se deteriora únicamente cuando se desconocen las leyes. También comienza a debilitarse cuando se vacían de contenido los procesos destinados a producirlas. Ese desgaste es mucho menos visible que un escándalo político, pero suele ser bastante más profundo.

Quizá el mayor desafío del Congreso no consista hoy en aprobar más proyectos, sino en recuperar el valor de cada instancia previa a una votación. Porque una ley puede modificar la realidad durante años. Pero la forma en que esa ley fue construida también termina definiendo la calidad institucional de un país.