Lavado por USD 65 millones: simulaban operaciones con China y EEUU para comprar divisas al cambio oficial

La Justicia procesó a un grupo de personas por lavar casi 65 millones de dólares, simulando operaciones comerciales que nunca existieron y transfiriendo dinero a Estados Unidos y República China. Según la investigación, se montó una organización que supuestamente se encargaba de realizar fletes marítimos internacionales y así lograba saltear los controles que existía en ese momento por el cepo cambiario. El mecanismo fue usar dos empresas fantasmas a nombre de ancianos o personas en condición vulnerables.

Entre los involucrados aparece un prestigioso asesor financiero que en sus inicios laborales se desempeñó en el Grupo Macri, según él mismo lo contó en la indagatoria. Se trata del asesor financiero Pablo Alejandro Asencio, que además fue presidente de una firma investigada en la causa Fútbol para Todos. El dato fue incorporado a la causa después de que se detectara una puerta secreta en un allanamiento con numerosa documentación. En el fallo también se dejó asentado que dos de los implicados sabían de la existencia de la causa cuando el caso estaba bajo secreto de sumario y recién comenzaba a tramitarse, señala la resolución a la que accedió Infobae.

A raíz de esas maniobras, el juez en lo penal económico Diego Amarante firmó procesamientos por lavado de activos agravado y embargos por 300 millones de dólares, a valor del cambio oficial, para cada uno de los sospechosos. Días después, la Cámara en lo Penal Económico hizo lugar a las excarcelaciones e imprevistamente resolvió apartar al juez del caso por el pedido de un imputado. Ahora, el tribunal de alzada debe analizar si confirma los procesamientos fruto de una investigación en donde se recolectaron cientos de pruebas, microfilmaciones de cheques, unas 8.760 horas de escuchas directas, vigilancias y allanamientos.

La causa. El caso comenzó en 2018 con una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos contra un grupo de empresas y personas por “la puesta en circulación en el mercado formal de fondos que provendrían de una actividad ilícita, durante el período comprendido entre el mes de octubre de 2012 hasta diciembre de 2013, por parte de las firmas Trans Pasi S.A. y Totem Logística S.R.L.”. Esas sociedades se habrían armado “con el único fin de crear una estructura que de apariencia de licitud al dinero con el que se habrían adquirido divisas en el mercado oficial para su posterior giro al exterior en concepto de pago de supuestos fletes por operaciones de comercio exterior”, se sostuvo.

Esa situación les permitió comprar divisas al cambio oficial en un momento de cepo cambiario y cuando había una importante brecha con las operaciones en el mercado informal. A las cuentas bancarias de esas firmas llegaban cheques de supuestos clientes ¿Cuánto se lavó? Casi U$S 65.000.000. “Desde los albores del plan delictual”, los involucrados “pergeñaron astutas maniobras directamente dirigidas a garantizar su impunidad, para lo cual no dudaron en valerse de personas en situación de vulnerabilidad, quienes en el contexto de lo planeado serían quienes se encontraban llamados a asumir la responsabilidad penal”, sostuvo Amarante.

Los prestanombres. “Desde los 15 años me dedico a realizar tareas de pintura, albañilería y trabajos de mantenimiento en general. Hace como diez años era una de esas rachas de poco trabajo. Una de tantas personas a las que les he hecho trabajos de mantenimiento, me acuerdo bien que era una contadora, me llamó para decirme que no tenía trabajos de pintura para ofrecerme pero que podía darme una mano apareciendo como empleado de una empresa que tenía que sumar personal. Me dijo que era solo por un tiempo y que a cambio me pagarían unos pesos por mes y me abonarían las cargas sociales. Esto último fue lo que más me interesó porque como trabajo por mi cuenta, no tengo jubilación, ni obra social por lo que tener esos aportes me iba a ayudar. Me explicó que era firmar unos papeles y quizás ir alguna que otra vez a la oficina en el centro”, contó uno de los sobreseídos.

Fue hasta el Obelisco con su pareja, los llevaron a una oficina, dio copia de su DNI. Al mes le avisaron de un pago y después no supo más nada. Años después lo volvieron a llamar para decirle que tenían que darlos de baja. “Jamás supe de operaciones de compra o venta de dólares ni de facturas de fletes. Nunca pedí ninguna cuenta bancaria para mí o para una empresa. Sólo firme papeles que entendí que eran para ser empleado de una empresa... Me interesaba, más que nada, tener aportes jubilatorios y obra social”, acotó. Lo mismo dijo su ex mujer, empleada doméstica por horas y en negro. “Jamás firmé ningún papel, al menos no lo recuerdo, ni concurrí a ningún banco, como tampoco hice ningún tipo de trámite…”. Ahí se enteraron que figuraban como los responsables de empresas que movieron cifras millonarias con operaciones de fletes marítimos.

