Presupuesto 2027: cuestionan fondos millonarios sin destino específico bajo control del Tesoro

• Las Obligaciones a Cargo del Tesoro son la partida que más crece dentro del proyecto de Presupuesto 2027.
• El rubro pasa de $5,6 a $14,8 billones y concentra recursos con destinos diversos.
• Una parte de los fondos contempla $1,45 billones para gastos en personal no asignados a organismos específicos.
• También aparecen $5,31 billones en transferencias al sector privado vinculadas con servicios sociales.
• El proyecto contempla recursos del Tesoro que podrían cubrir gastos adicionales relacionados con pensiones por invalidez.
• La falta de apertura detallada dificulta establecer cuánto corresponde a nuevos gastos y cuánto a posibles reasignaciones de partidas existentes.

El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora una serie de partidas bajo el rubro Obligaciones a Cargo del Tesoro que concentran recursos por varios billones de pesos sin una asignación específica a organismos determinados. De acuerdo con el análisis citado en el texto, esa estructura contempla fondos para distintos destinos, entre ellos salarios públicos, transferencias sociales y universidades nacionales, cuyo destino final podría definirse durante la ejecución presupuestaria.

La partida de Obligaciones a Cargo del Tesoro es, según el análisis, la que registra el mayor crecimiento dentro del proyecto de Presupuesto 2027. Pasa de $5,6 billones a $14,8 billones, lo que representa un incremento real del 116,9%. A diferencia de los recursos asignados directamente a los ministerios, se trata de una jurisdicción administrada por la Secretaría de Hacienda, desde la cual se financian diferentes organismos y empresas estatales.

Dentro de ese esquema, más de la mitad del crédito aparece concentrado bajo la denominación “otras asistencias financieras”. Se trata de una categoría que, de acuerdo con el informe mencionado, no presenta una apertura detallada por beneficiario. El volumen involucrado alcanza los $7,68 billones y contiene distintos conceptos cuyo destino puede determinarse durante la ejecución del presupuesto.

Entre ellos aparece una reserva de $1,45 billones destinada a gastos en personal que no estarían asignados a ningún organismo específico. Convertido al tipo de cambio utilizado en el análisis, ese monto equivale a casi 1.000 millones de dólares. También se contemplan $5,31 billones correspondientes a transferencias al sector privado dentro del área de servicios sociales y otros $300.000 millones destinados a universidades nacionales.

A estos recursos se agregan $129.851 millones de gastos figurativos destinados a la Auditoría General de la Nación. El conjunto de partidas queda así concentrado en una jurisdicción que tiene una amplia variedad de funciones y que, según el análisis, cuenta con mecanismos que permiten determinar durante la ejecución cuál será el destino concreto de determinados fondos.

La cuestión adquiere particular relevancia en materia de discapacidad. El proyecto contempla eliminar como partida específica el gasto asociado a lo dispuesto por la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre y que puede ser prorrogada por un año. Sin embargo, dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro aparecen recursos que podrían ser utilizados para afrontar determinadas erogaciones vinculadas con esa área.

Entre las disposiciones contempladas figura la posibilidad de cubrir, desde esa categoría presupuestaria, los gastos correspondientes a pensiones por invalidez que excedan los montos originalmente presupuestados. De esta manera, aunque el proyecto no presente el gasto de discapacidad bajo una partida específica con ese nombre, existen recursos dentro del Tesoro que podrían atender necesidades que superen las previsiones iniciales.

El análisis también plantea una dificultad para determinar con precisión cuánto de esos fondos representa un gasto adicional y cuánto podría corresponder a un traslado de recursos desde otros organismos. Esto ocurre porque el proyecto no publica la apertura por programa del crédito vigente correspondiente a 2026 para esa jurisdicción.

En ese sentido, se señala como posible indicio de movimientos internos la evolución de las partidas de distintos organismos. Mientras el Ministerio de Economía registra una disminución nominal del 3,3%, el Tesoro concentra asistencia destinada a empresas vinculadas con los sectores energético y de transporte.

El debate sobre estas partidas se vincula así con el nivel de discrecionalidad que puede tener el Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria. La ausencia de una asignación detallada para una parte significativa de los recursos deja abierta la posibilidad de definir posteriormente su utilización, dentro de las facultades de reasignación previstas en el propio proyecto.