El oficialismo busca acordar cambios para avanzar con la ley de Defensa de la Soberanía Nacional

• La Libertad Avanza busca obtener dictamen del proyecto el martes y debatirlo en Diputados al día siguiente.
• La iniciativa agrava las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur.
• El PRO y la UCR cuestionan el artículo 111 por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
• El oficialismo aceptó modificar artículos sobre infraestructura crítica y coordinación estatal en seguridad nacional.
• Los aliados reclaman mayor control parlamentario y precisiones sobre las competencias de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.
• El peronismo propone separar el proyecto, pero los libertarios quieren conservar el texto en su estructura actual.

La Libertad Avanza trabaja para destrabar en la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y conseguir el dictamen de comisión el próximo martes, con el objetivo de llevarlo al recinto al día siguiente. Las negociaciones con los bloques aliados se concentran en varios artículos cuestionados por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión, las atribuciones del Poder Ejecutivo y la intervención estatal en infraestructuras estratégicas.

El oficialismo aspiraba a avanzar con el dictamen durante esta semana, pero la discusión quedó postergada por otros asuntos que concentraron la atención parlamentaria, entre ellos los fallos de la Corte Suprema sobre la venta de tierras a extranjeros y el intento de la oposición de derogar el mega DNU 70/23. Ahora, los referentes libertarios buscan acercar posiciones para reunir los respaldos necesarios sin resignar la estructura central de la iniciativa.

Desde el bloque oficialista descartaron la posibilidad de dividir el texto en dos, como propuso el peronismo, aunque reconocieron que introducirán modificaciones para alcanzar un consenso más amplio. Si prospera el cronograma previsto, el proyecto podría debatirse junto con otras iniciativas vinculadas con discapacidad, endeudamiento, inviolabilidad de la propiedad privada, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

El texto enviado por la Casa Rosada establece sanciones más severas para la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. La propuesta amplía el alcance de las penalidades más allá de la actividad hidrocarburífera e incluye la explotación de recursos renovables y no renovables. También contempla multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones para empresas, socios y proveedores involucrados en actividades prohibidas, además de restricciones para contratar con personas o compañías inhabilitadas.

Sin embargo, las principales objeciones de los bloques aliados y de la oposición se concentran en otros componentes de la iniciativa. El proyecto establece un sistema permanente de coordinación estatal en cuestiones diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa e inteligencia, bajo la conducción del Consejo de Seguridad Nacional. Ese organismo estaría integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Uno de los artículos más cuestionados es el 111, que prevé penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.

El PRO y la UCR reclamaron una definición más precisa de las conductas consideradas delictivas. Sus representantes advirtieron que una redacción demasiado amplia podría afectar la libertad de expresión y generar riesgos para el trabajo periodístico, la actividad académica y el debate público. Ante esos planteos, los libertarios comenzaron a circular borradores con modificaciones específicas.

Otro punto de negociación es el control parlamentario. A pedido de los aliados, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, adelantó que se incorporará una comisión bicameral de seguimiento de la seguridad nacional, ante la cual el Poder Ejecutivo deberá informar sobre la aplicación del sistema.

También se prevén cambios en los artículos que habilitan al Estado a auditar, custodiar o intervenir infraestructuras críticas, entre ellas redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones. Los cuestionamientos incluyen la necesidad de establecer límites claros para evitar superposiciones y dar previsibilidad a las empresas. En esa línea, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina planteó que la relación entre el Estado y las compañías debería organizarse mediante mecanismos de cooperación voluntaria.

Los aliados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), por su parte, reclamaron que las actividades militares requieran autorización del Congreso. Además, distintos sectores pidieron incorporar al Ministerio de Seguridad Nacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad y precisar las competencias de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y las fuerzas federales en la protección de infraestructuras estratégicas.

El peronismo propuso separar la iniciativa y avanzar con el primer título, que comprende los artículos 1 al 40 y se concentra en las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. No obstante, La Libertad Avanza rechaza esa alternativa y apuesta a conseguir apoyos para preservar el grueso del proyecto. El resultado de las negociaciones durante el fin de semana será determinante para establecer si el oficialismo consigue dictaminar el martes y habilitar el debate en el recinto al día siguiente.