Santa Fe endurece el control sobre los celulares robados: registro obligatorio, trazabilidad y nuevas sanciones

El Gobierno de Santa Fe impulsa una nueva regulación para combatir la comercialización de celulares robados y otros dispositivos tecnológicos de procedencia ilegal. El gobernador Maximiliano Pullaro giró a la Legislatura un proyecto que propone establecer un sistema de registro y seguimiento de los equipos, aumentar los controles sobre comercios y talleres y aplicar sanciones que pueden llegar al decomiso de mercadería y la clausura de establecimientos.

La iniciativa contempla la creación del Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, que dependerá del Ministerio de Justicia y Seguridad. El esquema apunta a controlar toda la cadena vinculada con estos productos: desde su compra y venta hasta la reparación, el almacenamiento, el reciclaje y la intermediación.

Uno de los ejes será la puesta en marcha del Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. Allí deberán anotarse las personas y establecimientos que compren, vendan, intercambien o almacenen teléfonos usados, además de quienes comercialicen piezas, componentes y repuestos.

Un sistema para seguir el recorrido de cada equipo

El proyecto establece que las operaciones deberán quedar documentadas para permitir reconstruir el recorrido de cada dispositivo. Para eso, deberán consignarse datos como el IMEI, marca, modelo, número de serie y estado funcional, junto con la información correspondiente a quien vende, las características de la transacción, el precio y el comprobante de la operación.

Además, los comercios y talleres tendrán que conservar documentación que permita demostrar la procedencia legítima de los celulares, componentes y repuestos que se encuentren dentro de sus establecimientos.

La falta de elementos suficientes para acreditar el origen legal de un equipo será considerada por las autoridades como un indicador objetivo de riesgo. Frente a esta situación, podrán adoptarse medidas preventivas, entre ellas la identificación, inmovilización y resguardo de los bienes.

En los casos de mayor gravedad, también estará contemplada la clausura preventiva del local. Si durante un procedimiento surgieran indicios de que se cometió un delito, deberá intervenir el Ministerio Público de la Acusación.

Multas, decomisos y clausuras

El régimen sancionatorio previsto en la iniciativa incluye distintas medidas según la infracción cometida. Entre ellas aparecen apercibimientos, multas que van desde uno hasta 1.000 Jus, decomiso de la mercadería y la suspensión o clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días.

El objetivo es que la regulación no se limite a perseguir los teléfonos denunciados como robados, sino que también alcance los circuitos comerciales que permiten que esos dispositivos vuelvan al mercado.

La Policía podrá controlar el IMEI de los celulares

Otro de los puntos centrales del proyecto es la modificación del Código Procesal Penal, con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles para que la Policía pueda detectar equipos denunciados como robados, hurtados o extraviados.

De acuerdo con la propuesta, los agentes estarán facultados para solicitar a una persona que exhiba el identificador electrónico del celular que lleva consigo y verificar su situación en los registros habilitados.

Si el ciudadano se negara a mostrar el dispositivo o su identificador, o si la consulta revelara que el teléfono coincide con uno que figura como robado, hurtado, extraviado o requerido, el personal policial podrá avanzar con una requisa personal y el secuestro del equipo, dando intervención inmediata al Ministerio Público de la Acusación.

También habrá reglas sobre contraseñas y desbloqueos

La iniciativa incorpora además modificaciones al Código de Faltas. El proyecto establece que quien se niegue sin justificación a colaborar con una medida legal destinada a identificar o verificar un teléfono mediante contraseñas, claves, patrones de desbloqueo, datos biométricos u otros mecanismos similares podría recibir una sanción.

Cuando exista una obligación legal de colaborar y la conducta no constituya un delito, la pena prevista podría alcanzar los 20 días de arresto o una multa de hasta 10 Jus.

El proyecto también contempla una situación particular: las personas que hayan adquirido un teléfono sin conocer razonablemente que tenía un origen ilícito podrán colaborar con las autoridades para facilitar su identificación y recuperación.

Con este paquete de medidas, el Ejecutivo santafesino busca intervenir no sólo sobre los celulares sustraídos, sino también sobre la cadena comercial que permite su circulación y reventa una vez que ingresan al mercado ilegal.