La investigación estableció que se simularon 53 operaciones de comercio exterior y los beneficiarios de las transferencias fueron empresas radicadas en Estados Unidos y en la República Popular China por la suma de U$S 64.905.237,62. El juez no pudo acreditar quiénes fueron “los verdaderos beneficiarios del exterior respecto de las cuales a la fecha no se obtuvieron resultados” pero señaló que dos de los implicados tienen cuentas en el interior e “intereses económicos que permiten suponer que ellos podrían haber sido algunos de los beneficiarios de las transferencias detalladas”.

Amarante procesó a Pablo Alejandro Asensio, Alejandro Javier Sied, Ángel Gustavo Adolfo Demolli, Ángel Antonio Di Laura y Marisa Susana Rojas, mientras que decretó una falta de mérito, dos sobreseimientos (el del albañil y su ex mujer) y la extinción de la acción penal para tres de los investigados: también figuraban a cargo de las empresas y fallecieron en el curso del proceso. En su resolución, el juez dispuso avanzar con más indagatorias y analizar por qué las entidades bancarias involucradas no advirtieron sospechas.

Descargo, puertas secretas y papeles claves. En su oportunidad Asensio negó las acusaciones y solicitó su sobreseimiento. Allí se describió como “un empresario que, con mucho esfuerzo y especial apego a la ley, ha desarrollado diversos emprendimientos apostando al país y obteniendo reconocimiento internacional” y reseñó sus antecedentes laborales “Para 1989 había ingresado a trabajar en Agromadera S.A., una empresa del Grupo Macri, del cual tengo una gran relación por ser amigos de la juventud en Tandil (…) Al cabo de los años, fui ascendiendo en la estructura y logrando ser el Responsable de Comercio Internacional, haciendo todo el trabajo necesario para la exportación de buques completos con madera de pino para construcción y madera de eucaliptos para la fabricación de pulpa de papel”.

Más tarde se independizó y entre 2003 y 2009 se dedicó a la actividad agrícola y ganadera. Recién ahí entró al mercado financiero. “Mi evolución patrimonial ha sido únicamente fruto del esfuerzo puesto en el desarrollo empresarial realizado”, sostuvo para rechazar las acusaciones en esta causa. Y añadió: “Tomé conocimiento de la radicación de esta causa con los sorpresivos allanamientos que fueron realizados en mi oficina y mi casa”.

Sin embargo, según la resolución, los investigados estaban al tanto de la causa cuando aún el caso estaba en pañales. Un detalle llamó la atención: al momento del allanamiento al domicilio, a Asencio se le encontró en la billetera un papel que decía “Ley Juez Amarante Art. 303 y 304 Denunciante Procelac Juz Penal Económico #5 Secretaría 9″.

¿Por qué el dato llamó la atención? Porque esto fue en noviembre de 2019 cuando la causa estaba bajo secreto de sumario. Asencio recién se presentó en el expediente días después. “Tomé conocimiento de la radicación de esta causa con los sorpresivos allanamientos que fueron realizados en mi oficina y mi casa”, dijo Asencio en la causa “cuando en realidad el día del allanamiento tenía en su poder la información precisa de la causa, juzgado interviniente, personas investigadas y forma de iniciación sin que dicha información, claro está, la haya obtenido por canales formales y regulares a través del expediente”, escribió Amarante.

Para esa altura, el que se había presentado en la causa era Alejandro Javier Sied, su vecino de San Jorge Village, persona de confianza y amigo. “De manera inexplicable e intempestiva el 1° de octubre de 2019″, Sied llegó a la mesa de entradas del juzgado alegado que “había tomado conocimiento” de la existencia del sumario, precisó el juez en su resolución. La causa estaba bajo secreto y por lo tanto no pudo verla hasta mitad de diciembre. “Resulta evidente entonces, que tanto Sied como Asensio sabían desde antes de los allanamientos que estaban siendo investigados por este Juzgado y por el delito de lavado de activos de origen ilícito”, por fuera de “los cursos normales y legales de un expediente judicial”, señaló el fallo.

A los investigadores también les sorprendió cuando en las oficinas de Asensio en la calle Viamonte 308 encontraron una doble pared que albergaba voluminosa documentación. Eran papeles de la Asociación Mutual de Remiseros, ente por el cual Asensio se encuentra investigado penalmente, informó la resolución. Además, se detalló, la firma Abakon de Factoring y Servicios Financieros -presidida por Asensio- también fue investigada en el marco de la causa Fútbol para Todos.

“De lo expuesto se sigue que Asensio poseía una estructura oculta en su oficina, en la cual almacenaba información que podía resultar relevante a los fines de una investigación judicial que conocía y que se encontraba en trámite, evidenciando el desprecio del nombrado por la actividad jurisdiccional y su concreta capacidad de ocultar información y obstaculizar cualquier tipo de investigación”.

Tras las detenciones, las defensas apelaron y se ordenaron las excarcelaciones. Luego, el juez Amarante fue apartado del caso, a raíz de la presentación de uno de los implicados, Sied, que habló de “temor de parcialidad”. Los acusados también apelaron la resolución que ahora está bajo estudio de la Cámara en lo Penal Económico.

Fuente: Infobae