Apagón estatal: Milei proyecta un mecanismo de "cierre" para congelar el gasto público agotado

POLÍTICA Marian SANZOTTI

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En un nuevo e inequívoco alineamiento con la doctrina política y económica de los Estados Unidos, el presidente Javier Milei reveló que el equipo técnico de la Casa Rosada avanza en el diseño normativo de un "shutdown" del Poder Ejecutivo. Este instrumento, inspirado en el clásico cierre de Gobierno norteamericano por disputas presupuestarias, busca instaurar una restricción financiera infranqueable dentro de la administración pública local. Bajo la premisa presidencial de que el Estado debe "apagarse" en el instante en que consuma sus partidas asignadas, la iniciativa pretende clausurar de forma definitiva cualquier vía de auxilio estatal indirecto y consolidar el orden fiscal.

A diferencia del modelo de Washington, donde la parálisis se desencadena cuando el Poder Legislativo no convalida la Ley de Presupuesto, la variante adaptada para la Argentina se activará por el agotamiento efectivo de los recursos de cada organismo. De este modo, si una dependencia pública consume la totalidad de su crédito presupuestario antes de la finalización del año fiscal, el sistema le impedirá de manera automática asumir nuevos compromisos de erogación. Esta drástica medida se analiza en simultáneo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, orientada a prohibir por ley el financiamiento monetario del Tesoro.

La fisonomía final del proyecto plantea complejos interrogantes operativos y legales que el oficialismo busca resolver. El principal desafío radica en delimitar taxativamente qué prestaciones estatales serán declaradas esenciales y cuáles quedarán sujetas a la suspensión de actividades. Mientras que las partidas discrecionales, los eventos oficiales, la obra pública y las transferencias no obligatorias a las provincias asoman como los primeros sectores pasibles de un congelamiento, rubros sensibles como las jubilaciones, los salarios públicos, la salud y la seguridad difícilmente puedan interrumpirse sin activar severos conflictos sociales y una consecuente ola de demandas en los tribunales.

Asimismo, la ingeniería institucional contempla que el bloqueo de los fondos no dependa de una decisión política discrecional, sino que quede sistematizado directamente en las plataformas de administración financiera del Estado. De implementarse con éxito, el "shutdown criollo" reconfigurará la relación de la Casa Rosada con los mandatarios provinciales, quienes verían licuados sus márgenes de negociación ante la falta de instrumentos de compensación. Con este drástico plan, el Ejecutivo busca dotar a la macroeconomía de un mecanismo de austeridad automática inédito en la historia del país.

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